Enviado por Victor el
Este informe es parte del proyecto de CRIN sobre el acceso de los niños a la justicia que analiza la condición jurídica de la Convención sobre los Derechos del Niño en las legislaciones nacionales y de los niños involucrados en procedimientos judiciales, los medios legales disponibles para denunciar vulneraciones de los derechos de los niños, además de consideraciones prácticas relevantes a la hora de elevar estas denuncias ante la justicia.
España ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y sus tres protocolos facultativos. La CDN, que preceden a la legislación nacional, puede ser invocada directamente ante la justicia del país y ha sido citada extensivamente en las decisiones judiciales. El Estado ha sido criticado por el Comité de la ONU de los Derechos del Niño en cuanto a que disposiciones relativas a los derechos del niño pueden variar entre las diferentes regiones autónomas del país puesto que cada una puede legislar en ciertos asuntos de derecho civil. Los niños pueden presentar una acción ante cualquier tribunal a través de un representante o tutor, e impugnaciones constitucionales relativas a los derechos fundamentales de los niños pueden ser interpuestas directamente ante el Tribunal Constitucional. Aunque los niños no tienen capacidad legal para comparecer directamente ante un tribunal, sí pueden pedir ser representados por un abogado para que actúe en su nombre en casos limitados cuando sus intereses se oponen directamente a las del tutor. La asistencia jurídica gratuita está disponible para niños y se aplican normas especiales para facilitar que un niño declare. Los periodos de prescripción de un delito penal no comienzan hasta que el niño alcance los 18 años. Una vez que los recursos internos hayan sido agotados, los niños pueden remitir acciones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño a través de su tercer Protocolo facultativo relativo a un mecanismo de denuncias.
