COLOMBIA: La ONU insiste en garantizar los derechos de la infancia

[25 de abril de 2015] - Durante el año 2014, en Colombia se produjeron 940 homicidios en contra de menores de edad, 27 de los cuales fueron atribuidos a miembros de su propia familia. También hubo 16.238 casos de abuso sexual contra niños y niñas recogidos por el Instituto Nacional de Medicina Legal, y más de 1.000 menores fueron víctimas de maltrato intrafamiliar, siendo los padres los principales agresores. A su vez, un total de 19.954 menos de edad fueron víctimas de violencia interpersonal, siendo la escuela el escenario donde más se presentaron estos hechos (un 13,2 por ciento), después de la calle y la vía pública. Pese a todas estas cifras --todas referentes al año 2014--, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas reconoció que Colombia ha avanzado en el cumplimiento de las garantías de los derechos de los menores de edad. Sin embargo, la ONU también señaló que aún existen brechas, por lo que formuló 77 recomendaciones para garantizar los derechos de la infancia en Colombia.

Esas sugerencias forman parte del documento de análisis de la ONU al informe sobre la situación de la niñez y la adolescencia que el Gobierno presenta cada cinco años a las Naciones Unidas y que incluye investigaciones elaboradas por organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza por la Niñez Colombiana. El análisis será expuesto a lo largo de la próxima semana por dos delegados de la ONU que visitarán el país para explicar en detalle en qué consisten, cómo se pueden aplicar y qué resultados pueden producir las recomendaciones de la entidad multinacional.

El listado dice, por ejemplo, que se deben tomar las medidas necesarias para prevenir y atender todas las formas de violencia, incluyendo las que se dan en el trabajo doméstico y poniendo un foco especial en la violencia sexual. Asimismo, pide facilitar el acceso a la justicia de los niños y niñas víctimas de la violencia, posibilitando mecanismos amigables de denuncia y apoyo legal, y enjuiciando a los presuntos responsables.

Asegurar que la legislación prohíba el castigo corporal en todos los ámbitos y tomar las medidas necesarias para prevenir y proteger a los menores de la violencia en la calle, son otras de las sugerencias hechas por la ONU, que pide sensibilizar para prevenir el abuso sexual, informando que es un crimen, y aumentar los esfuerzos para prevenir asesinatos y desapariciones.

En este sentido, aseguró que el abordaje de las causas de estos actos de violencia es indispensable, e indicó que entre ellas están el conflicto armado, el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la pobreza.

LOS NIÑOS EN EL CONFLICTO Y EN EL POSTCONFLICTO

Desde antes de 1985 y hasta 2014, las cifras oficiales registran a 2.235.227 niños y niñas afectados por el conflicto armado en Colombia, en cualquiera de sus formas.

De 2014 las cifras dicen que 119 menores fueron víctimas de reclutamiento ilícito, mientras que desde 1999 al 31 de diciembre de 2014, 5.694 niños y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales fueron atendidos por el Programa de Atención Especializado del ICBF.

Adicionalmente, el año pasado, 55.937 menores de edad fueron víctimas de desplazamiento, lo cual quiere decir que cada día 153 personas menores de edad, se ven alejados de su escuela, de sus amigos, de sus familiares y de su comunidad.

Ante tales evidencias, la ONU recomienda evaluar y ajustar las políticas sobre la prevención del reclutamiento de niños, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto armado, así como Incrementar las medidas para proteger a los menores indígenas y afrocolombianos y sus familias de la violencia, la violencia sexual y el conflicto armado.

Aclara que tales medidas deben elaborarse en consulta con los líderes afrocolombianos e indígenas, advirtiendo a su vez sobre la desvinculación y la reintegración efectiva de los menores de edad reclutados y/o utilizados en hostilidades.

La Organización, además, muestra su interés por investigar urgente y a fondo todos los delitos previstos en el Protocolo Facultativo relativo a conflictos armados, incluidos los delitos relacionados con la violencia sexual y los presuntamente cometidos por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Proporcionar asistencia jurídica adecuada a los niños y niñas víctimas y hacer cumplir las directivas institucionales que protejan sus derechos, en particular la suspensión de odas las actividades cívico-militares que los involucren, incluidas las realizadas por la Policía, y la prohibición de su utilización para inteligencia militar, son otras de las indicaciones de la entidad.

Sugiere también considerar como víctimas a todos los niños y niñas reclutados y/o utilizados por la bacrim o por otros grupos armados ilegales, al igual que asegurar que estén incluidos en el programa del ICBF para los niños desmovilizados y que reciban una reparación adecuada.

Ante un eventual escenario de postconflicto, las Naciones Unidas hablan de asegurar que las opiniones, intereses y necesidades de los niños y las niñas colombianos se incluirán en el actual proceso de paz.

Adicionalmente, recomienda fortalecer las medidas para proporcionarles a ellos y a sus familias en situación de desplazamiento la protección contra la violencia y que logren el acceso a alimentación, vivienda adecuada, educación, recreación, salud, registro civil, justicia y los servicios de salud mental y de rehabilitación psicosocial.

LA EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS

Resulta preocupante que el 86 por ciento de los pueblos étnicos no tiene acceso a una educación pertinente a su cultura, su contexto, su cosmovisión, tanto que para 2014 la cobertura en matrícula de las diferentes etnias fue de indígenas (25,8 por ciento), afrodescendientes (10,4 por ciento) y gitanos (11,7 por ciento).

De las 899.969 personas con algún tipo discapacidad que hay en el país, 97.013 están en edad escolar y de ellas el 37,5 por ciento no asiste a alguna institución educativa.

En este apartado, la ONU recomienda fortalecer las medidas para disminuir la deserción escolar y aumentar las acciones para asegurar que las adolescentes embarazadas y las madres adolescentes continúen su educación. Aconsejó también incluir programas integrales de educación en derechos humanos, equidad de género, derecho internacional humanitario y paz, como parte de los planes de estudio obligatorio, además de establecer una estrategia integral para el desarrollo de la educación inclusiva y asegurar la prioridad a la educación inclusiva sobre instituciones especializadas.

Fortalecer la coordinación entre las entidades competentes y asignar a la estrategia de primera infancia los recursos humanos, técnicos y financieros adecuados, con el fin de garantizar que todos los menores se beneficien de su implementación, es otra de las indicaciones de la entidad.

Finalmente, pide velar por la aplicación efectiva de la política de educación de los niños indígenas y afrocolombianos, mediante la asignación de recursos suficientes y la aplicación de manera efectiva la autonomía de los pueblos indígenas en el ámbito educativo.