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[SAN JUAN, 24 de agosto de 2007] - Hace siete meses que el Comité de Integración de Servicios de Protección a Menores determinó que era inminente que se estableciera un protocolo único para tratar los casos de maltrato de menores en todas las agencias. Ayer, el gobernador Aníbal Acevedo Vilá informó que para septiembre esperan tener un borrador “bastante adelantado” del documento. El Mandatario hizo el anuncio en respuesta a preguntas de la prensa sobre la razón por la cual la Policía esperó dos años antes de informar al Departamento de la Familia sobre el caso de tres infantes abusados sexualmente por su padre y un vecino en el barrio Montellano de Cidra. Según ha trascendido, la madre de los menores se querelló a la Policía en el 2005. Félix Matos, secretario de la Familia, admitió ante el Gobernador, que se enteró sobre el caso por una historia publicada el martes en el diario Primera Hora, sobre la radicación de cargos contra Pedro Colón Montalvo y Félix Guzmán Álvarez, por agredir sexualmente a dos niñas de cuatro y dos años y a un recién nacido, todos hijos biológicos de Colón Montalvo. “En el caso de Cidra, por lo menos la información que tenemos al día de hoy, no hubo una querella de maltrato en esa ocasión. Parte de la investigación que estamos haciendo es ver qué fue lo que sucedió, por qué no se dio el referido y entonces tomar las acciones pertinentes”, manifestó Matos. Mientras, Acevedo Vilá cuestionó “qué estuvo pasando y por cuánto tiempo en ese hogar, en ese vecindario y nadie dijo nada”. En enero pasado, el comité le presentó al Gobernador un informe que reveló que existe una tendencia generalizada entre las agencias públicas a responsabilizarse unas a otras por la inacción o el manejo lento y desarticulado de situaciones de maltrato y de abuso sexual. En esa ocasión, se anunció la creación de un Gabinete del Niño, que sirva de centro para que las familias busquen los servicios gubernamentales en casos de abuso sexual de menores. Según Matos, se suponía que la Policía reportara el caso a Familia tan pronto como la madre de los pequeños sometió la querella en el 2005. El superintendente Pedro Toledo, dijo que la demora en la radicación de una acusación formal podría deberse a que los niños estaban recibiendo tratamiento sicológico. Más información
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