Enviado por Jesica el
Antes de que los fuegos de artificio y el glamour de la ceremonia de apertura de Río 2016 acaparen la atención y las pantallas alrededor del globo, los ojos del mundo ya están puestos en Brasil. Aunque a menudo, la cobertura de los medios se centra más en las quejas por las aguas servidas en los lugares de competición o en los "aburridos" trajes de los atletas que en los derechos humanos. Mientras se ultiman detalles para el gran evento deportivo del año, Brasil toda enfrenta una ralentización de su economía y una importante crisis institucional. Muchos servicios públicos han sufrido recortes presupuestarios para liberar fondos antes de los Juegos, resultando la salud, el transporte y la educación particularmente afectadas.
La raíz de muchas de las medidas de austeridad puede encontrarse en la crisis política que atraviesa el país. Luego de la suspensión de la Presidente Rousseff, y previo a su juicio político, los senadores que votaron por removerla de su cargo comenzaron a aprobar conservadoras leyes, en materia fiscal y hasta desde el punto de vista moral, incluidas recortes a la educación, restricciones al aborto, y proyectos de ley que permitirían que los niños sean juzgados como adultos en delitos graves, fueron rescatados del olvido.
Ya a fines de 2015, el gobernador del Estado de San Pablo, había presionado por introducir cambios que permitirían el cierre de casi 100 escuelas, lo que afectaría a miles de estudiantes del nivel inicial, primario y secundario. Este plan, creado sin efectuar consulta previa alguna, fue la gota que rebalsó el vaso para muchos pues provenía de un gobierno que para muchos estaba marcado por la corrupción y que malgastaba recursos en distintos sectores.
Diversos grupos de jóvenes, quienes antes se limitaban a apoyar las huelgas organizadas por sus profesores, tomó la iniciativa y, en forma pacífica, ocuparon escuelas a lo largo del territorio. Inspirados por una acción similar iniciada en Chile por estudiantes universitarios. Los jóvenes activistas tradujeron una guía de ese movimiento, entitulada ‘Cómo ocupar una escuela’ y la compartieron ampliamente a través de Whatsapp y Facebook.
El gobierno, trató de echar por la fuerza a los alumnos, enviando a la Policía Militar armada con rifles a fin de infundir terror entre los jóvenes y atacarlos. Sin embargo, los estudiantes utilizaron sus teléfonos y cámaras para documentar los hechos, de manera de utilizar la violencia de los atacantes en su contra. Los ocupantes se quedaron, impulsados por el apoyo del público y las provisiones que sus profesores les hacían llegar. Pronto, más protestas les siguieron a través del Estado, a pesar del continuo uso de la violencia por parte del gobierno.
Los estudiantes, desfavorecidos por el fracaso del gobierno en dar prioridad a la educación, fueron galvanizados por la acción. Después de llevar al gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la violencia utilizada contra ellos, los manifestantes obtuvieron victorias en los tribunales nacionales, asegurando el fin de los planes de reestructuración de la escuela (al menos por el momento). Esto sirvió para forzar la renuncia del Secretario de Educación, y demostrar a la vez el poder de la protesta pacífica frente a la violencia y los obstáculos del poder.
A pesar de estas victorias, se introdujeron nuevos planes de reforma educativa, que fueron criticados rápidamente por estar motivados políticamente. Al asumir en junio de este año, el MInistro de Educación del gobierno provisional despidió a 31 consejeros, desarticulando el Departamento de Educación Contínua, Alfabetismo, Diversidad e Inclusión. Los despidos afectaron a distintos organismos, notablemente aquellos encargados de implementar y evaluar las políticas nacionales de educación. Esto llevó a que ciertas voces críticas, sugirieran que el actual gobierno está desmantelando las políticas que promueven la inclusión y la reducción de la desigualdad en las escuelas.
Al mismo tiempo, los legisladores propusieron nuevas medidas destinadas a lidiar con el “adoctrinamiento político” en las escuelas, conocido como “Escuelas sin Partido”. El proyecto de ley llama a prohibir que los profesores expresen sus ideas o creencias políticas. Según los conservadores, estas cuestiones deben ser del dominio absoluto de los padres, y es así que el proyecto incluye un pasaje en el que insiste que a los estudiantes se les debe permitir madurar “en harmonía con su identidad biológica de género” . De ser convertido en ley, esto implicaría un serio ataque a la libertad de expresión de los profesores, impidiendoles discutir temas sin restricciones en el ámbito escolar, y destruyendo un espacio en el que los niños deberían ser libres de discutir sus ideas y experiencias con sus pares
Río de Janeiro se encuentra actualmente en estado de emergencia financiera. Se espera que los Juegos Olímpicos superen su presupuesto estimado en un 43 por ciento. Mientras tanto, el gasto en salud, transporte y educación ha sido recortado para compensar. Los estudiantes de nivel medio (secundario) han comenzado a protestar no solo en la ciudad sino a través de todo el Estado a fin de expresar su descontento con la corrupción, mala gestión y pensamiento descoordinado por el que responsabilizan a la vieja política
Siguiendo los pasos de los activistas en Sao Paulo, los estudiantes están denunciando los despidos arbitrarios del personal, los recortes en programas de humanidades y artes, las aulas superpobladas y decrépitas donde a menudo se espera que un maestro le enseñe a entre 45 y 70 estudiantes a la vez. Profesores y estudiantes han señalado el gasto desproporcionado prodigado en los Juegos Olímpicos y los brutales recortes a la educación en la misma ciudad, alegando que el gobierno no comprende la lucha de la gente común o la importancia de una educación completa y buena
Durante estas ocupaciones, muchos estudiantes también han organizado reuniones para discutir la reforma curricular, actividades culturales y otros trabajos que podrían servirle al gobierno en sus próximos intentos por reformar la política educativa. Hasta el momento, el estado de ánimo en Brasil ha sido combativo, con los estudiantes que continúan siendo echados violentamente de sus escuelas a manos de la policía militarizada del Estado, a pesar de que el gobierno podría aprender mucho de sus estudiantes políticamente activos.
Sin embargo, sin la capacidad de votar, los estudiantes continuarán siendo obligados a tomar medidas directas. Su uso de la tecnología y la cooperación para superar la represión y presentar nuevas ideas es inspirador. Con un mínimo de recursos y experiencia, los jóvenes de todo el país se organizaron en paz y frenaron un sistema con el que no estaban de acuerdo.
Pero Río, y Brasil en su conjunto, tiene que preguntarse por qué los niños se ven obligados a luchar contra el gobierno a cada paso por sus derechos, a la educación y a la participación, y para ser escuchados en el fragor de los Juegos.
Los estudiantes pueden estar protestando principalmente contra los recortes a la educación, pero están luchando contra un sistema que está tratando de hacer que sus derechos y los de muchos otros brasileños, ciudadanos comunes, sean discutibles en vez de respetados. Mientras el Senado continúa presionando a través de leyes que perjudican a las mujeres, los niños y las comunidades indígenas, la posición tomada por los niños de Brasil tal vez sea la mejor oportunidad que tiene el país de proteger los debilitados mecanismos democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos. Mientras tanto, el resto de la mundo se encandila con las luces del espectáculo de los Juegos Olímpicos.