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[31 de octubre de 2011] - Los juzgados de Familia Especializados de Montevideo se crearon en 2004 ante el aumento progresivo de denuncias de violencia doméstica luego de que se aprobó la ley. Siete años después se mantiene la cantidad de denuncias pero se produjo un incremento de casos de violencia y abuso a menores. Estas sedes atienden tanto casos comprendidos en la ley de violencia doméstica como en el Código del Niño, que van desde abandono a abuso de niños y también delitos que cometen los menores de 13 años. Datos proporcionados a El Observador por operadores judiciales de la materia indican que en el último año las denuncias por abandono, agresión física o verbal e incumplimiento de deberes inherentes a la patria potestad crecieron hasta equipararse con las relativas a la violencia hacia mujeres. Hasta hace un año y medio, de los casos tramitados por estas sedes especializadas, el 75 por ciento correspondían a violencia doméstica y 25 por ciento a violencia, maltrato y abuso hacia niños. Hoy las denuncias contra menores están a la par de las otras, en 50 por ciento y 50 por ciento. Los integrantes del equipo técnico –psicólogos, asistentes sociales, educadores, maestros, médicos, enfermeros– se encuentran desbordados por la cantidad de trabajo frente a los efectos de la violencia familiar. Dolorosos y extremos El psicólogo Gastón Trucelli, integrante del equipo multidisciplinario indicó a El Observador que los casos relativos al Código del Niño “tienen una complejidad mayor” porque “conmueven y duelen más”. Trucelli relató el caso de una niña que llegó al juzgado luego de que su maestra denunciara que había sido golpeada. La niña tenía signos de un golpe de puño en un ojo, propinado por su padre. La menor pedía irse a vivir con una tía. Pero la mujer no pudo ser ubicada y la menor debió ser ingresada a un hogar de amparo del INAU. “Me encontré con la niña llorando en una escalera” del juzgado, dijo el psicólogo. Por su parte Elvira Regueiro, directora de la Defensoría de Familia Especializada, relató a El Observador el caso de una menor de 13 años, quien residía en una zona rural junto a su padre. Tras la muerte de su madre, “el hombre sustituyó a su esposa con la niña y tuvo con ella dos hijos. Finalmente la chica se animó a denunciar”, afirmó Regueiro. Trucelli señaló que “a la perversión se le suma el consumo de alcohol y de drogas. También hay una vertiente de la tercera edad, donde las conductas de abuso responden a un cuadro senil. Sector socioeconómico bajo Tanto Regueiro como Trucelli coincidieron en que, si bien los casos de violencia doméstica y abuso hacia menores atraviesan a toda la sociedad, el grueso de las denuncias provienen de sectores socioeconómicos bajos. “El 90 por ciento de las personas son asistidas por defensores de oficio. Vienen de barrios como Cerro o Piedras Blancas”, afirmó Regueiro. En cuanto a las edades y sexo de los menores abusados o violentados, Trucelli indicó que son “cada vez más” los casos de niños pequeños y Regueiro expresó que las denuncias refieren más a niñas que a niños. Ambos profesionales, así como el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Negro, coincidieron en que las personas se animan a denunciar más casos. “La gente sabe que estos juzgados existen y que acá se puede atender su caso”, dijo Regueiro. “Cada vez que se crea un nuevo juzgado llueven las denuncias”, agregó Negro. La directora de la Defensoría explicó que siempre que hay un niño involucrado “se abre un expediente por el Código del Niño. Pero si del interrogatorio al menor o la familia surge un caso de abuso, también se abre un expediente por la ley de violencia doméstica”. Todos los casos reciben seguimiento de los operadores judiciales: si se cumplieron las medidas dispuestas, si el menor o la mujer no corren peligro físico. “Pero no hay un caso igual a otro. Siempre nos sorprenden relatos que uno ni siquiera puede llegar a imaginar”, precisó Regueiro. Carencias técnicas y físicas Trucelli señaló que el equipo multidisciplinario de las sedes especializadas (integrado por dos psiquiatras, dos forenses, tres asistentes sociales y dos psicólogos) reclamó al Poder Judicial la incorporación de un psiquiatra infantil. “Nunca lo hubo. El Instituto Técnico Forense tiene cuatro. La idea es que una vez a la semana venga uno de ellos”, afirmó el especialista. También se reclama otro cargo de psicólogo. Trucelli dijo que “se piden muchas entrevistas psicológicas, ya sea por parte del denunciante, el denunciado (que argumenta locura de la víctima, por ejemplo), el juez, el fiscal o el defensor de oficio”. Otra carencia que experimentan las sedes es la falta de salas para los fiscales y más lugares de entrevista por parte del equipo multidisciplinario, para evitar que se crucen denunciantes o víctimas, con denunciados o victimarios. “Por lo general a los denunciantes se los atiende en una sala de arriba y a los denunciados, en las dos salas de abajo. Pero cuando hay mucha demanda de trabajo, si no hay lugar arriba tengo que atender a la persona abajo y no puedo garantizarle que no se vaya a cruzar con el agresor y pueda haber un cruce verbal, por ejemplo”, sostuvo Trucelli. Información adicional: