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Summary: The government of Ecuador recently submitted a mid-term UPR report, which documented their implementation progress on recommendations they accepted during their review. CRIN has highlighted the government's response to children's rights recommendations accepted.
What is a mid-term report?
States are encouraged to voluntarily submit update reports on the steps they are taking to implement the recommendations made to them during their reviews.
In addition to posting the full mid-term report (see above), CRIN has extracted the children's rights recommendations accepted by Japan, together with the government's response on how they are implementing the recommendations.
Implementation progress on accepted recommendations
Ecuador commented on the following accepted recommendations:
AVANCES DEL ECUADOR EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS COMPROMISOS VOLUNTARIOS ANTE EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTEXTO DEL EXAMEN PERIODICO UNIVERSAL –EPU- MAYO 2010 .
Modelo de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (PPL).- que incluye varios ámbitos que promocionan y protegen sus derechos.
Educación:
Firma de Acuerdos del Ministerio de Educación, destinados a fortalecer la voluntad política y los Programas que garanticen este derecho a las personas privadas de libertad en el país, entre otras facilidades, para que aquellos que no tuvieren los documentos que acrediten el nivel o ciclo en el que deben ser ubicados, rindan un examen de ubicación y tengan acceso al año correspondiente. Asimismo, se desarrolla con absoluta normalidad la Educación regular en los 33 Centros de Rehabilitación Social con 2.309 alumnos privados de libertad, en este proceso se cuentan: 676 en el Programa de Alfabetización; 882 alumnos en el nivel primario; 695 secundaria; y, 56 en educación superior.
Vínculos familiares:
También son de interés de la política de Rehabilitación Penitenciaria, de manera especial los Centros de Adolescentes Infractores, para lo cual se han firmado Convenios para administración de estos Centros, el seguimiento del cumplimiento de estos convenios. Otro de estos Convenios se relaciona con la administración de alimentación y uso de talleres para los Adolescentes Infractores de algunas ciudades del país.
El nuevo Modelo de Atención diseñado para estos Centros incluye la contratación de una consultoría para el desarrollo de este modelo, elaboración del proyecto de inversión para Centros de Adolescentes Infractores, modelo arquitectónico para los Centros de Adolescentes Infractores que se ciñe a las especificaciones dadas por la normativa nacional, los instrumentos nacionales y responde a una concepción basada en la garantía de derechos y la inclusión social de los y las adolescentes; inicio de un proceso de capacitación a funcionarios de todos los Centros de Adolescentes Infractores; sensibilización frente a la situación de los Centros de Adolescentes Infractores y de los y las adolescentes ingresados; evaluación al desempeño de los funcionarios que ingresaron por contrato en los Centros de Adolescentes Infractores del país. También implica, asesoría legal particular para adolescentes ingresados; trabajo coordinado con Juzgados y Fiscalía, así como con la Policía Especializada de Menores –DINAPEN- para garantizar que se respete el debido proceso y los derechos de los y las adolescentes que ingresan en los Centros de Adolescentes Infractores.
Es importante destacar que actualmente en el Ecuador se lleva a cabo un proceso de transferencia de dominio de los Centros de Adolescentes Infractores a la gestión y administración del Ministerio de Justicia y derechos Humanos.
Para el fortalecimiento de estas acciones de protección a los internnos de los Centros de Adolescentes Infractores, se llevan a cabo diversas relaciones de coordinación interinstitucional a nivel local y nacional, entre las principales, la coordinación de acciones con la Fiscalía General del Estado, la Policía de Menores,
el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, los Consejos Locales de la Niñez y Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de la Niñez y los Municipios.
g) Prevención y combate a los delitos de trata de personas.
16. Implementación efectiva del Plan Nacional de Combate a los Delitos de Trata de Personas.
Desde el año 2004 el Ecuador declaró como política de Estado el “combate al plagio de personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores.” Es en base a esta política de Estado, en el 2006 el Ecuador aprobó el Plan Nacional para Combatir la Trata de Personas, el Tráfico Ilegal de Migrantes y la Explotación Sexual y Laboral, funciona sobre los principios de responsabilidad estatal, el de igualdad ante la ley, de no discriminación, el interés superior de niños, niñas y adolescentes, de participación democrática, de prioridad absoluta de la niñez y adolescencia en la elaboración de políticas y programas.
Este Plan Nacional está articulado sobre tres ejes fundamentales: la prevención; la investigación y sanción; y, la protección, reparación y restitución de los derechos de las víctimas.
Bajo estos ejes el Ecuador presenta sus avances:
1.- Capacitación: a miembros de la Policía Nacional en DDHH y Trata de Personas; a Inspectores del Trabajo en Detección y remisión de casos de trata ante autoridades judiciales; al Personal Diplomático y Consular en el manejo del Protocolo Consular para la atención de víctimas ecuatorianas de trata en el exterior; a funcionarios públicos en las temática niños, niñas y adolescentes víctimas de trata.
2.- Levantamiento de información: Diseño, validación y desarrollo del Sistema de Registro de Información sobre Trata de Personas y explotación sexual.
3.- Avances a nivel institucional:
• Creación página web del Plan para Combatir la Trata de Personas.
• Protocolo Consular para la atención de víctimas de trata.
• Diagnóstico problemática y evaluación de requerimientos institucionales 2008, /Protocolo de atención integral para NNA víctimas de trata, /Módulos de Capacitación para facilitadores, /Compendio de legislación y m políticas /Metodología sobre servicios especializados de atención a víctimas.
• Estrategia de Acción para Prevenir, Erradicar la Explotación Sexual Comercial de NNA asociada a Viajes de Turismo en el Ecuador.
• Creación Equipo especializado de la Policía para procesos investigativos, rescate de víctimas, identificación de implicados y redes. En marzo del 2010, la coordinación de este Plan Nacional de Combate a la Trata de personas pasó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Actualmente el Ecuador a través de las instituciones que forman parte del Plan, ha emprendido la actualización de este instrumento a fin de identificar las prioridades y estrategias de cara al combate de este delito.
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Derechos de niños, niñas y adolescentes, jóvenes y adultos mayores.
19. Elaboración de una agenda concertada de protección de derechos e impulso de políticas para garantizar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, adultos mayores.
En cuanto a la protección de lo derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre sus políticas el Ecuador aplica la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia Juntos por la equidad desde el principio de la vida, que es el instrumento de política pública que orienta las acciones de los organismos que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, durante el período 2007-2010.
El Sistema Nacional Descentralizado de Protección integral a la Niñez y Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan; controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución Política y los instrumentos jurídicos internacionales.
Las políticas de la Agenda están concebidas para garantizar cada uno de los derechos consignados en el Código de la Niñez y Adolescencia. Además, el Ecuador cuenta con el Plan Nacional Decenal de Protección
Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, que cuenta entre sus objetivos, establecer las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se encuentren protegidos y accedan favorablemente a una vida saludable, acceso a la cultura, buen trato, no violencia, vínculos afectivos y familiares y el derecho a decidir y a ser escuchados.
El Plan tiene políticas divididas por rangos de edades: de 0 a 6; de 6 a 12; y de 12 a 18 años. Estas políticas se centran en la garantía de los derechos de salud, alimentación, educación, vivienda, familia, cultura, no violencia, distracción, protección especial y participación ciudadana.
20. Establecimiento de una red interinstitucional con programas sociales para la erradicación del trabajo infantil, que permita ampliar el impacto en la garantía de derechos de los niños/as y adolescentes y sus familias que se encuentran en esta situación.
A fin de cumplir con este compromiso voluntario el Ecuador continúa y ha reforzado sus acciones, planes y políticas para la erradicación del trabajo infantil. En este sentido, merece la pena recordar que desde el año 2002 el Ecuador creó el Sistema de Inspección y Monitoreo del Trabajo Infantil, dependiente directamente del CONEPTI y adscrito al Ministerio de Trabajo, cuya finalidad es la de vigilar el cumplimiento de las leyes, controlar la gestión de la información sobre trabajo infantil y dar respuesta a los casos y denuncias.
La aplicación de esta política nacional de erradicación del trabajo infantil se refuerza con el contenido de la actual Constitución del Ecuador aprobada en septiembre del 2008 que considera que los niños, niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria. Concretamente, el artículo 46(2) los protege contra cualquier forma de explotación laboral y prevé la aplicación de medidas para la erradicación del trabajo infantil. Así mismo, considera que el trabajo de adolescentes deberá ser excepcional y no deberá atentar contra el derecho a la educación.
La legislación secundaria, entre la que se encuentran el Código de Niñez y la Adolescencia y el Código del Trabajo, respeta los principios establecidos en al Constitución.
En este marco, fue adoptado el Plan Nacional para la Prevención y Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil en el Ecuador – PETI. En este Plan no solo se identifican las causas directas e indirectas del trabajo infantil en el Ecuador, sino que a esto se añade el marco conceptual en el que se definen los principales términos y conceptos referentes al mismo.
Los principales programas y medidas que serán adoptadas en el marco del PETI se centran en 7 áreas: legal, familia y comunidad, empleo, salud, educación, institucional, información y sensibilización.
Desde el año 2005, está vigente en el Ecuador el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, creado a partir de un esfuerzo conjunto y participativo de una serie de actores, tanto del sector estatal como de la sociedad civil, quienes con miras al año 2014 formularon 29 políticas relativas a la
protección integral de este grupo social. De estas políticas, dos se refieren a la problemática del trabajo infantil: la política 18 que establece la erradicación progresivamente el trabajo infantil nocivo, peligroso o de riesgo (para niños y niñas de 5 a 12 años) y, la política 27 establece la erradicación del trabajo prohibido y peligroso; y protección frente al trabajo y la explotación laboral (para niños y niñas de 13 a 18 años)
En función de sus obligaciones internacionales, el Estado ecuatoriano se comprometió a desarrollar un Plan Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil cuya ejecución estaría a cargo del Comité Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil – CONEPTI. Dentro de este Comité se mantiene al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, como el ente rector, encargado de definir, vigilar y exigir el cumplimiento de las políticas públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador.
En estos avances, es importante destacar que el Ecuador, desde el año 2002, creó el Sistema de Inspección y Monitoreo del Trabajo Infantil, dependiente directamente del CONEPTI y adscrito al Ministerio de Trabajo, cuya finalidad es la de vigilar el cumplimiento de las leyes, controlar la gestión de la información sobre trabajo infantil y dar respuesta a los casos y denuncias.
Es importante destacar que el Ecuador en el año 2008, con el Sistema de Inspección de Trabajo Infantil, logró el retiro definitivo de 2.224 niños, niñas y adolescentes, a través de 3.089 Inspecciones de Trabajo Integrales. Con estos avances, el Estado ecuatoriano se propone progresivamente lograr la erradicación definitiva del trabajo infantil.
El Ecuador continúa realizando importantes esfuerzos para contar con información estadística que arroje cifras actualizadas sobre la presencia real de niños, niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, principalmente en actividades prohibidas y peligrosas, lo que permitirá incidir de maneja efectiva en esta problemática. Así también, los esfuerzos nacionales apuntan a la construcción de estrategias integrales de apoyo al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias afectadas por el trabajo infantil y a la sensibilización general sobre los efectos nocivos de esta problemática en el desarrollo integral de un ser humano.
21. Difusión del marco normativo que contempla a los jóvenes como titulares de derechos y trabajo en la promoción de sus derechos, a través del diseño consensuado de una agenda de protección social de derechos de las juventudes que transversalice en los diversos programas del Estado, el principio de no discriminación de las juventudes y acciones para la igualdad de oportunidades.
En cumplimiento de este compromiso voluntario, el 28 y 29 de enero de 2010 el Ecuador presentó la Agenda Nacional de la Juventud (2010 – 2013) la misma que fue construida en un proceso participativo impulsado por la Dirección Nacional de la Juventud, de la Subsecretaría de Protección Familiar del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta agenda tiene tres objetivos:
1.- aplicar el art. 39 de la Constitución;
2.- transversalizar la política pública de juventudes en las agendas públicas del Gobierno Central y Gobiernos Autónomos Descentralizados; y
3.- promover la cultura de exigibilidad y rendición de cuentas. La agenda contempla como ejes de acción, educación, salud, empleo, Justicia y Cultura de Paz, Mecanismos de Participación e Institucionalidad
22. Difusión de los derechos de las personas Adultas Mayores a partir de la Convención Internacional de Madrid 2002 y Ley del Adulto Mayor. A través del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES- el Ecuador mantiene el programa de gestión gerontológica. Los programas que se llevan a cabo incluyen la aprobación y regularización de centros de atención a personas adultas mayores de escasos recursos.
Asimismo, dentro del programa “Aliméntate Ecuador” se incluye el programa “Adulto Mayor” que busca mejorar la calidad de vida de los y las adultas mayores beneficiarios del programa, mediante el mantenimiento o mejoramiento de su estado nutricional.
Para reforzar esta gestión, a través del Ministerio de Salud se aplica el Programa de Atención integral del Adulto y del Adulto Mayor. Entre los principales mecanismos de este programa se cuentan: el fortalecimiento de la respuesta institucional a las necesidades de los adultos mayores; protección en caso de enfermedad o violencia; y, formación de un equipo de profesionales de salud encargado del cuidado de este grupo de población.
j) Derechos de las Mujeres.
Entre las principales acciones y políticas que actualmente aplica el Estado ecuatoriano para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, merece la pena destacar: el Plan de erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres; Plan de combate a la trata, tráfico y explotación sexual; Plan nacional de erradicación de delitos sexuales en el ámbito educativo, a más de una diversidad otros planes y políticas públicas destinados a la protección de los derechos de las mujeres.
24. Cautelar el derecho a una vida libre de violencia a través de la adopción de medidas para prevenir, erradicar, judicializar y sancionar la violencia intrafamiliar y de género, mediante la institucionalización y transversalización de planes y programas en la estructura del Estado, así como promulgar leyes que impulsen la eliminación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes con inclusión de la población desplazada ubicada en la frontera norte del país y enfoque intercultural.
Para asumir la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia y erradicar esta vulneración extrema de derechos que afecta la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes, el Presidente de la República firmó el Decreto 620 el 10 de septiembre del 2007, que dispone la construcción del Plan Nacional para la Erradicación de la violencia de género contra niñas, niños, adolescentes y mujeres, su Plan de Acción es independiente e involucra a todas las instituciones gubernamentales encargadas del área social y de justicia. Este Plan sirve de paraguas de otros Planes Nacionales que fortalecen esta política.
Se registran varios avances en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes desde el 2007 al 2010, entre los principales se destacan la remodelación y equipamiento: de Comisarías de la Mujer y la Familia; Centros Unificados de Atención Ciudadana; Juntas Cantonales de Protección Integral de Derechos; Salas de Acogida en los Hospitales para ofrecer atención especializada.
Asimismo, el Estado ecuatoriano menciona entre los avances en este compromiso, el Acuerdo Ministerial 062 que institucionaliza el Plan Nacional de erradicación de delitos sexuales en el sistema educativo. El Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor. Los procesos de sensibilización y capacitación en hospitales nacionales, policía nacional y Judicial, Jueces, Fiscales y Comisarías de la Mujer a fin de mejorar el trato y atención a personas víctimas de violencia.
25. Desarrollo de leyes y políticas públicas para prevenir y erradicar el abuso, acoso y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes ya sea comercial o en condición de servilismo con la inclusión del tratamiento de temas relacionados a la vida sexual y vida reproductiva.
A fin de cumplir con este compromiso de protección de los derechos de las mujeres, el Ecuador ha desarrollado EL Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género contra mujeres, niñas-niños y adolescentes (2007), política fundamental para avanzar a la vigencia del derecho a una vida libre de violencia, expresa el compromiso del Gobierno ecuatoriano para trabajar para erradicar la violencia. Incluye mecanismos de coordinación interinstitucional con todos los niveles del Estado. Sus ejes estratégicos son: transformación de patrones socio culturales, sistema de protección integral, acceso a la justicia y sistema de registro. Asigna presupuesto en los Ministerios de Salud, Educación, Gobierno e Inclusión Económica
y Social para este objetivo. En 2009 se creó además la Norma de Protección y Atención integral de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual por Ciclos de Vida y la propuesta denominada Salas de Primera Acogida para Víctimas de Delitos Sexuales.
Asimismo, a través del Plan Nacional de Erradicación de la Trata, el Tráfico y la Explotación Sexual, contra niños, niñas, adolescentes y mujeres (2006). Se ha elevado el compromiso de la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional para la aplicación del Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación
Sexual. La Fiscalía creó unidades especializadas en violencia intrafamiliar y delitos sexuales (trata, violencia sexual, explotación sexual y pornografía) en Guayas, Galápagos, Pichincha, El Oro y Manabí, a fin de que no queden en impunidad. Ha mejorado la infraestructura de los centros de acogida para víctimas de estos delitos, y apoyado el incremento de personal y equipo técnico de la Policía Nacional que ha creado su “Unidad Anti-trata”. Gracias a ello se ha logrado la recuperación de 194 víctimas de trata de personas (explotación sexual comercial, explotación laboral, mendicidad y pornografía infantil) y detener a 47 tratantes. Se procura la reparación-restitución de los derechos de las víctimas.
Finalmente conviene destacar la Política Nacional de Salud, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que propicia la aplicación y el cumplimiento de los derechos consagrados en los instrumentos internacionales y leyes, entendiendo que la salud sexual y reproductiva está vinculada con los derechos sexuales, reproductivos y los demás derechos humanos. Su Plan de Acción (2005), ha sido el marco para el diseño de Planes de Acción intersectoriales: para la Reducción Acelerada de la Muerte Materna (2008), la Prevención de VIH-sida, la Prevención del Embarazo en Adolescentes (2007), y la Prevención de la Violencia Basada en
Género. También está vigente la norma que autoriza la entrega de la pastilla de anticoncepción de emergencia de manera gratuita en las unidades de salud públicas. El Ministerio de Salud Pública incluyó el tema de violencia para su reporte en la historia clínica y, en el año 2008, construyó las normas de atención integral a la violencia basada en género y la violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.
26. Promoción de la visión de género en los derechos culturales e interculturales, en la educación, calidad de vida con la creación de políticas sociales en la esfera de la enseñanza formal y no formal, erradicación del analfabetismo, capacitación en lo técnico y tecnológico, que logre cambios en las costumbres de la población a favor de la igualdad entre mujeres y hombres.
Este compromiso se apoya en los artículos 70, 156, 157 y la disposición transitoria 6ta de la Constitución que disponen al Estado ecuatoriano a formular y ejecutar políticas para la igualdad de género y para incluir el enfoque de género en políticas, planes, programas y acciones.
Entre los logros que se han alcanzado está la disminución de las brechas existentes en el acceso a la educación formal, esto ha hecho que se reduzcan los porcentajes de deserción escolar de las mujeres.
Entre estos avances que ha logrado el Estado ecuatoriano en este compromiso, es importante destacar que, en agosto de 2009, el Ministerio de Educación y Culturas declaró al Ecuador como un “territorio libre de analfabetismo”, de acuerdo a los requisitos de la UNESCO.
Uno de los propósitos es lograr la reducción del analfabetismo en la población femenina. La Comisión de Transición al Consejo de Igualdad de Género está trabajando con el Ministerio de Educación en la inserción e un enfoque de género en las políticas del Ministerio de Educación.
La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 583 del 5 de mayo de 2009, incluye los principios de no discriminación y equidad de género y, además, promueve la participación de las mujeres en procesos de toma de decisiones. Se destaca el 4 de esta Ley que establece equidad de género en el acceso a los factores de la producción. De igual manera el artículo 6 facilita el acceso equitativo a la propiedad de la tierra para las mujeres productoras jefas de familia.
28. Establecimiento de un plan de capacitación a funcionarios judiciales, ministerio público, policía y demás actores en el proceso penal a fin de sensibilizar y tecnificar adecuadamente en el manejo de violencia intrafamiliar y delitos sexuales cometidos contra mujeres, niñas y adolescentes y grupos sexualmente diversos para un real acceso a la Justicia.
En cumplimiento de este compromiso voluntario del Ecuador, en las capacitaciones que han sido impartidas a miembros de la Policía Nacional, el tema de género y violencia ha sido analizado a fondo utilizando los mensajes generados por el Plan de erradicación de la violencia de género en el marco de la campaña “Reacciona Ecuador, el machismo es violencia”.
Igualmente, desde el año 2008 en el Ecuador se diseñó una malla curricular para el Diplomado de Género, Justicia y Derechos Humanos. Esta malla curricular en el año 2009 y en el 2010 será implementada a un conjunto de fiscales, jueces, juezas, defensores y defensoras públicas, en un primer momento en la ciudad de Quito y más adelante en Guayaquil y Cuenca.
n) Promoción de los derechos humanos al interior de la Policía Nacional.
42. Reforma del manual de procedimientos y elaboración de partes policiales de la Dirección de la Policía Nacional para Niños Niñas y Adolescentes, a fin de armonizarlos con las convenciones internacionales y normas jurídicas internas de protección a niños, niñas y adolescentes –NNA-.
El Ecuador a través de la Dirección de la Policía para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN), durante el año 2009 llevó a cabo reuniones permanentes con funcionarios de la Fiscalía y de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, a fin de unificar procedimientos y dar mayor celeridad a los procedimientos administrativos. En marzo de 2010, autoridades de la DINAPEN de Pichincha así como asesores/as jurídicos/as de la Policía Nacional, mantuvieron reuniones tendientes a reformar y mejorar el Manual de Procedimiento y Elaboración de Partes. Este Manual se encuentra en plena vigencia y ejecución.
Further Information
CRIN extracted all mentions of children's rights from Ecuador's UPR, including references in the pre-review reports submitted by the government, UN bodies, and also NGOs / NRHis. This report also details all the children's rights recommendations accepted and rejected by Japan.
The page includes children's rights extract reports for all States reviewed to date, CRIN's "Status of Children's Rights in the UPR" report, and much more information on the UPR process and how can NGOs can engage with it.
Including practical tips on reporting and lobbying, as well as follow-up methods. The guide is based on the findings of a comprehensive survey of experiences shared by NGOs, NHRIs, Ombudspersons, academic bodies, and so on.