Submitted by Victor on
[18 de marzo de 2014] - Yuliana tiene 9 años. No habla, no camina, no controla esfínteres, convulsiona con frecuencia y depende enteramente de su mamá, Gladys Preciado, de 27 años, quien sobrevive a duras penas –son sus propias palabras– del rebusque.
Viven solas en una casalote ubicado en un sector muy pobre e inseguro de los cerros orientales de Bogotá, pero Yuliana, afectada por una parálisis cerebral desde su nacimiento, pasa mucho tiempo sola en una silla de ruedas, mientras Gladys sale a vender mercancía menudeada en los buses.
Es consciente de que por su vulnerabilidad y dependencia Yuliana corre un riesgo más alto que cualquier niña, ahora y en el futuro.
Le asusta que en semejante estado de indefensión alguien pueda dañar a su hija de algún modo, pero siente que no puede hacer nada. “Simplemente no tengo cómo pagarle a alguien para que la cuide”.
Por eso no pudo pasar por alto el fuerte debate que se generó en los últimos días tras conocerse que la Corte Constitucional habría avalado la posibilidad de que menores de edad afectados por una discapacidad mental permanente y severa puedan ser esterilizados. Y ella se ubica en la orilla de los padres de familia que solicitarían y autorizarían este procedimiento (que requeriría concepto médico y autorización judicial) en sus hijos.
Aun cuando todavía no se conoce el texto del fallo de la Corte y tampoco se han dado mayores precisiones al respecto, ha trascendido que en su pronunciamiento el tribunal ratificó la prohibición de practicar procedimientos quirúrgicos de anticoncepción en menores de edad (como lo dice la Ley 1412, del 2010), pero con dos excepciones: en casos de discapacidad mental severa y permanente y cuando un embarazo, por razones fisiológicas, ponga en riesgo la vida de una menor de edad.
Todo indica que los magistrados fundaron su decisión en el hecho de que niños y jóvenes con esta condición carecen del discernimiento para formular su consentimiento libre respecto a formar un hogar o no y la decisión de asumir la paternidad.
A Gladys le preocupa mucho el futuro de Yuliana, y frente a este tema no tiene dudas: “Si el sistema de salud le hace un procedimiento de estos, sin que su vida corra peligro, me quitaría una carga de encima. Si no tengo para mantener a una persona, mucho menos a dos”, recalca.
Alirio Galvis, papá de María Valeria, una niña de 6 años con síndrome de Down, está en la orilla opuesta. Considera que en casos como este “hay que darles la oportunidad a los hijos de opinar y decidir sobre su vida”. Se queja de que algunos médicos aconsejan a los padres esterilizar a los hijos sin tener en cuenta su consentimiento, “y muchos, desorientados y asustados, toman decisiones erróneas por los conceptos de los profesionales”.
Este episodio avivó una vieja discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que no es exclusiva del país, y no es para menos, pues involucra directamente las libertades de quienes no pueden decidir por sí mismos.
Para Andrea Parra, directora del Programa de Acción por la Igualdad y la inclusión Social (Paiis), de la Universidad de los Andes, se trata de un debate que, al menos en lo normativo, tendría que estar superado.
Recuerda que Colombia ratificó en el 2009 la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 12 dice que “los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida” y en el 23 señala que estos “tomarán medidas efectivas y pertinentes a fin de asegurar que las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás”.
Parra asegura que presentará el fallo de la Corte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de marzo.
“Nos concedió una audiencia sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en Colombia, y vamos a presentar este caso como una posible violación de los compromisos internacionales”.
Según ella, la esterilización en esta población podría convertirse en un factor de riesgo de violación, pues el agresor sabe que no habrá embarazo. “Oímos siempre que a las personas con discapacidad hay que esterilizarlas porque abusan sexualmente de ellas”.
En el país, enfatiza, los menores de edad con discapacidad tienen mínimo acceso a educación sexual y poca posibilidad de recibir servicios de salud sexual y reproductiva.
“Una persona, por más discapacidad que tenga, sabe qué quiere, que le gusta y qué le da miedo. La obligación de la sociedad es identificar los apoyos que requiere para expresar su voluntad y preferencias”, agrega.
Entre el 2009 y el 2012, según el Minsalud, hubo 505 esterilizaciones quirúrgicas en mujeres con discapacidad y 127 en hombres.
Betty Roncancio, directora de la Liga Colombiana de Autismo y madre de un joven de 16 años con autismo, dice que “muchos consideran que las personas con discapacidad no pueden tomar esta y otras decisiones. En lo personal, nunca haría eso con mi hijo”. Y agrega que permitir su esterilización es dar por hecho que estos jóvenes van a ser víctimas de abuso sexual.
A su juicio, las familias y sus hijos deben recibir del Estado información y orientación sobre los derechos sexuales y reproductivos.
Mónica Cortés, directora de Asdown, opina que permitir la práctica de vasectomías y ligaduras en menores de edad es una medida que evita embarazos y que podría incitar la actividad sexual e incluso al abuso.
Expertos como Pablo Arango, profesor del Departamento de Bioética de La Sabana, van más allá y califican esta posibilidad como una mutilación temprana. “La dignidad implica aceptar a la gente como es y brindarle la ayuda que requiere. Esterilizarlos atenta contra la persona. Es una solución fácil para desentenderse del enfermo”.
Monseñor Juan Vicente Córdoba, exsecretario de la Conferencia Episcopal, opina que el problema no está en que estos niños y jóvenes sean padres después de un acceso carnal, “éste radica en que hay que cuidarlos muy bien para evitar que abusen de ellos”, señala.
¿Qué dicen los médicos?
Los psiquiatras son los llamados a enfrentar, desde el punto de vista médico, las dificultades de comportamiento que suponen un déficit cognitivo.
La psiquiatra infantil Yezmin Abrajim considera que si muchos de estos menores de edad no tienen la capacidad de cuidar de sí mismos, mucho menos podrán cuidar y proteger a un tercero. E insiste en que es necesario analizar el pronunciamiento de la Corte dentro de este contexto
Olga Albornoz, psiquiatra infantil, opina que es importante pensar en el futuro del niño; en otras palabras, poner a la sociedad a reflexionar qué pensaría el mundo al permitir la existencia de unos padres que no tienen una edad mental superior a los 10 años.
“La paternidad y la maternidad involucran el concepto de crianza, el cual requiere de madurez mental, independencia social y económica y de unos valores para transferir que no se tendrían jamás en un individuo con una limitación mental grave. Traer niños en esta condición es la forma directa de volver a los abuelos nuevamente padres”, dice Albornoz.
La psicóloga clínica Patricia Gaviria, directora de la Fundación Integrar, enfatiza en que el alto tribunal parece preocuparse más por la fertilidad que por el abuso. “Cabe recordar que cualquier persona con discapacidad mental severa que tenga una relación sexual se configura como abuso sexual. En lugar de pensar solo en esterilización, hay que buscar formas de proteger a estos niños y jóvenes para que no los maltraten”.
¿Qué es una discapacidad permanente?
Es una limitación cerebral para cumplir con funciones que determinan voluntad, razonamiento, lógica y lenguaje para una óptima relación con el entorno, al punto de limitar la autonomía de quien la padece.
El término permanente está sustentado sobre la certeza de que la persona no va a mejorar y que, por el contrario, en ocasiones, puede profundizarse.
No todas las discapacidades mentales permanentes tienen el mismo grado de disfunción, dado que algunas son más profundas que otras. Y mientras algunas personas tienen un buen nivel de funcionamiento en su cotidianidad, otras necesitan apoyos sustanciales para desenvolverse.
Según la psiquiatra infantil Olga Albornoz, “esta discapacidad mental puede ser causada por alteraciones congénitas, problemas intrauterinos o en el momento del nacimiento. Hay otras adquiridas por traumas craneoencefálicos, aneurismas e infecciones del sistema nervioso central, que pueden causar trastornos mentales en los niños y jóvenes”.
Incluso, procesos tumorales, enfermedades degenerativas y procesos tóxicos también las pueden producir.
“Hay discapacidad cognitiva de tipo profundo, severo, moderado y leve”, agrega. En el primer caso, son personas que no desarrollan una edad mental mayor a los cuatro meses de edad; en el tipo severo, llegan a desarrollar una edad mental de dos o tres años; en el moderado, de 8 a 9 años y en el leve, de un niño de 10 u 11 años.