Submitted by crinadmin on
Summary: A compilation of extracts featuring child-rights issues from the reports submitted to the first Universal Periodic Review. There are extracts from the 'National Report', the 'Compilation of UN Information' and the 'Summary of Stakeholder's Information'. Also included is the 'Final Report' and 'Conclusions and Recommendations' from the Review. Scroll to: National Report 26. En el tema de ejecución de los postulados de la Conferencia de Beijing+5 y de la Conferencia de Madrid, Ecuador ha avanzado en la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, temas que más adelante se detallarán. 43. La Vicepresidencia de la República conjuntamente con el Instituto de la Niñez y Adolescencia -INNFA-, ha implementado exitosamente programas para la reubicación de los hijos e hijas de prisioneras que se encontraban dentro de los centros penitenciarios hacia casas de acogida y su inserción en centros educativos. En la misma línea se tiene previsto abrir centros especializados de rehabilitación para adultos mayores, donde puedan recibir una rehabilitación conforme a sus necesidades específicas. Se ha contemplado el funcionamiento del primer centro, en la ciudad de Quevedo. 54. En el mismo año la CSJ formuló el Plan Estratégico de la Función Judicial para el Mejoramiento de los Servicios de Justicia para el período 2007 al 2012, que comprende las políticas de racionalización de cargos de los Juzgados de Primera Instancia y la derivación de procesos judiciales de pagos de alimentos a Centros de Mediación y que se tramitan en Juzgados de la Niñez y Adolescencia del país. Además se han creado nuevos juzgados y tribunales en el país. Para ello también ha existido un incremento significativo en el presupuesto del 2008 con USD$ 199.245.623, cifra que representa un incremento aproximado del 40% en relación al presupuesto del año anterior. 63. Otro avance constituye el Programa de Desarrollo Rural PRODER, que promueve la gestión participativa y concertada del desarrollo local, entre los gobiernos seccionales, municipales y parroquiales, organizaciones de base, y ONG’S. Se cuenta también con el Programa de Compras Públicas “Hilando el Desarrollo”, que involucra a los artesanos y pequeñas empresas del sector de la confección, mediante el cual, en el 2007 se entregó, sin costo, uniformes a 94.793 niños y niñas de las escuelas rurales del país. 69. La principales políticas públicas de carácter integral están contenidas en el Plan Decenal de Educación 2006-2015, aprobado como política de Estado vía referéndum nacional en el 2006, cuyas metas como: la universalización de la educación inicial y básica; erradicación del analfabetismo; revalorización de la profesión docente por medio del mejoramiento de su formación inicial; y, capacitación permanente, están muy adelantadas y se estima cumplirlas hasta el 2010. Este plan también contempla el mejoramiento de la infraestructura física y equipamiento de las instituciones educativas, mejoramiento de la calidad de la educación y aumento de la inversión en el sector educativo hasta llegar al 6% del Producto Interno Bruto en el año 2012. 70. Bajo la gestión del gobierno actual se han destinado recursos financieros adicionales a la educación (en el año 2007 se destinaron USD$ 1.460 millones, cerca de un 20% adicional a la inversión destinada en 2006), que han permitido incrementar sustancialmente las remuneraciones a los docentes, crear 12.000 nuevos puestos de maestros y maestras, aumento de cobertura de estudiantes, entrega de textos escolares y del uniforme escolar gratuitos en los centros de enseñanza fiscales. Esta política va de la mano con el establecimiento de parámetros rigurosos para la selección de nuevo personal docente y realizar ascensos en el escalafón de maestros, con lo cual se busca mejorar sustancialmente la calidad de la educación. 71. En el campo de la Educación para la Democracia y los Derechos Humanos, existen varias acciones de relieve entre las cuales se destaca el Programa Educación para la Democracia, institucionalizado mediante ley, el cual se orienta a la adquisición de valores. Este programa establece un eje transversal en valores, democracia, integración, igualdad, justicia y derechos humanos, de manera que a futuro priorice aspectos como inclusión social, interculturalidad, educación ambiental, educación sexual y educación vial. 72. A partir de 2006 se vienen impulsando campañas nacionales de educación centradas en difundir los derechos y deberes contemplados en la Constitución, al igual que la creación de Manuales de Convivencia en escuelas y colegios de conformidad con los estándares internacionales de protección de derechos humanos. 80. En el 2007 se ha continuado el trabajo para la prevención y erradicación progresiva del trabajo infantil, logrando retirarse en el 2007, a 215 niños/as de centros de trabajo y legalizar la situación laboral de más de 200 adolescentes, entre 15 a 18 años de edad. Para esto fue necesario capacitar a un equipo de inspectores en el manejo de los derechos humanos, como eje transversal del tema laboral. 88. A partir del año 1999 se registra una tendencia decreciente del problema de desnutrición como resultado de políticas públicas tales como la maternidad gratuita, la promoción de la lactancia y alimentación para los niños. Además, se cuentan los programas dirigidos a la ciudadanía en el aprendizaje de temas nutricionales y otros orientados a la entrega de alimentos fortificados, entre los que están: el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (PANN 2000); el Programa Aliméntate Ecuador (PAE), que ha contemplado la entrega de 777.977 raciones a 259.326 beneficiarios, incluyendo niños y niñas de 2 a 5 años, adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad de todas las edades; el Programa de Alimentación Escolar; el Programa de Micro Nutrientes; y, el Programa NUTRINNFA. 89. En términos presupuestarios la inversión al Programa de Alimentación Escolar pasó de USD$ 19.2 millones en el 2006 a USD$ 30 millones para el 2007. Una evaluación reciente del PANN 2000 destaca su contribución significativa en la lucha por la disminución de la desnutrición global y la anemia en el país. Vale resaltar que estos programas se extienden a menores de 15 años de edad. 98. A través de la implementación de planes nacionales se busca erradicar la violencia contra la mujer y en particular, y combatir la trata de personas, tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Se suma también la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Erradicación del Delito Sexual en el ámbito educativo. De la misma forma y en aras de erradicar la extrema pobreza que afecta principalmente a las mujeres, se ha creado un fondo crediticio PROMUJERES que funciona en 5 cantones del país. Para esto se ha incidido en la creación de indicadores de género en el Plan de Desarrollo Social y Productivo existente desde el 2007. Además, se prevé que el CONAMU desarrolle la formulación participativa de la Política de Mujeres Rurales, mediante el financiamiento de la FAO para fortalecer y asegurar los derechos de la mujer en todos los segmentos de la población ecuatoriana. 100. El Estado ecuatoriano ha realizado ingentes esfuerzos desde una perspectiva integral para la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes –NNA-.El Ecuador es Parte de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales en el ámbito del Sistema de Naciones Unidas26. 101. En el ordenamiento jurídico interno la Constitución incorpora normas que visibilizan a los niñas, niños y adolescentes como ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos. Se encuentra vigente desde 2003 el Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que recoge e incorpora la doctrina y los artículos de la Convención de los Derechos del Niño. Para hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se han armonizado cuerpos legales conforme al Código de la Niñez y Adolescencia27. Además se expidieron 112 ordenanzas de conformación del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de los 219 cantones del Ecuador. 102. En cuanto a institucionalidad, la Constitución establece un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, encargado de asegurar el ejercicio y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Este sistema está integrado por tres niveles de organismos: a. El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia –CNNA- organismo cuya función principal es la definición y vigilancia de la política pública de protección integral a la niñez y adolescencia. 103. En el marco del Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el Estado ecuatoriano desarrolla planes nacionales que garantizan el cumplimiento de las políticas integrales de niñas, niños y adolescentes, entre otros, el Plan de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, la Política Nacional de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos; Plan Decenal de Educación; Plan Nacional para la Erradicación de los Delitos Sexuales en el Sistema Educativo; el Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, el tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores (2006); Plan Estratégico Multisectorial de la Respuesta Nacional al VIH/SIDA 2007 – 2015; el Plan Nacional de Reducción de la Mortalidad Neonatal y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (2007). 104. En el 2007, el CNNA construye la Agenda Social de Niñez y Adolescencia que determina seis políticas, para atender especificidades en las distintas regiones del país y un conjunto de compromisos articulados y consensuados con las instituciones que conforman el Consejo. 105. Entre las políticas públicas, en el año 2004, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia –CNNAaprobó el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, primer documento de planificación con enfoque de derechos, el mismo que contiene 29 políticas orientadas a tres grupos de edad: recién nacidos hasta los 5 años (9 políticas), de 6 a 11 años (10 políticas) de 12 a 18 años (10 políticas). 106. El Estado ha incrementado la inversión en programas de atención integral a NNA en situación de vulnerabilidad. A través del Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), financia los servicios de atención y desarrollo integral de niños y niñas de cero a cinco años, de la población más pobre, que en el 2007 cubrió a 251.578 niños y niñas, programas que cumplen un mínimo de 90% de estándares de calidad. Por su parte, el Programa de Rescate Infantil (ORI), en el 2007 registró una cobertura de 49.233 niños atendidos en 1.465 Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil habilitados a nivel nacional. 107. Entre los principales logros en la promoción de los derechos de NNA se destacan, la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; Propuesta de Niñez y Adolescencia para la Asamblea Constituyente; la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia 2007-2010; el Convenio con el Consejo Nacional de la Judicatura para la capacitación a sus funcionarios en el enfoque de derechos de niñez y adolescencia. La sociedad civil a través del Observatorio de Niñez y Adolescencia ha desarrollado índices que permiten medir el cumplimiento de los derechos de NNA. Además se declaró como Política de Estado la erradicación de la violencia de género contra niños, niñas, adolescentes y mujeres. 108. Existen desafíos que Ecuador quiere enfrentar. Tales son, la construcción de los organismos del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia; la mayor participación social y construcción de ciudadanía de adultos y NNA en los procesos de exigibilidad requeridos para garantizar el cumplimiento de las políticas públicas; la participación de gobiernos locales y organismos públicos para promover la aplicación rápida y efectiva de las políticas públicas, con énfasis en la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia, y principalmente destinar los recursos suficientes para la ejecución de las políticas públicas a favor de este sector de la población. 121. Existen proyectos relevantes con la gestión de ONG para la inclusión educativa de NNA con necesidades de enseñanza especial en el sistema educativo regular, propendiendo a su plena integración y participación. 130. Entre los planes y programas que incluyen la protección y promoción de los derechos de los y las migrantes y buscan combatir los problemas que afectan al sector, en especial aquellos que refieren al trabajo infantil de migrantes, la explotación sexual y el acceso de los y las inmigrantes en igualdad de condiciones de los y las nacionales a derechos fundamentales, están, el Plan Nacional de Derechos Humanos, a través del Plan Operativo de Migrantes, Extranjeros, Refugiados, Desplazados y Apátridas; el Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas, Tráfico Ilegal de Migrantes y Delitos Conexos; la creación del Comité Nacional de Eliminación Progresiva del Trabajo Infantil donde incluye la erradicación del trabajo del menor migrante. Además, se estableció la Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales donde el CONAMU incorporó el enfoque de género por lo que se efectuaron en el 2006 talleres sobre ‘Mujeres Migrantes y Políticas Públicas’. 131. Otras de las tareas emprendidas es el Programa Nacional de Registro “¡Al Ecuador ponle tu nombre!”, impulsado por la Vicepresidencia de la República, que busca facilitar la inscripción de hijos e hijas menores de extranjeros/as nacidos en el país, a fin de que puedan acceder al derecho de tener una nacionalidad. 160. En la esfera de promoción de derechos y responsabilidades a favor de la protección y conservación del medio ambiente, la participación activa del Ecuador en las Convenciones Internacionales vinculadas, han permitido fortalecer las políticas nacionales y promover procesos de sensibilización e involucramiento progresivo de la población, tal el caso de los Ministerios de Ambiente y de Educación que diseñaron el Plan Nacional de Educación Ambiental 2006-2016 dirigido a niños, niñas y adolescentes, a fin de formar seres humanos solidarios y protectores de su entorno natural. De igual forma, las autoridades ecuatorianas trabajan en capacitaciones encaminadas a que las funciones de gobiernos seccionales fomenten la equidad en la distribución de los recursos naturales de sus localidades. 164.Grupos vulnerables: Existen múltiples necesidades de estos sectores que pueden sintetizarse de la siguiente manera: Se requiere fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Protección de la Niñez y Adolescencia, así como apoyo para la formulación de políticas públicas y sensibilización sobre los derechos de este sector. En el ámbito de las mujeres el país requiere apoyo para la implementación del Plan de Igualdad d e Oportunidades, fortalecimiento de las capacidades internas del equipo técnico y administrativo del Consejo Nacional de la Mujer, fortalecimiento de la base social de las mujeres, fortalecimiento de la veeduría ciudadana que permita garantizar el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Compilation of UN information 4. The Office of the Ombudsman (‘Defensoria’ or ‘Office of the Defensor del Pueblo’) of Ecuador, with special units for indigenous and Afro-Ecuadorian affairs, Women and Children, was established in 1998. The International Coordination Committee (ICC) of National Human Rights Institutions accredited the Defensoría with “A” status in 2001.31 5. The Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD), the Committee on the Rights of the Child (CRC) and CESCR welcomed the creation of an Ombudsman’s Office with special units for indigenous and Afro-Ecuadorian affairs32 and the Office of the Ombudsman for Women and Children33, recommending the State to provide the Defensoria with the appropriate and adequate means to continue carrying out its mandate, including the protection of economic, social and cultural rights.34 9. CRC welcomed the establishment of the National Council for Childhood and Adolescence in 2004, a coordination body for official agencies entrusted with implementing public child development policies.39 10. UNICEF informed that in 2005, Ecuador implemented the Plan for the Progressive Eradication of Child Labour. In 2006, the Government developed a National Plan to Combat Kidnapping, Smuggling of Migrants, Labour and Sexual Exploitation, Prostitution and Pornography, and other Forms of Exploitation of Women and Children. Moreover, in 2006, the National Plan for the eradication of sexual crimes in the education system was developed.40 20. CRC expressed its concern about discrimination against girls, children living in poverty and refugee children. It urged the State to effectively implement its national strategies to eliminate discrimination on any grounds and against all vulnerable groups.82 24. In 2004, CESCR expressed its concern that domestic violence is widespread and does not constitute a criminal offence in the State. In this connection, it strongly urged the State to amend its Criminal Code with the view to redefining the crime of rape to reflect international standards and to protect women and children.94 The HR Committee stressed that all reported acts of violence against women should be investigated and appropriate judicial proceedings instituted.95 The Committee also expressed concern about the very high number of suicides of young females, which is in part to be related to the prohibition of abortion. In this regard, the Committee regretted the State’s failure to address the resulting problems faced by adolescent girls, in particular rape victims, who suffer consequences of such acts for the rest of their lives. 96 CESCR also urged the State to take all effective measures to ensure that the Family Code is adopted and implemented without any further delay.97 26. CESCR was deeply concerned about the high incidence of sexual abuse, prostitution of girls and boys under the age of 18 in urban areas.99 CRC and CMW100 recommended the State to, among others: undertake appropriate legislative measures, including the revision of the Penal Code in order to criminalize, sexual exploitation, pornography and sex tourism.101 27. The situation of Colombian individuals who may be at risk of trafficking in Ecuador was raised by the Special Rapporteur on the human rights of migrants, the Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and children, the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, and the Special Rapporteur on sale of children, child prostitution and child pornography102 to which the Government provided a detailed reply103. CERD noted that the State had adopted legislation that criminalizes the illegal smuggling of people across the country’s borders under often-inhumane conditions (“coyoterismo”).104 34. CRC in 2005115 and CESCR in 2004 strongly urged the State to take all possible measures, legislative and otherwise to address effectively the persistent problem of child labour, particularly in agriculture and domestic work.116 37. CRC acknowledged the improvement made in the field of education, including the forthcoming implementation of bilingual education, and made several recommendations concerning expenditure on education, enrolment in primary and secondary education; prevention of school dropouts; strengthening vocational training; street children access to education; enhancing the quality of teaching and seeking technical cooperation with, inter alia, UNICEF and UNESCO.120 With regard to the problem of illiteracy among indigenous and Afro-Ecuadorian people, CERD recommended the State to take measures to increase the number of bilingual teaching personnel, in particular from among these communities.121 38. CESCR was particularly concerned about the situation of young girls and of indigenous and Afro-Ecuadorian children. It urged the State to take all possible measures to combat illiteracy, particularly amongst the most disadvantaged and marginalized groups.122 39. CMW recommended that the State take appropriate measures to ensure that access to education is guaranteed to all migrant children in accordance with article 30 of the Convention on Migrant Workers. Furthermore, the State should intensify its efforts to guarantee that each child of a migrant worker shall have the right to a name and to registration of birth throughout the country, in accordance with article 29 of the Convention.123 48. CRC noted with appreciation the efforts made by the State in hosting an increasing number of asylum-seekers among which there is a significant number of children, and recommended the State to continue to strengthen its asylum policy, in particular to adopt legislative measures governing the treatment of unaccompanied and separated children.137 49. CERD welcomed the introduction of a bilingual education system in Ecuador for teaching some 94,000 indigenous children in both Spanish and their own languages.138 Summary of stakeholders' information 15. The Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM) reported a high rate of violence affecting the personal integrity and sexual liberty of persons, in particular of women. Of concern are also cases of sexual harassment in the schools, which are not brought before the judicial mechanisms as school authorities usually prefer to investigate and solve such cases internally, without reporting to judicial authorities.20 16. The Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children (GIEACPC) stated that in prisons, security regulations and policies to combat drugs have imposed the vaginal inspection ‘cacheo vaginal’ of women by female or male penitentiary officers, which is an assault to their personal integrity.21 17. GIEACPC stated that legal protection from violence and abuse is given by the Law on Violence against Women and the Family (1995), the Childhood and Adolescence Code 2003), the Criminal Code (1991, amended 2005) and the Constitution (1998). The Childhood and Adolescence Code prohibits ill-treatment of children, which is defined as “any conduct, any act of omission or commission, that causes or may cause harm to the integrity or physical, psychological or sexual health of a child or young person, by any persons, including their parents, other relatives, educators and persons responsible for their care, whatever means used, whatever the consequences and whatever time is necessary for the victim to recover” (article 67). 22 18. GIEACPC stated that, in the penal system, corporal punishment is unlawful as a sentence for crime under State legislation. However, the judicial system allows indigenous communities that are not served by police forces to apply vigilante justice as a form of “traditional” law, and public humiliation and beatings are reportedly a common form of punishment in isolated Andean villages. In November 2005, a draft law for indigenous justice was under discussion.23 19. Corporal punishment of children is unlawful in schools (under the Childhood and Adolescence Code, articles 40 and 41). 24 Article 76 of the Code states that abusive practices suffered by children cannot be justified on the grounds that they are educative methods or traditional cultural practices, but this is not interpreted as prohibiting all forms of corporal punishment of children, making corporal punishment lawful in the home.25 20. There is no explicit prohibition of corporal punishment as a “disciplinary” measure against children in detention.26 In alternative care settings run by institutions, corporal punishment is prohibited under the Childhood and Adolescence Code (article 41), but there is no explicit prohibition in other alternative care settings.27 21. GIEACPC strongly recommended that Ecuador urgently introduce legislation to prohibit corporal punishment of children in all settings, including in the home.28 This organization also recommends highlighting the importance of Ecuador responding to Treaty Bodies recommendations.29 27. INREDH stated that the State is using the army and the national police to repress social demonstrations by unarmed peasants and indigenous communities35, who call for better life conditions, better control over mining and petrol companies, and better environmental protection. The Government’s response was the declaration of a state of emergency, marked by the violent repression by military forces. CEDHU further reports to have registered about 13,851 victims of violence by members of the public force during social demonstrations. Among the victims, there were women, children and elderly. Some persons have lost eyesight as a result of the use of tear gas.36 36. CEDHU said that, notwithstanding the legislation guaranteeing the rights of children and adolescents, in practice these rights are often not respected. Among the most common violations are discrimination, expulsion and denial of registration, as disciplinary sanctions in schools, physical and psychological aggression, and disrespect of the right to freedom of expression, participation and due process. The majority of abuses registered take place in schools. Until now, no adequate measures to guarantee disciplinary measures compatible with the dignity of children have been established. 46 For instance, a 17-year-old young girl who was expelled from school because she was living with her partner and in other cases, female students have been expelled, or their registration denied, because they were pregnant.47 37. In the view of CEDHU, established mechanisms for the protection of the rights of children are still weak. Legal mechanisms such as the amparo are often not used, and existing appeal mechanisms within the Ministry of Education are not effective. Administrative or judicial decisions in favour of children are not implemented by schools. As an example, the CEDHU cites the case of a student to whom the Municipal School of Benalcazar in Quito denied registration. In 2005, the Supreme Court of Justice decided in his case that the disciplinary action was excessive and also ordered the school to establish a training programme on children’s rights, but until now this order has not been fulfilled.48 40. According to the same organization, the Plan Colombia to combat drug trafficking includes blank crop spraying of coca plants with glyph sate, a powerful herbicide, which is said to cause skin cancer and other diseases as well as water pollution, illnesses in children, nausea and headaches three months after spraying, and possible genetic damage. Numerous indigenous groups along the northern border of Ecuador have been affected, including the Aiwa, the Quechua in the highlands, and the Coffin, the Siena, the Sequoya and the Quechua in Amazonia. Through water and air, the herbicide moves from Colombia into Ecuador, affecting both people and crops. The pernicious effects of the spraying have also caused southward migrations of people—including drug traffickers, guerillas, and paramilitaries— from Colombia into Ecuador, causing displacement and unrest. 41. This movement, in turn, has led Ecuador to increase its military presence along the Ecuador-Colombia border. Incidents of armed conflict and violence in the area have increased. The violence, along with unsanitary schools, has led to a 50 percent decrease in school attendance. The presence of soldiers, guerrillas and drug traffickers has also led to violence and harassment against women, as well as sexual exploitation and trafficking. Yet, there has been no decrease in small-scale coca production. Meanwhile, the quality of life for indigenous peoples’ living along the border continues to deteriorate.51 - In response to questions raised in advance on the penitentiary system, in 2008, the Government will be investing US$90 million in the penitentiary system, in particular in the areas of infrastructure, social rehabilitation centres, access to legal assistance and pre-trial detention. Ecuador set as target to become a country without children in prisons. - Ecuador increased the national budget by 38 per cent to invest in social areas, in particular to provide universal, free and quality public health services and free and quality basic education. - On the rights of children, reference was made to the National Plan for the Comprehensive Protection of Children and Adolescents, in particular actions for the progressive eradication of child labour and begging and to address the exploitation of children. (ii) Interactive dialogue and responses by the State under Review - The representative of Mexico asked the delegation of Ecuador to provide additional information on the vision of the Government of Ecuador on the question of bilingual intercultural education, and if it is mandatory in the national territory. - The Russian Federation also asked how far Ecuador was in regard to the introduction of bilingual education. - Cuba asked whether a deadline had been set for the achievement of universally available free basic education. - The Republic of Korea noted Ecuador’s efforts to promote the rights of indigenous people, including by introducing bilingual education for them. - The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland welcomed the introduction of a child labour plan. - In response to the last questions, the delegation of Ecuador noted that there is a department of education for indigenous peoples and intercultural bilingual system, and a health department for indigenous people in the Ministry of Health as well as a national department for indigenous people in the Office of the Ombudsman. - Italy recommended adopting appropriate measures to combat child labour and exploitation. Italy also noted the importance of human rights education at all levels. - Germany requested further information on child labour and child sexual exploitation, in particular measures and criteria that Ecuador has used to obtain progress in this area. - Ecuador noted that two policies of the Government related to education and health. In 2005 a 10-year education plan was developed and its basic purpose is to provide universal basic education. Ecuador noted progress in budget allocation to 38 per cent. Barriers to school entry have been reduced, programmes have been initiated such as the school textbook programme, which aims to cover 1.3 million children and ensures cultural diversity. This includes bilingual textbooks in indigenous languages. Free school uniforms are also provided. 15,000 new jobs have been created for teachers and there is a strict planning in the education system, as well as increase in investments in education, including in infrastructure and a larger number of teachers trained. - Regarding the social protection of children, particularly the elimination of the phenomenon of street children, the delegation indicated that Ecuador has a special national protection plan and has made efforts to identify areas where children are forced to beg and are subject to labour exploitation in the streets. Ecuador is executing a national plan for eradication of child begging which leads to sexual and labour exploitation, and they are working together with the affected children. Accepted and Rejected Recommendations The following recommendations were accepted by Ecuador: 60- 3. Apply and provide follow-up to plans to eradicate child labour (Italy). No recommendations were rejected
Compilation of UN information
Summary of Stakeholder information
Final Report
Accepted and rejected recommendations
b. Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, organismos a nivel cantonal encargados de elaborar y proponer políticas locales al Concejo Cantonal.
c. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos, a través de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; la Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; y; otros organismos, como son las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes -DINAPEN-.
1. The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) and the Committee Against Torture (CAT)23 noted with appreciation that 1998 Constitution of Ecuador declares that the State is a multicultural and multiethnic State.24 CAT welcomed the adoption in 2003 of the Children’s and Youth Code and in 2005 of the Criminal Code Reform Act, which defines the sexual exploitation of minors as an offence. It also welcomed the definitive introduction of children’s judges in the judiciary.25 The Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) also noted the adoption of the Children’s and Youth Code.26 The Committee on Migrant Workers (CMW) noted with appreciation that international treaties ratified or acceded to by the State, including the Convention on Migrant Workers, have very high rank in the State’s normative system, second only to the Constitution.27