Enviado por CRIN el
[16 de enero de 2014] - En una histórica comparecencia ante la ONU, el Vaticano se ha sometido hoy jueves a un escrutinio público sobre los abusos a menores cometidos por sacerdotes y religiosos en todo el mundo. En Ginebra, ante los miembros del Comité de la Convención de Derechos del Niño, una delegación enviada por el Vaticano ha tenido que responder a las agudas e insistentes preguntas de los expertos sobre las reacciones de la Iglesia ante los casos de pederastia, los supuestos traslados de una diócesis a otra de los religiosos implicados, denunciados por las organizaciones de víctimas, o sobre por qué no se hacen públicas las investigaciones internas sobre estos abusos. Silvano Tomasi, representante de la santa sede ante la ONU, admitió que también hay abusadores entre el clero y que el Vaticano está seriamente preocupado por estos casos, aunque respondió con evasivas a las preguntas directas e insistió en el discurso institucional repetido desde hace tiempo: que investigar y juzgar estos delitos corresponde a los Estados donde han tenido lugar.
“Se encuentran abusadores entre los miembros de las profesiones más respetadas del mundo y, más lamentablemente, incluso entre miembros del clero y otro personal de la iglesia. Este hecho es especialmente grave, ya que estas personas están en posiciones de gran confianza y son llamados a promover y proteger todos los elementos de la persona, como la salud física, emocional y espiritual", ha apuntado Tomasi, el jefe de la delegación, en su discurso ante la comisión de la ONU encargada de revisar el cumplimiento de los Estados firmantes de la Convención de Derechos del Niño. Ante ellos, Tomasi declaró que los abusos “nunca pueden ser justificados”.
Pero ni el jefe de la delegación ni el obispo auxiliar de Malta, Charles Scilcluna, que también forma parte del grupo enviado y que también compareció en la cita de más de ocho horas transmitida en directo por Internet, dieron una clara respuesta a las incisivas preguntas de los miembros del comité de la ONU –compuesto por 18 expertos-- que tuvieron que insistir y repreguntar una y otra vez sobre la oscuridad que rodea estos casos o las sanciones del Vaticano a los responsables. Sara Oviedo, investigadora principal sobre derechos humanos del Comité, inquirió a la delegación sobre la “alarmante” frecuencia en la que los religiosos “abusadores” son trasladados a otras áreas, en lugar de entregarlos a la policía. Teniendo en cuenta la política de “tolerancia cero” de la Iglesia católica con los abusos, preguntó, ¿por qué se hicieron “esfuerzos por cubrir y ocultar este tipo de casos?”.
Scilcluna, que también es juez en la Congregación para la Doctrina de la Fe, afirmó que esa “movilidad” de los acusados de abuso es una “gran preocupación” para el Vaticano y que se ha dado instrucciones “muy claras” para que este tipo de acciones no se produzcan. Sin embargo, volvió a insistir en la supuesta independencia del Vaticano para juzgar este delito cometido por personas que, apuntó Tomasi, no son funcionarios de este estado. "Son ciudadanos de sus países y deben responder ante la jurisdicción de estos países", afirmó.
La delegación del Vaticano, que comparece en la ONU a petición del Comité de la Convención de Derechos del Niño para explicar el cumplimiento como Estado de este tratado vinculante, tampoco ofreció información concreta y detallada sobre todos los casos de abusos sexuales cometidos por clérigos, monjes y monjas o puestos en conocimiento de la Santa Sede. El jefe de la delegación, que dio cuenta de las diversas iniciativas tomadas para perseguir este tipo de delitos --entre ellas la creación de protocolos y directrices de prevención o de una comisión específica creada por el papa Francisco para prevenir estos casos--, no aportó cifras concretas. Se limitó a señalar que para 2012 se habían documentado 612 casos de abusos sexuales que involucraban a personal del clero; de ellos, dijo Tomasi, 465 eran “más serios” y 418 fueron abusos a menores. Una respuesta muy similar a la esgrimida por el Vaticano en diciembre, cuando contestó por escrito a los requerimientos de los expertos de la ONU, que querían clarificar el informe que presentó el Vaticano el año pasado; ese documento es el primero que presenta la Santa Sede ante esta institución, pese a que esta a obligado a hacerlo cada cinco años. Como en esa contestación, también hoy la delegación vaticana se ha escudado en el “respeto” y la “privacidad” de las víctimas para seguir manteniendo en la oscuridad sus investigaciones.