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Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por la detención y traslado a la Corte Penal Internacional, el 17 de marzo de 2006, de Thomas Lubanga Dyilo, ciudadano de la República Democrática del Congo y presunto fundador y dirigente de la Unión de Patriotas Congoleños (Union des Patriotes Congolais, UPC), como primer paso para acabar con la impunidad por los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo de manera generalizada durante la pasada década. Ha sido acusado, en aplicación del artículo 8 del Estatuto de Roma, de crímenes de guerra cometidos en la República Democrática del Congo desde julio de 2002, incluido el de "alistar y reclutar a menores por debajo de los 15 años de edad y utilizarlos para intervenir activamente en las hostilidades". Esta detención anuncia un nuevo capítulo en la lucha contra la impunidad en África y contiene el mensaje de que todo el que haya participado en violaciones de derechos humanos será obligado a responder de sus actos. El conflicto, con una antigüedad de 10 años, se ha cobrado más de cuatro millones de vidas en la República Democrática del Congo y se considera uno de los más sangrientos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Tanto el gobierno y las fuerzas armadas como los grupos armados de oposición congoleños han cometido numerosos crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Niños y niñas han sufrido especialmente sus efectos, y existen numerosos informes de asesinato, violación, esclavitud sexual y otras formas de violencia sexual. La cultura de impunidad imperante ha protegido a los autores de la acción de la justicia. Amnistía Internacional considera que la detención de Thomas Lubanga –a quien se debe presumir inocente en tanto no se demuestre su culpabilidad– no sólo constituye un paso en la dirección correcta sino también una señal innegable para todos los autores de violaciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo, pero sigue pensando que son necesarias más medidas, tanto por parte de la Corte Penal Internacional como de la República Democrática del Congo. La organización ha instado al fiscal de la Corte Penal Internacional a garantizar que su labor de investigación y los procesamientos iniciados reflejan la diversa y compleja naturaleza de los crímenes cometidos en toda la República Democrática del Congo desde el 1 de julio de 2002. Es preciso que los crímenes cometidos por todas las partes se investiguen y procesen enérgicamente en todos los niveles. La detención y traslado de Thomas Lubanga Dyilo a la Corte Penal Internacional, si bien constituye un paso positivo, perderá todo su significado si no se dictan en breve órdenes de detención contra otros presuntos autores de violaciones de derechos humanos, tanto del lado del gobierno como de los grupos armados de oposición. Junto con otros destacados dirigentes de grupos armados en Ituri que probablemente interesen a la Corte Penal Internacional, Thomas Lubanga fue detenido hace un año a raíz de la matanza de nueve bangladeshíes que integraban una fuerza de la ONU para el mantenimiento de la paz en Ituri. Parece ser que murieron a manos de grupos armados hostiles al proceso voluntario de desarme, desmovilización y reintegración apoyado por la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). Todos ellos fueron puestos bajo arresto domiciliario y posteriormente recluidos en la prisión de Makala, en Kinshasa. Con respecto a la República Democrática del Congo, Amnistía Internacional ha pedido en primer lugar a las autoridades congoleñas que sigan cooperando con la Corte Penal Internacional mediante la captura y entrega a este tribunal de cualquier presunto autor de violaciones de derechos humanos identificado por el fiscal de la Corte; en segundo lugar, que el gobierno promulgue una legislación eficaz que permita aplicar el Estatuto de Roma y en virtud de la cual el gobierno quede facultado para cooperar con la Corte; y en tercer lugar, que dicha legislación permita a las autoridades congoleñas investigar y procesar crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en el pasado en la República Democrática del Congo, sin que importe cuándo se produjeron. Amnistía Internacional confía en que este significativo avance sirva además de elemento catalizador en el desarrollo de un sistema de justicia nacional que aborde los delitos cometidos en el curso del conflicto y garantice reparación plena a las víctimas. Información complementaria En abril de 2004, el fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que había recibido del gobierno congoleño una remisión de la situación en la República Democrática del Congo; era la segunda vez que un Estado remitía un asunto en aplicación del Estatuto de Roma. (Uganda fue el primero, cuando en diciembre de 2003 remitió la situación en el norte del país. El año pasado el Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación de Darfur, Sudán, al fiscal de la Corte Penal Internacional.) La remisión dio paso a una investigación y un examen preliminar del fiscal de la Corte Penal Internacional sobre los crímenes cometidos en la República Democrática del Congo desde el 1 de julio de 2002. Se calcula que más de cuatro millones de personas han muerto desde 1998 como consecuencia del conflicto; de ellas, más de 50.000 solamente en el distrito de Ituri. En 2005, más de 15.000 miembros de milicias han sido desarmados en el distrito de Ituri y la mayoría se ha reintegrado a la vida civil. No obstante, en Ituri se siguen cometiendo crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. A pesar de que hay un proceso de desarme, desmovilización y reintegración y una reforma del ejército en curso, sigue siendo sumamente difícil proteger eficazmente a la población civil. La Unión de Patriotas Congoleños se ha transformado en partido político, pero algunos de sus jefes militares, con miles de hombres bajo su mando, siguen oponiéndose al proceso de transición y cometiendo crímenes contra civiles en este distrito asolado por la guerra