De los 570,000 niños estadounidenses de padres mexicanos que reportó el Censo de 2010, sólo alrededor de 290,000 están inscritos en alguna institución educativa.
Enviado por jthomas el
[26 de marzo de 2015] - La Secretaría de Educación Pública (SEP) se encuentra atrapada entre la necesidad “urgente” de dar escuela inmediata a miles de niños estadounidenses que cada año llegan a México con sus padres y las políticas de cada estado que exigen a los estudiantes documentos mexicanos o complicados procesos para reconocer sus papeles extranjeros.
“Queremos tener un solo procedimiento para la revalidación de estudios en todos los estados y ponerle plazo a las instituciones de educación para que si pasan más de tres meses y no certifican los documentos, automáticamente se consideren certificados”, dijo Emilio Chuayffet durante un encuentro con corresponsales extranjeros.
Es la primera vez que el secretario de Educación reconoce públicamente el impacto de las repatriaciones de Estados Unidos entre la población estudiantil del país.
“Es uno de los temas en los que la secretaría tiene que esmerarse”, prometió.
El problema principal es el desconocimiento en las escuelas del proceso para recibir a un niño extranjero y el requisito de apostillamiento.
“Apostillar” un documento significa obtener la certificación de la firma y el sello de quien emite el acta de nacimiento. En Estados Unidos se obtiene en la Secretaría de Estado del lugar en el que se emitió el acta de nacimiento, pero hacer este procedimiento cuando los padres ya se encuentran en México se vuelve un dolor de cabeza.
El Instituto para las Mujeres en la Migración documentó el caso de una madre repatriada a que le tomó dos años tener todos los documentos para que su hijo estadounidense Christopher Tadeo tuviera acceso a la secundaria en México.
- ¿Se eliminará el requisito de la apostilla?- se le pregunta al secretario.
- Es algo que también se está analizado en la propuesta de ley (que es parte de la Reforma Educativa).
Si la ley tiene éxito en el congreso, los estados e instituciones educativas estarían obligadas por mandato constitucional a revalidar los estudios en tres meses. Luego habría otro reto: que en las poblaciones más lejanas se enteren que existe la ley.
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