CRINMAIL EN ESPAÑOL - Índice de Resumen 88

29 octubre 2008 - CRINMAIL EN ESPAÑOL - Índice de Resumen 88

 

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**RESUMEN DE NOTICIAS**

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Sus contribuciones son bienvenidas si está trabajando usted en el área de los derechos de la niñez. Envíe sus contribuciones a [email protected].

Si usted no recibe este mensaje en formato HTML, no podrá ver algunos de los hyperlinks en el texto. Por lo tanto, hemos añadido el URL completo al final de cada ítem que se vincula a una página web donde se puede encontrar más información.

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REVISTA DE CRIN: El derecho de la niñez a la ciudad [publicación]

[LONDRES, 29 de octubre de 2008] - CRIN publicó hoy su informe “El derecho de la niñez a la ciudad”.

En el año 2008, por primera vez en la historia, más de la mitad de la población del mundo vive en pueblos o ciudades. Nuevas ciudades surgen en todo el planeta, desde América Latina, África y el sur de Asia, hasta el epicentro del crecimiento urbano en China. El rostro de estos nuevos paisajes urbanos es cada vez más joven: según Naciones Unidas, en el año 2025, 60% de los niños y niñas de los países en desarrollo vivirán en las ciudades.

Las ciudades, sin embargo, luchan por lidiar con el número de personas que se sienten atraídas por la promesa de trabajo, mejores perspectivas, el estilo de vida urbano, o la necesidad de escapar del conflicto, la pobreza rural o la destrucción del medio ambiente. Diariamente 180,000 personas más llegan a las zonas urbanas desde el campo para sumarse al crecimiento natural de la población ya existente. Como resultado, los servicios básicos para la niñez están sobrecargados o son inexistentes, la contaminación del aire u otras formas de daños ambientales amenazan su salud y, con frecuencia, son muy vulnerables a la explotación y la violencia.

En las próximas dos décadas la mayor parte del crecimiento urbano en el mundo – 95% – lo absorberán las ciudades de los países en desarrollo.*

¿Cuál es el precio que niños y niñas pagan por esta rápida tasa de crecimiento urbano? ¿Qué podemos aprender de la experiencia del mundo urbanizado sobre cumplir los derechos de la niñez en las ciudades? Y, fundamentalmente, ¿qué oportunidades ofrece esta “segunda ola” de crecimiento urbano para proteger y convertir en realidad los derechos de la niñez?

Esta edición de la Revista de CRIN explora el impacto de la urbanización, del crecimiento y el tamaño de las ciudades en los derechos de la niñez. Las ciudades pueden ser centros de riesgos para niños y niñas, donde barrios marginales que aparecen por diferentes lugares, con servicios inadecuados, se tragan los espacios para la recreación; donde la segregación y la violencia son habituales, y donde millones de niños y niñas que trabajan o viven en las calles llevan a duras penas una existencia precaria. Sin embargo, también pueden ser fuerzas positivas, que muchos padres y madres de familia ven como los lugares que darán a sus hijos mejores oportunidades y calidad de la vida. Facilitar el acceso a la información significa que los niños y niñas pueden aprender de mejor manera cuáles son sus derechos si les es fácil contar con servicios públicos básicos y el apoyo que necesitan. El alto número de niños y niñas que se concentra en una zona urbana también puede facilitar que encuentren formas de organizarse y demandar sus derechos a tener servicios, a participar en la toma de decisiones, y a una vida libre de violencia.

“El derecho de la niñez a la ciudad” presenta un análisis sobre los desafíos para los derechos de niños, niñas y jóvenes en algunas de las ciudades más grandes del mundo. Recopila artículos sobre formas creativas de trabajar, lecciones aprendidas, herramientas prácticas, hojas informativas y estudios de caso para promover los derechos de la niñez en el contexto urbano.

Explorando asuntos relacionados a los derechos de la niñez, como violencia, diversidad, participación y pobreza a través del lente de la urbanización, la Revista presenta otra forma de pensar en los derechos de la niñez en general y resalta la necesidad de prever la manera en la que los procesos globales como la urbanización afectarán los derechos de la niñez a nivel local.

Comenzamos con un tema de actualidad: las Olimpiadas de Beijing. Deanna Fowler y Mayra Gomez documentan las violaciones del gobierno chino al derecho de la niñez a la vivienda durante los preparativos de los Juegos, y llaman a los organizadores de estos eventos internacionales a cumplir su obligación de proteger los derechos humanos y a no permanecer como espectadores.

También tema reciente de los titulares, la crisis global del precio de los alimentos ha desencadenado protestas en muchas ciudades. Aunque el alza afecta a las personas de diferentes maneras, Michael O’Donnell explica porqué está afectando a los niños y niñas de las ciudades en particular, y reflexiona sobre la necesidad de que la respuesta humanitaria se adapte a los tiempos para controlar la crisis.

Mientras tanto, una crisis global se desarrolla sigilosa: los accidentes de tránsito son ahora la principal causa de muerte de niños, niñas y jóvenes entre 10 y 19 años de edad en todo el mundo. Existen formas de detener esta tendencia, afirman Tamitza Toroyan y Margie Peden, pero debemos invertir en recursos y tiempo para pensar de modo diferente.

En los últimos tiempos, las “ciudades amigas de la ecología” – donde los vehículos y la contaminación son marginados, y las personas y el medio ambiente natural pasan a ser el centro de la atención se han puesto de moda en los gobiernos locales y nacionales – pero, ¿qué son las ciudades amigas de la niñez? Francesca Moneti explica cómo un número creciente de ciudades se han unido a un movimiento que convierte a la niñez en el centro de atención de su ciudad, y presenta una lista de verificación de buenas prácticas.

En su artículo sobre el sur de África, Christopher Bjornestad sostiene que los niños y niñas migrantes no acompañados muchas veces enfrentan mayores riesgos en los pueblos pequeños que en las grandes ciudades. Los niños y niñas desplazados comparten muchos de estos peligros. Una investigación reciente de la Comisión de Mujeres para Mujeres y Niños Refugiados analiza los pros y contras para niños, niñas y jóvenes con discapacidad entre vivir en un campamento para refugiados o dispersos en las zonas urbanas.

En los países ricos, el proceso de urbanización sucedió mucho tiempo atrás, pero muchos desafíos para los derechos de la niñez aún persisten. En los pueblos de Noruega, grupos de jóvenes tomaron en sus propias manos los derechos de la niñez con discapacidad cuando calificaron tiendas y restaurantes en base a su accesibilidad.  La calificación molestó a algunas personas, pero los gerentes se vieron obligados a escuchar y a realizar cambios permanentes, explica Mari Sognnæs Andresen.

Alex Gask y Charlotte Stetzel revelan los niveles de discriminación que enfrentan los niños, niñas y jóvenes en Gran Bretaña, donde reunirse con un grupo de amigos puede ser un delito penal. Satya Panigrahi, uno de los alcaldes juveniles de Londres, relata una inspiradora historia sobre la forma en que los jóvenes se pueden involucrar en la política local, desterrar las percepciones negativas sobre los jóvenes, y comenzar sus propios proyectos comunitarios.

Las jornadas interminables comienzan a muy corta edad para los niños y niñas en las ciudades japonesas, con la presión de estudiar día y noche para satisfacer las expectativas de sus padres y de la sociedad.

Noriko Kajiki explica cómo esta forma de vida afecta el tiempo para la recreación y la felicidad. Japón alberga la ciudad más populosa del mundo, pero la Franja de Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo con 3,117 personas por Km2 Atrapados por la ocupación militar israelí, sus habitantes viven en el equivalente de una prisión de concreto. Ahmed Abu Tawahina escribe sobre los efectos de vivir en estado de sitio para la salud mental de la niñez, y comparte su experiencia capacitando comunidades para mitigar el daño.

En Brasil y Jamaica, las ciudades son conocidas por sus historias de violencia urbana, En su artículo sobre Sao Paulo, Paula Miraglia describe la manera en la que la segregación refuerza la exclusión y la violencia contra los jóvenes marginados.

Rose Robinson Hall, Horace Levy y Peta-Anne Baker reflexionan sobre los orígenes de la
violencia de los niños y jóvenes, y contra ellos, y lo que hacen ahora para restaurar una sociedad basada en los derechos y el respeto.

Finalmente, Sharmila Bhagat describe cómo niños, niñas y jóvenes en Delhi se han dedicado a escribir y a usar nuevas tecnologías para compartir sus experiencias locales con comunidades globales.

*UN Habitat, State of the World’s Cities 2006/07

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La Revista se puede descargar en: http://www.crin.org/docs/Spanish_Final.pdf

Ejemplares impresos de la Revista, serán enviados a los miembros de CRIN en las próximas semanas.

Si desea más información, puede contactar a CRIN: [email protected]

Información adicional

Ir a: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18818

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EJECUCIONES DE MENORES DELINCUENTES: Estados de América Latina y el Caribe obstruyen esfuerzos de la ONU [noticia]

[NUEVA YORK, 28 de octubre de 2008] – Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben abandonar su oposición a los esfuerzos de las Naciones Unidas por acabar con las ejecuciones de menores delincuentes, declaró hoy Human Rights Watch. Diplomáticos ante la ONU en Nueva York están debatiendo en torno a la pena de muerte para estos menores como parte de las negociaciones de una resolución de la Asamblea General sobre los derechos de niñas y niños.

La semana pasada, el grupo de Estados latinoamericanos y caribeños rechazó una propuesta de la Unión Europea de llamar a la suspensión inmediata de todas las ejecuciones de delincuentes juveniles, a la espera de la abolición por medio de reforma legal, aunque ninguno de los países de la región ha llevado a cabo tales ejecuciones desde por lo menos 1990. El grupo también rechazó la propuesta de solicitarle al secretario general de la ONU que presente un informe sobre el cumplimiento de la prohibición absoluta de la pena de muerte juvenil, de conformidad con la legislación internacional.

“Es simplemente inexplicable que los Estados latinoamericanos y caribeños obstaculicen los esfuerzos por erradicar la ejecución de niños y niñas”, dijo Jo Becker, defensora de los derechos del niño de Human Rights Watch. “Ninguno de estos países ha ejecutado a menores delincuentes desde hace años. ¿Por qué, entonces, defenderían dicha práctica?”

Todas las naciones de América Latina y el Caribe son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe cualquier ejecución de personas por delitos que hayan cometido antes de cumplir los 18 años de edad.

Actualmente, sólo cinco países del mundo aplican ejecuciones por tales crímenes. Sin embargo, la cantidad de éstas casi se ha triplicado en los últimos cuatro años. Desde enero de 2005, Irán, Arabia Saudita, Sudán, Pakistán y Yemen han llevado a cabo 32 de esas ejecuciones y tienen a muchos más de 100 menores delincuentes en sus corredores de la muerte. Se sabe que entre 2001 y 2004 fueron ejecutados 12 delincuentes juveniles a nivel mundial.

“Aunque sólo cinco países continúan ejecutando a menores delincuentes, el reciente aumento de estas ejecuciones es sumamente preocupante”, dijo Becker. “Los Estados latinoamericanos y caribeños deberían unirse a otros para llamar a un fin inmediato de esta práctica barbárica”.

Desde enero de 2005, Irán es responsable de 26 de las 32 ejecuciones de menores delincuentes que se sabe tuvieron lugar a nivel mundial. Arabia Saudita y Sudán han ejecutado a dos delincuentes juveniles, mientras que Pakistán y Yemen ejecutaron a uno.

El 14 de octubre, fecha en que la Asamblea General de la ONU inició su debate anual sobre los derechos de niñas y niños, más de 300 organizaciones no gubernamentales (ONG) de 82 países instaron a la Asamblea General a actuar urgentemente para poner fin a las ejecuciones fundamentadas en delitos cometidos por niños y niñas. Entre las ONG que firmaron la declaración había grupos de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, Perú y la República Dominicana.

Las negociaciones en torno a la resolución sobre los derechos de niñas y niños continuarán esta semana en Nueva York. Se espera que la resolución sea adoptada en noviembre.

Si desea más información, puede contactar a:
Human Rights Watch
350 Fifth Avenue, 34th floor, Nueva York, NY 10118-3299, EE.UU
Tel: + 1 212 216 1837; Fax: + 1 212 736-1300
Email: [email protected]
Sitio web: http://www.hrw.org

Información adicional

Ir a: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18819

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COMISIÓN INTERAMERICANA: Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en los países del MERCOSUR [publicación]

El presente informe, que se presentó ante la Comisión Interamericana durante su 133º período de sesiones, ha sido realizado por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia (Argentina), la Associacao Nacional dos Centros de Defesa da Crianca e do Adolescente (ANCED – Brasil), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA – Paraguay) y el Comité de los Derechos del Niño (Uruguay).

Un desafío clave que se plantea para nuestros estados en un mundo globalizado como el actual es la construcción de una política pública que de respuesta a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal sobre la base de los fundamentos de la ética y el respeto de los derechos humanos, tratando de evitar que estas respuestas sean exclusivamente de política criminal.

Las contradicciones –y muchas veces consecuencias- generadas por los proyectos de desarrollo económico de los países, especialmente los situados en el hemisferio sur del planeta, conocidos como países en proceso de desarrollo, ha dado lugar a un constante debate acerca de la necesidad de construcción de nuevas directrices sobre el control social del delito y la necesidad de evitar la lógica política de la criminalización de la pobreza.

Las políticas públicas implementadas por nuestros estados en materia de infancia y adolescencia no estuvieron ausentes de esta lógica de control social, la cual se escondió bajo el ropaje de la Doctrina de la situación irregular.

La primera etapa en la búsqueda por construir una política criminal de control social del delito fundada en premisas éticas de los derechos humanos pasa por la innegociable ruptura de esta tendencia criminalizadora y de erigir sistemas que limiten y acoten por medio de garantías las permanentes tendencias a expandir los sistemas penales.

En este sentido, no estamos tratando desde una perspectiva axiológica de la delincuencia, sino más bien el entendimiento de que toda sociedad genera su cuota de conflictos, que son controlados por mecanismos diseñados e implementados por cada comunidad. Es con este telón de fondo que creemos que la delincuencia juvenil debe ser entendida, comprendida y controlada. En un breve análisis de la delincuencia juvenil en América Latina vemos una profundización en el proceso punitivo generado por la penalización de la pobreza.

Esto es así porque sabemos que la historia de la afirmación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes está marcada por elementos y valores como la caridad y la filantropía, además de la representación, en la que la familia y las instituciones de atención siempre hablan en nombre de los intereses de los niños y los jóvenes.

Después de la proclamación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, se rompe jurídicamente con la política de la justicia de menores basada en la lógica de la construcción punitiva de las políticas sociales por parte del estado, que se sostenía en proyecciones de corte peligrosista y etiológico a partir de las condiciones de vida material de los niños, las niñas y los adolescentes para la que era innecesario el respeto al principio de legalidad.

La Convención Internacional del Niño, establece un nuevo punto de referencia doctrinal sobre la base de los derechos humanos que en primer término limita la intervención punitiva a partir del desarrollo de un sistema de garantías que frena la discrecionalidad penalizadora sobre la infancia.

Este proceso de cambio de modelos de intervención se da entre lo que se denomina el paradigma tutelar de las viejas legislaciones tutelares y el nuevo marco de la protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En este contexto entre los instrumentos internacionales que apoyan este marco de protección de derechos, podemos mencionar: las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia (“Reglas de Beijing”) de 1985; las Reglas de Naciones Unidas para la “Protección de los Menores Privados de Libertad” de 1990; y las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (“Directrices de Riad”) de 1990 y la reciente Observación General Nº 10 sobre los derechos del niño en la justicia de menores, del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas .

Estos documentos internacionales, junto a la Convención Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, forman el núcleo de directrices para la construcción de una política de control de las infracciones basada en el respeto de los derechos humanos de los/as adolescentes privados de la libertad.

A su vez, el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos también ha contribuido a la elaboración de estándares mínimos de protección de dichos derechos en el tema que nos compete. Así podemos encontrar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha establecido en la OC 17, como así también en el caso “Instituto de Reeducación del Menor c/ Estado Paraguayo” conocido como “Panchito López”, en el punto resolutivo N° 11 de la Sentencia dictada el 2 de setiembre de 2004 en el que ordena la creación de una política pública para la atención adolescentes en conflicto con la ley.

Se hace imperioso que nuestros países avancen en lograr la vigencia efectiva de dichos instrumentos y estándares a los cuales se obligaron respetar para avanzar hacia un Estado de Derecho más sólido y con mayor integración social.

Sin embargo, estando en plena vigencia la CDN en América Latina, muchos países no traducen sus políticas en acciones concretas a través de la formulación de políticas públicas produciéndose así un distanciamiento entre lo que se formula en la ley y la realidad. En consecuencia los estándares emanados de la CDN no son implementados en la realidad cotidiana de las instituciones y por los operadores con responsabilidad en la materia, es decir el impacto retórico de la CDN no tiene correspondencia con la aplicación concreta de las políticas públicas de infancia que desarrollan nuestros países.

En ese sentido los derechos humanos no se conceptualizan como un límite al poder estatal coactivo y son débiles los mecanismos de protección de los derechos de un sector de la población extremamente vulnerable.

Podemos ver claramente que las privaciones de libertad siguen siendo las sanciones mas aplicadas a los niños, niñas y adolescentes, así como también procesos judiciales que siguen permeados por la cuestión de operadores que se visualizan como “buenos padres de familia” y diluyen el contradictorio en términos de convertir a los procesos en instrumentos funcionales al control adulto, e instituciones o centros de detención que están muy lejos de los postulados socioeducativos que deben primar en este tipo de sanciones y son verdaderas cárceles en donde el ocio por encierros compulsivos, los malos tratos, la tortura y las muertes siguen siendo parte del paisaje que las diferentes administraciones no han desterrado.

Noticias sobre el 133º período de sesiones de la Comisión Interamericana

Información adicional

Ir a: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18817

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COLOMBIA: Proteger derechos de 18.000 niños desplazados ordenó la Corte Constitucional [noticia]

Al fallar una acción de tutela, el tribunal determinó que existen graves deficiencias en la atención que está dando el Estado a los menores desarraigados y sus familias.

El alto tribunal encontró, después de analizar por meses la situación de los menores, incluso en audiencias públicas, que la respuesta del Gobierno "ha sido fragmentada y desorganizada, en la cual brilla por su ausencia un centro coordinador".

Una niña desplazada en Medellín, por ejemplo, le contó a la Corte Constitucional cómo pasaba sus días: "A veces no hay nada para comer y uno se queda dormido para no tener que sentir hambre".

Otros pequeños en la misma situación en Cartagena les enviaron a los magistrados escritos con algunas peticiones: "Quiero decirle que nos ayude así sea con una alimentación. Necesitamos libros, cuadernos, uniformes y comida porque nos vamos a morir de hambre, alimentos para los niños desnutridos". Otro dijo: "Si no es mucha molestia quiero que me regale ropa, alimento y vivienda. A mí me gusta la comida".

Los niños (mas de un millón) son el 54% de la población desplazada del país.

La decisión fue adoptada con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda y con la participación de los magistrados Rodrigo Escobar y Jaime Córdoba.

En general, la conclusión de la Corte es que desde que emitió una sentencia en el 2004, en la que estableció que el problema del desplazamiento se ha desbordado, el Estado no ha superado las graves dificultades que vive esa población. "El estado de cosas inconstitucional persiste en la actualidad, y conlleva la continuidad de la violación masiva, sistemática, profunda y persistente de los derechos fundamentales de millones de personas", señala la Corte.

'Atención es insuficiente'

El tribunal estableció las graves deficiencias por parte del Estado en la atención de los niños que son desarraigados con sus familias.

"La respuesta de las autoridades a la situación de niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamiento ha sido marcadamente insuficiente -considera la Corte-. Los esfuerzos han quedados cortos".

La Corte constató, además, que en muchas ocasiones "la respuesta ha sido tardía, carente de la asignación de recursos para menores desplazados".

El alto tribunal llama la atención de que actualmente los niños desplazados están en riesgo de ser víctimas de crímenes, de reclutamiento forzado por parte de grupos ilegales y de ser víctimas de minas antipersona y material bélico sin explotar.

De igual manera, de ser incorporados a ser víctimas de abuso sexual y de "soportar las estrategias de control social de los grupos armados ilegales que operan en amplias zonas del país".

Tras hacer el diagnóstico le ordenó a ministerios y entidades del Estado que elaboren, en un plazo máximo de seis meses, un programa que esté dedicado solamente para atender a niños en estado de desplazamiento, con apoyo de ONG y la comunidad internacional.

Le ordena especialmente a Acción Social y al ICBF que elaboren tres proyectos piloto para prevenir el reclutamiento de menores, las afectaciones por minas antipersona y combatir el control social que ejercen grupos en Medellín.

De igual manera se deben crear proyectos para la atención de niños desplazados en Cartagena, Arauca, Sincelejo, Quibdó, Tumaco, Buenaventura, Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Policarpa (Nariño), Florencia (Caquetá) y San José del Guaviare.

Viene protección a los indígenas

La Corte Constitucional prepara para las próximas semanas otras decisiones con las que se quiere ordenar a las entidades del Estado que protejan, de manera diferencial, a todos los desplazados.

Es por eso que vienen decisiones que beneficiarán a indígenas, afrocolombianos y desplazados que padecen alguna discapacidad. Como sucedió con los niños, estas comunidades han pasado por audiencias públicas que ha convocado el tribunal en el último año.

Hace dos meses, la Corte protegió a 600 mujeres desplazadas que no habían logrado protección del Estado. Muchas de ellas habían sido víctimas de violencia sexual, que las obligó a desplazarse.

En este momento, según fuentes del tribunal, entidades del Estado están terminando de proyectar 13 programas para atender a esta población, como lo ordenó la Corte.

[Fuente: eltiempo.com]

Información adicional

Ir a: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18723

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PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: Visitas realizadas por expertos de la ONU 


Estonia
Relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (21-26 de octubre de 2008)
Página web de CRIN sobre Estonia

Guatemala
Relator especial sobre la independencia de jueces y magistrados (enero 2009)
Página web de CRIN sobre Guatemala

Guatemala

Página web de CRIN sobre Guatemala

Latvia
Relator especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (27-31 de octubre de 2008)
Página web de CRIN sobre Latvia

Malta
Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria (enero de 2009)
Página web de CRIN sobre Malta

Si desea más información, puede contactar a:
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix, 1211 Ginebra 10, Suiza
Tel: + 41 22 917 9000; Fax: + 41 22 917 9016
Sitio web: http://www.unhchr.ch

Ir a: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18771

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**RESUMEN DE NOTICIAS**

Salud: Informe sobre la salud en el mundo 2008 (Organización Mundial de la Salud, octubre de 2008)
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18706&flag=report

Campaña Mano Roja: Un millón de manos rojas contra el abuso de menores en guerras (Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, 12 de febrero de 2009)
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18746&flag=event

Perú: Los hijos podrán optar – custodia compartida (El País, octubre de 2008)
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18732&flag=news

España: Retornos a cualquier precio (Human Rights Watch, octubre de 2008)
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18721&flag=report

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