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¿Qué es la violencia de Estado? Simplemente, la violencia de Estado es la violencia ejercida por el Estado o cualquiera de sus miembros, por ejemplo, la policía y fuerzas de seguridad o instituciones gubernamentales. El estudio de la ONU sobre la Violencia contra los Niños (UNVC, 2006) utiliza como ejemplo las políticas represivas anti-bandas en Latinoamérica, que permiten la utilización de la violencia de Estado contra niños. La existencia de estas políticas ha sido justificada con la preocupación ante la violencia juvenil, especialmente en lo que se refiere a bandas. Aun así, dichas políticas a menudo van en contra de los derechos humanos. Según este estudio, “los jóvenes no son responsables de la inmensa mayoría de crímenes de los que se les acusa, pero existe una firme creencia de que la adopción de derechos humanos internacionales protege a niños (y especialmente a adolescentes) contra castigos justificados, y de que están siendo utilizados como escudo por parte de jóvenes criminales. La aparente sincronización de la adopción de los derechos humanos con el aumento del crimen en Latinoamérica se ha utilizado en algunos casos para minar importantes avances legales e incluso para cuestionar la necesidad de que se asuma la responsabilidad en casos de violencia de Estado” (UNVC, 2006: 306). El estudio observa que la violencia de Estado y la corrupción son dos factores directamente relacionados con la violencia en las comunidades. En consecuencia, “la confianza de las comunidades en la seguridad local y los sistemas de justicia es esencial para la eficacia de las políticas de orden público” (UNVC, 2006: 306). Un Día de Debate General organizado por el Comité de los Derechos del Niño (a partir de aquí denominado el Comité) en 2000 trató la violencia de Estado. Puede leer el informe elaborado sobre este Día aquí. También puede acceder a los informes presentados para debate a lo largo del Día aquí. Los temas tratados fueron el maltrato, el abuso y el descuido de niños al cuidado del Estado, y la violencia contra los niños en el contexto de las preocupaciones sobre “la ley y el orden públicos”. El primer tema se centró en la obligación del Estado de proteger ante cualquier forma de maltrato a aquellos niños privados de un entorno familiar que han sido encomendados a su cuidado. Esta obligación de ofrecer especial protección, como se estipula en el Artículo 20 de la Convención sobre los Derechos de Niño de la ONU (CDN), se extiende a niños que han sido dados en adopción o colocados en hogares de acogida. El principio fundamental del segundo tema es que durante todas las etapas del proceso de justicia juvenil, los niños que supuestamente han infringido la ley tienen el derecho a ser tratados “de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor”, como se estipula en el Articulo 40 (1) de la CDN. También se trataron el artículo 37, sobre la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante, y el artículo 19, con respecto al abuso. Además, una parte estuvo centrada en los niños que viven o trabajan en la calle, que figuran entre las víctimas más vulnerables de las formas más extremas de violencia, incluida la ejecución extrajudicial o sumaria en muchos países. Los niños sin hogar son particularmente vulnerables. El Comité aprobó recomendaciones en relación a: acción a nivel internacional; evaluación de la legislación; concienciación, sensibilización y formación; prevención, incluyendo alternativas a la institucionalización; mecanismos de control y denuncias; recursos y el papel de las ONG. ¿Qué se puede hacer? Además de la ratificación y por supuesto el cumplimiento de los instrumentos universales de los derechos humanos que conciernen a la violencia de Estado, el Estudio de la Violencia contra los Niños recomienda una mejora en la formación y una reforma general en la aplicación de la ley, y asegurarse de que funciona de acuerdo con las normas internacionales. El estudio también enfatiza que: “Es fundamental realizar un control independiente y una investigación rigurosa en todos los casos de violencia de Estado. Aparte de ser una obligación central de los derechos humanos, garantizar la responsabilidad del Estado es crucial para establecer una confianza y mejorar la eficacia de las políticas de seguridad. El hecho de que en muchos casos aquéllos que ejercen violencia policial contra los niños que viven o trabajan en la calle salgan impunes permite que este tipo de abuso continúe. Muchos de estos policías nunca son investigados o procesados. Deben de ponerse en práctica mecanismos para asegurar que la policía y demás personal de seguridad implicados en casos de violencia contra niños sean investigados de forma inmediata y rigurosa, y hechos responsables de sus actos” (UNVC, 2006: 323). Por último, el estudio recomienda que se establezcan de forma permanente mecanismos tal como defensores del pueblo o comités de evaluación civiles para recibir e investigar casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad de forma independiente. Para acceder a más fuentes sobre la infancia y la violencia de Estado, haga clic aquí. Material de referencia El estudio de la ONU sobre la Violencia contra los Niños (2006). Disponible en http://www.unviolencestudy.org/