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Señora Presidenta, Señor Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Señor Secretario General Adjunto, Señores y Señoras Embajadores representantes de los países miembros de la OEA, Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Señoras y Señores. Una vez más damos la bienvenida a esta sede de la OEA a los comisionados que conforman uno de los organismos más prestigiosos y antiguos de nuestra institución. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos goza de amplia legitimidad y credibilidad en virtud de 45 años de un trabajo serio, independiente e imparcial en favor de los derechos de las mujeres y hombres de nuestro hemisferio. La Comisión y la Corte, nuestro sistema de derechos humanos, se han constituido en la conciencia del hemisferio, apoyando a los Estados y a sus habitantes en la efectiva protección de los derechos humanos. En efecto, en el entendido de la naturaleza complementaria y coadyuvante de los esfuerzos de los Estados, el rol de la CIDH se ha consolidado con los años mediante su sistema de casos individuales, visitas de observación in loco, relatorías temáticas, y así como a una amplia gama de informes sobre casos, temas y países. En un continente americano que en su conjunto ha alcanzado la forma democrática de gobierno, la Comisión puede apoyar en el diseño y en el establecimiento de estándares mínimos en materia de derechos humanos, pero ciertamente, no puede ni debe reemplazar las iniciativas y políticas públicas que cada Estado realice para la mejor protección de los derechos de sus habitantes. Nos encontramos en un periodo en que con posterioridad a la recuperación de la democracia, la región se encuentra en un proceso de fortalecimiento del Estado de Derecho. Sin embargo, dicho fortalecimiento encuentra obstáculos, muchas veces de difícil superación, tales como la debilidad estructural de los sistemas de justicia, la discriminación racial y social, la falta de acceso igualitario en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la ausencia de gobernabilidad. Nuestro desafío central es fortalecer la capacidad de nuestros Estados miembros para enfrentar los grandes desafíos de la gobernabilidad y en ello un sistema de derechos humanos como el que tenemos puede cumplir un papel muy esencial. En el marco de una OEA revitalizada y reorientada hacia la consolidación de la gobernabilidad democrática, resulta crucial fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos mediante el afianzamiento de la independencia y autonomía de sus órganos, el cumplimiento de sus decisiones y recomendaciones, y la ratificación de todos los instrumentos que conforman su marco normativo, y el aumento decidido de sus recursos. Quiero, en estos aspectos, ampliar algunos temas que me parecen centrales. Nosotros estamos agradecidos de la actitud de los países miembros de la OEA, que ciertamente han respetado siempre el sistema de derechos humanos, permitiendo desde este punto de vista, que él goce de una plena independencia y autonomía para el ejercicio de sus responsabilidades. Muchas veces -y está en la naturaleza de nuestro sistema y de nuestro carácter de organización de Estados- existen discrepancias respecto de decisiones que la Comisión adopta; sin embargo existe la plena voluntad de los Estados miembros, no sólo por mantener la autonomía y la independencia de la Comisión, si no por fortalecerla, por respetar y acatar sus decisiones. Y este apoyo que los países prestan a la CIDH nos parece un primer aspecto muy fundamental. Sin embargo, en relación con la universalidad del sistema, corresponde insistir en la reflexión acerca de que coexisten tres niveles de protección dentro de nuestro hemisferio. Aquel de los habitantes de los Estados miembros que gozan de la protección de los derechos reconocidos en la Declaración Americana y la Carta de la OEA bajo la supervisión por parte de la Corte y la Comisión Interamericana. Hay un segundo sistema que son aquellos Estados miembros que han ratificado la Convención Americana pero no han aceptado la competencia de la Corte. Y un tercero, para aquéllos que han ratificado la Convención y aceptado toda jurisdicción. Este sistema no es ideal no es bueno que tengamos unos países que son miembros de la Comisión y no son miembros de la Corte; no es bueno que tengamos unos países que son miembros de la Comisión, que han ratificado la Convención, pero no aceptan la jurisdicción de la Corte; y otros que son miembros de la Comisión y de la Corte al mismo tiempo. Son tres sistemas de protección distintos para ciudadanos de las mismas Américas y esta universalidad es un aspecto por el que seguiremos luchando para convencer a todos los países que acepten plenamente la jurisdicción de la Comisión y de la Corte. En cuanto a la eficacia del sistema, creo que es muy importante que todos los países cumplan, como condición necesaria, con las decisiones del sistema, sea este la Corte o la Comisión. Para facilitar este proceso, nuestros Estados miembros deben actuar como verdaderos garantes del sistema desde los órganos políticos, y a la vez, adoptar las medidas legislativas necesarias para que las decisiones que adoptan la Comisión y la Corte cuenten con un mecanismo jurídico que permita su ejecución en el ámbito interno. Si bien se han registrado avances importantes en la implementación de las recomendaciones de la CIDH y en el cumplimiento de las decisiones de la Corte, en especial, y más si se quiere, en las referentes a medidas de restauración, satisfacción e indemnización, quedando pendiente los temas relativos a la realización de la justicia. En ese sentido es importante destacar que han habido reformas legislativas adoptadas por los Estados que tanto en su contenido como en su nominación se ajustan a los estándares establecidos por la CIDH mediante su sistema de casos individuales. Pensamos por lo tanto que el sistema goza hoy de una mayor eficacia, pero todavía es necesario que todos los Estados miembros acaten efectivamente las decisiones de los organismos a los cuales se han comprometido por Tratados. Creo que también es importante destacar que la OEA tiene que asumir el desafío de colaborar con los Estados y con la sociedad civil para evitar no sólo graves retrocesos en la protección de los derechos humanos, sino para asegurar el progreso hacia una región mejor para todos sus habitantes mediante la adopción de políticas públicas en la materia. Dentro de la OEA, la CIDH y la Corte son actores principales para el logro de este fin. El aumento de la colaboración de los Estados miembros con la CIDH ha permitido ampliar la efectividad de la protección de los derechos y libertades fundamentales y la obtención de justicia en numerosos casos individuales. La función preventiva de la Comisión debe ser ampliada y fortalecida en los próximos años, incluyendo cada vez más la tarea de cooperar y asesorar a los países miembros para que se nos indique un camino para salir al paso de numerosos problemas. Es así que ya tenemos Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad y asumimos temas como la discriminación contra las minorías, los afrodescendientes, los pueblos indígenas, y la discriminación de género. Como he manifestado con anterioridad, para que el sistema interamericano cumpla a cabalidad sus funciones convencionales y reglamentaras, así como los mandatos conferidos por los Estados, es preciso que tenga los recursos necesarios. La Comisión Interamericana fue objeto, en años pasados, de drásticos recortes que pusieron en peligro su capacidad operativa. Desde el inicio de mi gestión me he dado a la tarea, no solo de recuperar los fondos eliminados para asegurar que la Comisión celebre sus sesiones ordinarias como la que hoy estamos inaugurando, sino también de regularizar la situación del personal para lo cual este año hemos incorporados siete nuevos cargos a su planta de personal. Dada la brecha entre los recursos asignados en el presupuesto regular y las necesidades operativas reales de la CIDH, en nombre de la Organización quiero agradecer los aportes realizados por Estados de la región, que en su conjunto, como contribución especifica, conforman el 44% del presupuesto de gastos reales de la Comisión. Agradecemos a todos esos países, pero creemos que la OEA, en su conjunto, debe hacer un esfuerzo por solventar una mayor cantidad de gastos de la CIDH, que proclamamos como uno de los principales bienes y que sin embargo financiamos solamente apenas en la mitad con fondos regulares de la Organización. Quiero aprovechar la oportunidad para destacar recientes actividades relacionadas con los temas de la discriminación, de la libertad de expresión, de los derechos de la niñez. El período de sesiones realizado en Ciudad de Guatemala del 17 al 21 de julio pasados, en los que además de reuniones con las altas autoridades del Estados, se llevaron a cabo intensas actividades de promoción, y se realizaron 10 audiencias sobre temas y situaciones importantes en la agenda de derechos humanos de Centroamérica, es una experiencia que facilita y fomenta el acceso de las víctimas al sistema interamericano, y al mismo tiempo constituye un invaluable mecanismo de promoción. Quiero destacar también, el trabajo de la Comisión en el apoyo y protección de los defensores de los derechos humanos. Tomando en cuenta la relevancia de su labor, y en cumplimiento de un mandato de la Asamblea General de la OEA, la CIDH adoptó un informe en el que se identifican los obstáculos existentes en la región, así como el marco jurídico de protección de la labor que desarrollan las personas que defienden los derechos humanos en las Américas. En el día de mañana haremos la presentación formal de este Informe, junto con la Comisión. Finalmente, quiero destacar como una muy buena práctica los informes trimestrales emitidos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión sobre la situación de los periodistas de la región. Creo indispensable que en este aspecto desarrollemos una capacidad de indagación, de investigación, acerca de las muchas denuncias que llegan a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, a fin de poder separar adecuadamente lo que constituyen simplemente denuncias, de lo que son casos comprobados de violación de las libertades de expresión de los periodistas. Muchas veces no tenemos los instrumentos para hacerlo y nuestros informes consignan todas las denuncias e informaciones que llegan a la relatoría sin poder verificarlas con toda la acuciosidad quesería necesario. Los Estados miembros podrían ayudar mucho en esta dirección y ciertamente está, además, en su interés, porque a todos los estados miembros les interesa que lo que dice la Relatoría se ajuste realmente a la percepción que existe en su país, acerca del problema provocado. Estos son algunos de los temas que he querido plantear. Tengo la convicción que el trabajo de esta Comisión irá en aumento en los próximos años. Ciertamente no puede disminuir. Cada vez son más los ciudadanos de las Américas que recurren a la CIDH, algunas veces con causas muy fundadas, y otras, simplemente porque se va transformando por su legitimidad en una especie de última instancia a la cual muchos creen necesario recurrir. Y es necesario resolver todos esos problemas, dar curso a todas esas demandas, aunque muchas veces ellas no lleguen a ser completamente conocidas por la CIDH. Por lo tanto, el tema del aumento de los recursos, de las capacidades de la CIDH es un asunto que nuestra Asamblea General y nuestro Consejo Permanente deberán discutir con seriedad, tratándose de una institución de tanto prestigio. Una CIDH como la que tenemos, le ha dado renombre a la OEA, la ha hecho más conocida en el mundo entero, la hace más respetada, y por esa razón nosotros le debemos, además de un respaldo, un reconocimiento que le otorgamos en esta ocasión. Muchas gracias.