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Luego de un proceso electoral inédito en la historia política de Costa Rica, en breve asumirá el nuevo gobierno constitucional, encabezado por el Dr Oscar Arias, Premio Novel de la Paz y Presidente de su país en el período 1986-1990. Sin duda, los desafíos son muchos y muy complejos, sobre todo en términos de la gobernabilidad que pueda dársele al país, luego del virtual empate electoral que obligó a dirimir el resultado a través de la revisión manual de todos los votos. En lo que atañe a las nuevas generaciones, Costa Rica cuenta con una larga y fecunda experiencia, al punto que junto a México y Venezuela, fue el único país en contar con una institucionalidad específica en el terreno gubernamental, ya en los años setenta: el Movimiento Nacional de Juventudes, adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, que dio paso –en 2002- a la creación del Consejo Nacional de Política Pública para la Persona Joven, manteniendo la misma adscripción institucional. En todo este largo período de trabajo, Costa Rica ha aportado al conjunto de los países latinoamericanos varias y muy fecundas experiencias de trabajo, especialmente en lo que atañe al desarrollo de programas de voluntariado juvenil, así como a otros programas relacionados con la participación juvenil en muy diversas esferas. Sin embargo, el trabajo del MNJ se caracterizó –durante casi toda su existencia- por ser un organismo ejecutor de pequeños programas y proyectos, más que un organismo articulador del conjunto de políticas públicas relacionadas con la juventud, algo que se está intentando cambiar en estos últimos años, con la aprobación de una Ley de Juventud, el diseño y la aprobación de una Política Pública de la Persona Joven y el establecimiento del ya destacado Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven. Esta nueva etapa marca un salto cualitativo adicional muy relevante, en lo que atañe a los enfoques con los que están construidas estas nuevas herramientas de trabajo, en la medida en que todo este proceso de construcción legal, programática e institucional, ha estado marcado por un apego irrestricto al enfoque de derechos, superando decididamente el enfoque de riesgo, en buena medida predominante en la toda la historia previa en estos dominios. Adicionalmente, esta última etapa está también teñida por la intención explícita de lograr la más amplia participación de los propios jóvenes en el diseño y la aprobación de estas nuevas herramientas de trabajo, visibles –por ejemplo- en el hecho de que la Política Pública de la Persona Joven no solo fue diseñada con un gran protagonismo juvenil, sino que fue aprobada por los propios jóvenes y luego simplemente refrendada en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se han enfrentado numerosas dificultades al momento de elaborar un Plan de Acción consistente con la Política Pública y sobre todo en la puesta en práctica de dicho Plan. Evidentemente, las lógicas burocráticas de cualquier Estado en América Latina, complican significativamente la implementación de cualquier programa (y Costa Rica no es una excepción) pero a ello habría que sumar las propias limitaciones del ejercicio realizado en los últimos años, exageradamente concentrado en definiciones de principios y orientaciones generales, descuidando en buena medida la aplicabilidad efectiva de las mismas, y también exageradamente concentrado en la participación de algunos jóvenes (siempre son algunos, aunque el proceso sea muy amplio) descuidando en cierta medida la participación de los muchos adultos que trabajan cotidianamente con jóvenes. Aquí radica seguramente una de las principales oportunidades y al mismo tiempo uno de los principales desafíos a encarar desde el nuevo gobierno: poner en práctica efectivamente estas orientaciones, corrigiendo sus limitaciones y tratando de ir mucho más allá en el esfuerzo. Para ello, será preciso impregnar al conjunto de las políticas públicas con una perspectiva generacional, que aproveche el enorme potencial que tienen las y los jóvenes costarricenses, en su calidad de actores estratégicos del desarrollo, participando activamente en su calidad de ciudadanas y ciudadanos.