Asociación de Naciones del Sudeste Asiático

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) fue fundada como un órgano político que lucha por promover la cooperación regional en temas políticos y económicos en el Sudeste Asiático.

La Carta de la ASEAN, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2008, codifica las normas, leyes y valores de la ASEAN, además de crear un marco legal para las instituciones de la organización. Los propósitos fundacionales de la Carta incluyen la promoción y protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Asimismo, el Artículo 14 enuncia que la ASEAN establecerá un órgano de derechos humanos en conformidad con los términos de referencia establecidos en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN.

En la actualidad, la ASEAN está formada por diez miembros: Estado de Brunéi Darussalam, Camboya, Indonesia, RDP Lao, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN (CIDH)

La ASEAN inauguró su Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos en octubre de 2009. La organización cuenta con 10 Comisarios, uno por cada Estado miembro, y sus propósitos son “promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos de la ASEAN ", así como “apoyar el derecho de los pueblos a vivir en paz, dignidad y prosperidad ". Entre las obligaciones de la CIDH se encuentra la tarea de elaborar una Declaración de Derechos Humanos que, una vez terminada, proporcionará una hoja de ruta para el desarrollo regional de dichos derechos.

Las organizaciones de derechos humanos de la región han declarado que la obligación que tiene la Comisión de “promover los derechos humanos en el contexto regional, teniendo en cuenta las particularidades regionales y nacionales y el respeto mutuo por los diferentes antecedentes históricos, culturales y religiosos” es débil. Esto se debe principalmente al hecho de que uno de sus miembros, Myanmar, ha sido criticado reiteradamente por ser uno de los mayores violadores de los derechos humanos del mundo. Este organismo no tiene la capacidad de implicar a las personas o países que han cometido abusos.

La Comisión también ha sido criticada por falta de transparencia, ya que ocho de sus comisarios han sido designados por sus respectivos gobiernos. Puede leer más al respecto en Esconderse detrás de los límites: Un informe de ejecución del primer año de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN y Hacia un mecanismo de Derechos Humanos de la ASEAN: Un documento conceptual (ambos disponibles sólo en inglés).

Comisión de la ASEAN sobre la Promoción y Protección de los Derechos de las Mujeres y Niños (ACWC, por sus siglas en inglés)

En la decimocuarta Cumbre de la ASEAN, que tuvo lugar entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2009, los dirigentes de la ASEAN adoptaron la Declaración de Cha-am Hua Hin sobre la Hoja de Ruta para la creación de la Comunidad de la ASEAN (2009-2015). Esta enfatiza la necesidad de fundar un órgano específico para promover y proteger los derechos de las mujeres y los niños.

La Comisión de Mujeres y Niños se inauguró en abril de 2010 con la tarea de promover y proteger sus derechos, desarrollar una capacidad judicial y administrativa y promocionar la recopilación de datos y la investigación. La Comisión celebró su primera reunión en febrero de 2011 y desde entonces ha desarrollado un plan de trabajo de cinco años, estableciendo sus prioridades, entre las que están la violencia y la trata de mujeres y niños, las mujeres y niños afectados por el VIH y el SIDA y la protección de los derechos de las mujeres y niños con discapacidad.

Cada Estado miembro designa a dos Comisarios, uno para las mujeres y otro para los niños. Estos son nombrados por un periodo de tres años y pueden ser reelegidos para un segundo periodo consecutivo. El Comité ha sido criticado por una supuesta falta de independencia, ya que algunos comentaristas han señalado que los Comisarios tienden a ser actuales y antiguos funcionarios públicos en lugar de expertos independientes.

Al igual que la CIDH, la ACWC está obligada legalmente a no interferir en los asuntos internos de los Estados miembros, lo que supone un límite considerable al mandato de protección de la Comisión. También la ACWC ha recibido críticas por su falta de transparencia y de consulta con las ONG.

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