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[31 de julio de 2006] - En el Perú, cuando un adolescente comete una infracción leve contra la ley penal, en 68% de los casos se le priva de la libertad por un tiempo no mayor a tres años, según datos oficiales. Esto pese a que el Código de Niños y Adolescentes, en respeto a tratados internacionales, recomienda utilizar la internación como último recurso, el menor tiempo posible y contempla una serie de alternativas como la remisión y el trabajo en beneficio de la comunidad, la libertad asistida y la libertad restringida. “Lamentablemente, en la práctica, estas medidas socioeducativas de medio abierto no se aplican en la mayoría de los casos”, afirma Jean Schmitz, delegado en Perú de la Fundación Terre des Hommes Lausanne, en artículo para el primer número de Justicia para Crecer, revista especializada en justicia juvenil restaurativa, en su edición de febrero de 2006 (para leer el artículo original haga clic aquí). En un intento de revertir este escenario, las organizaciones no gubernamentales Terre des Hommes Lausanne y Encuentros - Casa de la Juventud, en colaboración con las instituciones públicas y privadas relevantes, iniciaron a principios del 2005 un proyecto piloto que busca demostrar las ventajas jurídicas, sociales y económicas del modelo de justicia juvenil restaurativa frente a los sistemas retribucionista y tutelar. Responsabilidad para educar Para lograrlo, el proyecto se ha propuesto fortalecer el sistema de defensa inmediata desde la etapa policial así como el desarrollo de programas socioeducativos en medio abierto, orientados a promover la reparación a la víctima y el restablecimiento de los vínculos del adolescente con la víctima y/o con su comunidad. “Trabajar sobre la base de la responsabilidad del adolescente es clave para su educación como ciudadano, por cuanto se le considera sujeto de derechos, capaz de responder por sus actos”, señala Oscar Vásquez Bermejo, director de Encuentros - Casa de la Juventud. Entre marzo del 2005 y junio del 2006, el proyecto piloto ha atendido 192 adolescentes, de los cuales 142 fueron asumido por el proyecto dentro de un programa de acompañamiento sistemático. De éstos se han solicitado 26 remisiones, 15 archivamientos y 8 medidas alternativas a la privación de la libertad. Esta cantidad representa el 35% de los casos asumidos. Los casos restantes que siguen en el proyecto son 38 y aun no se formula ninguna solicitud. De ellos, sólo 6 volvieron a cometer una infracción a la ley penal, en tanto que 33 % se han insertado en diversas redes y programas comunitarios. Desjudicialización El proyecto actúa a través de dos equipos de intervención interdisciplinaria: el Equipo de Defensa Inmediata y el Equipo de Acompañamiento Educativo. El primero, compuesto por un abogado, un psicólogo y un trabajador social, vela por la aplicación y el respeto de los derechos de los adolescentes detenidos y, por otro lado, evalúa interdisciplinariamente la situación de cada adolescente, estableciendo criterios para su defensa y promoviendo, cuando oportuno, la remisión o la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad. “Uno de los objetivos de este proyecto es la desjudicialización de los casos de menor gravedad”, dice Oscar Vásquez Bermejo. “Tanto el Fiscal como el Juez cuentan con informes y propuestas técnicas que sustentan la remisión o medidas alternativas al internamiento”. Acompañamiento educativo Por su parte, el Equipo de Acompañamiento Educativo, compuesto por un educador social, un trabajador social y un coordinador de redes, está encargado de establecer una relación educativa con el adolescente que permita el desarrollo de actitudes responsables y de competencias necesarias para que se revincule con su entorno familiar y comunitario. El mismo equipo busca también crear o fortalecer los mecanismos de soporte familiar así como promover el acceso del adolescente a oportunidades de integración educativa y laboral, a través de alianzas con instituciones privadas y públicas de la comunidad, denominadas Unidades Receptoras. “Queremos facilitar la participación del adolescente en acciones de prestación de servicios a la comunidad, programas de tratamiento especializado en casos de consumo de drogas o violencia familiar, y servicios educativos y de esparcimiento”, añade Jean Schmitz. Monitoreo, evaluación y capitalización El proyecto tiene una duración prevista de tres años. Los gestores esperan que por medio de un proceso de monitoreo, evaluación y capitalización de la experiencia sea posible producir información y conocimiento necesario para lograr una incidencia política y social en el país. “Los operadores de justicia que participan en las zonas piloto están mostrando cada vez mayor motivación por profundizar, especializarse y aportar en la temática de la justicia juvenil restaurativa”, comenta Oscar Vásquez Bermejo. El director espera generar las condiciones para la formación de cuadros especializados con capacidad de transferir su experiencia a operadores de otras localidades para la replicación del proyecto.