15 marzo 2007 - CRINMAIL EN ESPAÑOL - Índice de Resumen 63
Número especial sobre América Latina
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- LA COMISIÓN INTERAMERICANA: Clausura del 127º período ordinario de sesiones
- EL SALVADOR: Políticas de seguridad violan derechos humanos de la niñez y la adolescencia
- PRIVADOS DE LIBERTAD: la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad en Argentina
- HONDURAS: El Estado debió rendir cuentas ante la CIDH
- URUGUAY/ VENEZUELA: Reformas legales contra el castigo físico
- ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: Niñez, identidad y ciudadanía en las Américas
- ARGENTINA: El Derecho a Vivir en Familia - acogimiento familiar y otras alternativas
**NOTICIAS EN BREVE**
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Sus contribuciones son bienvenidas si está trabajando usted en el área de los derechos de la niñez. Envíe sus contribuciones a [email protected].
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LA COMISIÓN INTERAMERICANA: Clausura del 127º período ordinario de sesiones
[WASHINGTON, 9 de marzo de 2007] - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) culminó el 9 de marzo su 127º período ordinario de sesiones. Durante la sesión, la CIDH realizó audiciencias sobre políticas públicas sobre adolescentes en conflicto con la ley en Brasil, la situación de derechos humanos en Nicaragua, ejecuciones extrajudiciales de niños y niñas en Honduras, derechos de niños y niñas privadas de libertad en Argentina, y políticas de seguridad y derechos humanos en El Salvador. Lista completa de audiencias
La CIDH aprobó en este período de sesiones su informe anual correspondiente a 2006, donde se realiza un análisis de los avances registrados en el año en materia de derechos humanos en la región, así como de los desafíos pendientes.
La CIDH realizará también este año otros dos períodos ordinarios de sesiones, uno entre el 16 y el 27 de julio y otro entre el 8 y el 19 de octubre, ambos en la sede de la CIDH en Washington, D.C.
Algunas de las audiencias se encuentran disponibles en el sitio web de la Organización de Estados Americanos, visite: http://www.cidh.org/Audiencias/Audios%20Audiencias%20127%20PS.htm
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EL SALVADOR: Políticas de seguridad violan derechos humanos de la niñez y la adolescencia
[7 de marzo de 2007] - La semana se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar como la implementación de las políticas de seguridad en El Salvador violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Las organizaciones que solicitaron la audiencia son: la Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Las organizaciones señalaron que la implementación de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura han provocado detenciones arbitrarias y masivas de jóvenes, a quienes se les ha violado sus derechos a la libertad personal y de asociación. En el tema de la criminalidad, el Estado ha sostenido que la población joven es la responsable de la mayoría de los delitos, lo cual ha sido desmentido por las cifras que presentaron las peticionarias. De acuerdo con datos proporcionados por 20 juzgados, durante el período de 2000 a 2006 se detuvieron más de 300 mil personas por actos delictivos, de las cuales sólo un 5,8 por ciento eran personas menores de edad.
Otra preocupación expresada en la audiencia fue que en la implementación de estas políticas de seguridad se ha utilizado al ejército para llevar a cabo labores que no le corresponden como patrullar conjuntamente con la Policía Civil. El mandato de las fuerzas armadas es la defensa nacional y no la seguridad pública.
En el tema carcelario se denuncio que las cárceles están sobrepobladas en un 100 por ciento, dado que existe una capacidad de 7.372 detenidos y actualmente se encuentran aproximadamente 14.600. Esto ha agudizado la crisis del sistema penitenciario.
Las soluciones que ha proporcionado el Estado salvadoreño para combatir la criminalidad lejos de brindar un tratamiento adecuado, encaminado a solucionar el fenómeno de las pandillas o “maras”, lo que hace es agudizar la situación, con la implementación de leyes inconstitucionales que distan mucho del respeto a las garantías procesales y que violan la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
El Estado por su parte dijo haber avanzado en el tema y aseveró tener una política pública integral al respecto. Sin embargo, esto no lo pudo comprobar con indicadores, ni datos estadísticos. Además el representante del Estado, Oscar Bonilla, reprochó la participación en la audiencia de la jueza, Doris Rivas, miembro de la Asociación Foro de Jueces Democráticos e Independientes. Las organizaciones peticionarias repudian las manifestaciones del representante estatal, ya que demuestran el irrespeto al derecho a la libertad de expresión y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en El Salvador.
CEJIL y la RIA solicitaron a la CIDH que se publique el informe sobre la situación de la niñez y adolescencia en El Salvador, a raíz de la visita del Relator sobre derechos de la Niñez, Paulo Sergio Pinheiro. Además se le pidió a la Comisión que exhortara al Estado salvadoreño a detener la implementación de leyes represivas que sean violatorias de derechos humanos.
Audio de la audiencia
Visite: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12769
Para más información, comuníquese con:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Victoria Amato, Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401 Apartado Postal 441-2010, Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: +1 202 319 3000; Fax: +1 202 319 3019
Email: [email protected] o [email protected]
Sitio web: http://www.cejil.org
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PRIVADOS DE LIBERTAD: La situación de los niños, niñas y adolescentes privados de su libertad en Argentina
[7 de marzo de 2007] - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno argentino que instrumente políticas para que no haya más niños, niñas y adolescentes privados de su libertad por razones asistenciales.
La CIDH le pidió al gobierno argentino que instrumente políticas públicas sociales tendientes a solucionar la situación de "menores privados de su libertad por cuestiones diferentes a las cuestiones penales", haciendo hincapié en distintos casos "donde resultaron muertos varios menores de edad" que estaban en comisarías. La resolución de la CIDH - que este año visitará el país para analizar el tema- se tomó luego de escuchar el informe de un colectivo de ONG que denunció que un informe oficial admite que "hay 19.579 personas menores privadas de su libertad" en la Argentina, de las cuales "el 87,1 por ciento" se encuentra en esa situación "por causas no penales". Esto significa que están "judicializados y separados de sus familias en razón de su situación social", en contra de lo que marcan las normas internacionales vigentes. Los representantes de las ONG resaltaron que el propio gobierno admite que los datos que hablan sobre 19.579 menores presos "distan bastante de ser una realidad", dado que se estima que la cifra llega "a 23.000 niños, niñas y adolescentes", según fuentes citadas ante la CIDH por los expositores.
En el informe (elaborado en conjunto por la Secretaría de Derechos Humanos y UNICEF) se dejó constancia de que "en 15 de las 24 provincias argentinas la cifra de chicos judicializados por cuestiones asistenciales supera el 60 por ciento, mientras que en ocho estados la proporción es mayor al 90 por ciento". Como ejemplo se citó lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, donde "el 93,4 por ciento de los menores está por causas no judiciales, lo que significa un total de 8291 chicos y chicas". Otra de las denuncias ante la CIDH tuvo relación con el hecho de que "desde 1997 hasta la actualidad la justicia de menores de la Argentina ha aplicado 14 sentencias de reclusión y prisión perpetua a adolescentes, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño".
La presentación ante la CIDH fue hecha por el Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, que reúne a ONG de todo el país que se juntaron en 2001 para hacer un informe sobre la situación de la infancia en la Argentina. Por el colectivo hablaron Nora Pulido, Gabriel Vitale y Darío Abdala, mientras que en representación del Estado hicieron su descargo los funcionarios Gabriel Lerner, Daniela Vetere y Rodolfo Mattarollo. En la audiencia realizada ayer en Washington, estuvieron el titular de la CIDH, Florentín Meléndez, y el comisionado por Colombia Freddy Gutiérrez Trejo.
El colectivo de ONG sostuvo, respecto de las privaciones de libertad "por causas penales", que el Estado "incumple tanto en lo legislativo -omite sancionar un nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, acorde a estándares internacionales- como en el diseño e implementación de políticas públicas respetuosas de los derechos de los niños y niñas". Sobre las privaciones de libertad "por causas asistenciales", se aseguró que "a pesar de que el Estado argentino sancionó la ley nacional 26.061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, existe una gran contradicción entre lo que establece esta norma y la política pública actual del Estado y las prácticas tutelares aún vigentes".
Los expositores del colectivo de ONG resaltaron que la ley 26.061 "prohíbe en forma terminante la privación de libertad por causas asistenciales". Se puso énfasis en la muerte de siete menores detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires, otros tres que fallecieron en Salta y otros dos que perdieron la vida en la comisaría 7ª de Corrientes. Gabriel Vitale, en nombre de las ONG, solicitó a la CIDH que le reclame al gobierno argentino "la construcción de un sistema efectivo en la recolección de información (sobre la situación de los menores) y que contemple la creación de un programa de cooperación entre el Estado nacional y la sociedad civil".
Sobre los puntos centrales, se requirió que "se eliminen las privaciones de la libertad por causas asistenciales o sociales" y que en todos los casos "se utilice la privación de la libertad como último ratio, como último recurso y, en su caso, que esas privaciones de la libertad sean en condiciones dignas". En representación del Gobierno, el subsecretario de Derechos Humanos, Rodolfo Mattarollo, alegó que superar "ese tipo de paradigma atrasado y realmente distante de lo que es la concepción de los derechos humanos" demanda "esfuerzos y una concertación sin duda creciente entre el Estado y la sociedad civil". En ese sentido, estimó que "las propuestas que se hicieron en materia de programas de cooperación permanente entre el Estado y la sociedad civil deberán ser examinados, pero, sin duda, parecen propuestas constructivas".
El titular de la CIDH instó al Estado argentino a que escuche "los distintos puntos de vista y las propuestas planteadas para crear condiciones dignas y humanas en los centros de privación de libertad de niñas y niños". Florentín Meléndez anunció que este año la CIDH visitará la Argentina "para darle seguimiento a la situación de menores y adultos privados de su libertad".
Visite: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12758
Fuente: Página/12
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HONDURAS: El Estado debió rendir cuentas ante la CIDH
[2 de marzo de 2007] - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostuvo audiencias durante su 127a sesión para examinar violaciones de derechos humanos en Honduras.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras (COFADEH) expusieron las implicaciones negativas para los derechos humanos que tienen las medidas de seguridad pública implementadas por el gobierno.
Ambas organizaciones señalaron que el Estado realizó reformas legales que han fomentado detenciones arbitrarias, torturas y allanamientos ilegales. Además, afectan el derecho a la asociación y a la libertad de expresión.
Otro aspecto de preocupación para los peticionarios es la incorporación del ejército en labores que no le competen, como la seguridad pública. Esto significa un retroceso en el proceso de desmilitarización del país. Las organizaciones denunciaron que el Estado autorizó a guardias de seguridad privados a realizar labores de seguridad pública, delegando así en personas particulares su responsabilidad y otorgándoles una autoridad que no les corresponde.
Durante la audiencia, las organizaciones le solicitaron al Estado que hiciera públicos los proyectos de Ley relativos a la reforma de la Ley Orgánica de Policía y que no se someta a discusión mientras las organizaciones de la sociedad civil no participen en la elaboración de la misma. Los representes estatales se comprometieron a hacer públicos los textos de las reformas, a través de la CIDH.
Posteriormente, en horas de la tarde, CEJIL en conjunto con Casa Alianza Honduras, presentó argumentos legales sobre las violaciones de derechos humanos que sufrieron los niños Oscar Daniel Medina y José Luis Hernández, de 15 y 14 años, respectivamente. En 1998, ambos fueron secuestrados, luego torturados y finalmente ejecutados por agentes estatales. Las muertes se dieron en un contexto de violencia que victimiza a la niñez en riesgo social. Después de 9 años este caso permanece en total impunidad.
El Estado hondureño no negó los hechos, por el contrario, se comprometió a investigar y sancionar a aquellos funcionarios judiciales que hubieran cometido irregularidades en este caso. Además, el gobierno propuso en la audiencia iniciar un proceso de solución amistosa. Esta posibilidad será estudiada por los peticionarios y los familiares de las víctimas, quienes valoraran la propuesta, siempre y cuando esta se ejecute en el plazo de un año. La CIDH solicitó que se le informe dentro del término de un mes sobre los avances en la negociación.
Las organizaciones esperan que el Estado hondureño honre sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos y cumpla lo prometido ante la Comisión Interamericana.
Visite: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12698
Fuente: CEJIL
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ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS: Niñez, identidad y ciudadanía en las Américas [evento]
[9 de marzo de 2007]- El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, llamó la semana pasada a la cooperación internacional para avanzar en proyectos que permitan que cada ciudadano, desde que nace, “tenga un rostro y una identidad que lo defienda”, al inaugurar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA sobre “La niñez, identidad y ciudadanía en las Américas”.
El Secretario General aseguró que la indocumentación, además de ser un obstáculo en la vida de millones de habitantes del hemisferio, es un tema vinculado a la protección de la niñez, y afirmó que “la falta de identidad pone a los niños, desde que nacen, en condiciones que limitan su capacidad para ejercer una ciudadanía plena”. La falta de un registro de nacimiento adecuado “restringe a las personas, en su acceso a la justicia, a la educación, a la salud, y los vuelve más vulnerables y expuestos al desempleo, la exclusión, la adopción ilegal y la explotación sexual”, dijo Insulza ante un panel de expertos del hemisferio.
Más adelante anotó que la institucionalización de registros civiles oportunos y adecuados en todas las Américas, es un tema central en el cual la OEA incide de manera activa. “Estamos desarrollando un proyecto importante de identidad que esperamos iniciar pronto en varios países del hemisferio”, adelantó el Secretario General. Recordó que en Haití se hizo la primera experiencia con el proceso de inscripción electoral en que alrededor de 3,5 millones de haitianos quedaron registrados de manera permanente en un servicio de registro civil. “Esperamos que no solamente se mantenga sino que alcance a toda la población. Estamos en un punto muy avanzado para lanzar un proyecto similar en varios países del Caribe”, sostuvo, e hizo alusión a una iniciativa en el Paraguay, donde se han inscrito ya varios cientos de miles de personas.
Insulza enfatizó que el propósito de introducir el tema del registro universal en la agenda de la OEA hace unos meses, “es convertirlo en un aspecto muy sustantivo de acción de nuestra participación social en las Américas”. Muchos de los países ya tienen un buen registro civil y son ellos los que más pueden cooperar con otros países que no lo tienen, indicó.
El Secretario General mencionó el caso de las mujeres víctimas de la violencia, que por no tener identidad no pueden acudir a la justicia “porque no son nadie”, refiriéndose al informe sobre este tema presentado recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Este problema ocurre en varios sectores de nuestra sociedad porque la falta de registro muchas veces está ligada con la desigualdad y la pobreza”, dijo. Indicó también que “los más pobres de los pobres” no tienen acceso a los beneficios porque carecen de identidad, añadiendo que este problema “afecta, de acuerdo a nuestros datos, a cerca de un 15 por ciento de la población de las Américas, y sigue creciendo”.
La sesión del Consejo Permanente, presidida por la Embajadora María del Luján Flores del Uruguay, tiene el fin de crear conciencia en los Estados sobre las dimensiones del problema, las vinculaciones del derecho a la identidad con la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo, así como las futuras repercusiones que implica la falta de un registro de nacimiento para un individuo. La reunión de analistas ha sido coordinada con el Departamento de Promoción de la Gobernabilidad de la OEA.
Insulza valoró el memorando de entendimiento suscrito hace unos meses entre la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la UNICEF para llevar adelante un proyecto conjunto en materia de identidad en las Américas. Señaló que espera que se continúe la cooperación tanto para hacer conocer la necesidad de garantizar este derecho, como para prestarles a los países la cooperación necesaria para que tengan sistemas de identidad mucho más completos que los actuales, permitiendo así que otros temas relacionados con la protección de la niñez tengan una base efectiva.
Al dar la bienvenida a los expertos provenientes de diferentes organizaciones internacionales, la Embajadora Flores se refirió los instrumentos jurídicos que proporcionan una protección especial a la niñez, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Dijo que el primer de éstos que recogió de manera expresa el derecho a la identidad fue la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Naciones Unidas, que entró en vigor en 1990. Informó que el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN) elaboró un Plan Estratégico 2005-2008 a fin de contribuir a la promoción y protección de sus derechos y al mejoramiento de su calidad de vida con un enfoque familiar y comunitario.
Entre los panelistas figuran John Biehl, Director Interino del IIN; Paulo Sergio Pinheiro, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Mark Steinbeck, del Comité Internacional de la Cruz Roja; Nils Kastberg, de la UNICEF; Carlos Anaya Moreno, del Consejo Latinoamericano de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales (CLARCIEV); y Jacqueline Mazza, del BID.
La presidenta del Consejo Permanente ofreció un saludo a la recién designada Directora General del IIN, María de los Dolores Aguilar Marmolejo, quien asumirá al cargo a partir del 15 de abril. Este miércoles, durante una sesión ordinaria del Consejo Permanente, los Estados miembros recibieron el informe anual de las actividades del IIN en 2006, que resume las actividades de este organismo interamericano, que tiene sede en Montevideo, Uruguay. En el reporte se destaca el ofrecimiento del gobierno de la República Dominicana de abrir una subsede regional para atender a las áreas de América Central y el Caribe, y se recomienda concretar la colaboración formal del IIN con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Visite: http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?id=12808
Mayor información sobre el evento
[fuente: Organización de los Estados Americanos]
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URUGUAY/ VENEZUELA: Reformas legals contra el castigo físico
[10 de marzo de 2007] - La prohibición legal del castigo físico y humillante hacia los niños, niñas y adolescentes es casi un hecho en dos países sudamericanos. Venezuela y Uruguay se encuentran a punto de aprobar sendas legislaciones durante el actual periodo de sesiones de sus respectivos congresos.
En Venezuela, la aprobación del artículo sobre el buen trato por parte de la Asamblea Nacional para la actual Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA) es un hecho y no existe posibilidad alguna de que sea modificado.
La LOPNA se encuentra actualmente en proceso de reforma, situación que fue aprovechada oportunamente por el Cecodap para consignar una propuesta de artículo, denominado “Derecho al Buen Trato”, ante la Comisión de Familia, Mujer y Juventud y la Subcomisión de niños, niñas y adolescentes de la Asamblea Nacional. El artículo en mención cuenta con la aprobación de la Asamblea Nacional.
Al finalizar la discusión de todos los demás artículos de la LOPNA en el actual proceso legislativo, vendrá la ratificación por parte del Poder Ejecutivo. Este proceso podría durar seis ó cuatro meses.
De otro lado, el Proyecto de Ley para la abolición del castigo físico en Uruguay se encuentra listo para ser analizado y discutido en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado.
El Programa Arcoiris viene trabajando con los medios de comunicación y planea realizar un coloquio en mayo sobre este tema, procurando el debate político e ideológico para “combatir la resistencia silenciosa”.
Afortunadamente, el Proyecto de Ley cuenta con el apoyo de la bancada de Senadores del partido de gobierno (Frente Amplio) y cuenta con el respaldo del mismo Estado uruguayo, que se ha manifestado a favor de implementar las recomendaciones del Estudio de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños, Niñas y Adolescentes.
Visite: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12791&flag=news
Fuente: Save the Children Suecia - Programa Regional para América Latina
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ARGENTINA: El Derecho a Vivir en Familia - acogimiento familiar y otras alternativas
Fecha: 17 - 19 de mayo de 2007
Lugar: Buenos Aires, Argentina
La Red RELAF de IFCO, junto con CEPES y GAFA, desea reunir a todos aquéllos involucrados en el desarrollo del acogimiento familiar en América Latina en un evento sin precedentes. El Seminario de IFCO/RELAF reunirá a personas e instituciones gubernamentales y no gubernamentales comprometidas con la defensa del derecho a la convivencia familiar y comunitaria de América Latina, a fin de compartir y aprender juntos dentro de un vasto programa de sesiones plenarias y espacios para el debate. Todos aquéllos interesados en el desarrollo del acogimiento familiar en América Latina son bienvenidos.
Ejes temáticos del seminario:
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Políticas y Programas en Latinoamérica dirigidos a Familias en estado de vulnerabilidad.
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Programas especializados en la Protección de Derechos.
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Enfoques jurídicos, sanitarios, sociales y educativos en los diversos contextos culturales.
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Realidades institucionales públicas y privadas para Niños, Niñas y Adolescentes carentes de cuidado parental.
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Ética y prácticas profesionales en atención a la Familia vulnerable: Derechos y obligaciones.
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El Niño como sujeto de Derecho ante Familias disfuncionales.
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Redes comunitarias, su construcción e intervención frente a Familias en riesgo.
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Acogimiento Familiar como alternativa al cumplimiento del "Derecho a Vivir en Familia".
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Prácticas de fortalecimiento familiar.
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El Acogimiento Familiar en la legislación latinoamericana y mundial.
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Abordaje interdisciplinario en el Acogimiento Familiar.
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La sociedad post-neoliberal: el Acogimiento Familiar como recuperación de redes sociales.
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Familia Acogedora: detección, convocatoria, perfil, selección, evaluación, capacitación, etc. Vínculos con la Familia de Origen.
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Niños, Niñas y Adolescentes, su desistitucionalización a la luz del nuevo paradigma de Protección de Derechos.
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Operadores y técnicos, redefinición del rol a la luz de las legislaciones actuales.
Adopción nacional, otra alternativa.
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Testimonios de experiencias frente a la vivencia de carencia de cuidados parentales.
Se prevé el testimonio de quienes han pasado por "internaciones", de Familias Biológicas que pudieron transitar la experiencia de que sus hijos estuvieran en Familias Acogedoras, de Familias Acogedoras, etc.
La preocupación creciente por los niños y niñas privadas del cuidado de sus padres, nos compromete en la búsqueda de alternativas que se encuadren en la garantía de derechos. En Argentina, la presentación reciente del informe de Privados de Libertad, realizado por la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y UNICEF, visibilizó la situación de miles de niños institucionalizados en el territorio del país. En consecuencia, la necesidad apremiante de iniciar un proceso de des-internación y el ofrecimiento de alternativas para su protección y cuidado. En Latinoamérica, el desarrollo de alternativas familiares en toda la región desde la década de 1980, y especialmente en estos últimos años, es también muestra de esta búsqueda de alternativas. La actual elaboración, a nivel mundial, de las Directrices de Naciones Unidas para los Niños Privados del Cuidado de sus Padres, pone de manifiesto la necesidad de comenzar a tomar el tema como política pública según lo dicta la Convención, a fin de restaurar derechos vulnerados a todos los niños, niñas y adolescentes.
La fecha límite para el envío de ponencias es el 20 de abril
Visite: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12804&flag=event
Para más información, comuníquese con:
Fundación Cepes
14 de Julio 1954, CP 7600 Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel: + 54 (0) 223 4930341; Fax: + 54 (0) 223 4757177
Email [email protected]
Sitio web: http://relaf.ifco.info/mardel/index.html
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**NOTICIAS EN BREVE**
Mexico: Informe Global de Monitoreo en contra de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ECPAT, marzo de 2007)
http://www.crin.org/docs/ECPAT_Monitoreo.pdf
Primera infancia: Realización de los derechos del niño (Bernard van Leer Foundation, March 2007)
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=12662&flag=report
CRIN: Nueva función en español en el sitio web de CRIN - ya es posible buscar nuestro base de datos de eventos, noticias y informes por país y tema en español
http://www.crin.org/espanol/search.asp
CRINMAIL: El próximo número en español se enfocará en los derechos de la niñez en el Consejo de Derechos Humanos
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