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[26 de octubre de 2010] - Amnistía Internacional ha instado hoy al rey saudí a detener la ejecución de una joven srilankesa que ha perdido el recurso de apelación contra la pena de muerte que le impusieron por un asesinato cometido cuando, según afirma, tenía 17 años. El lunes el Tribunal Supremo de Riad confirmó la pena de muerte impuesta a Rizana Nafeek, que fue detenida en mayo de 2005 acusada del asesinato de un bebé que cuidaba. En este momento, el caso está a la espera de la ratificación final del rey Abdullá. Mahinda Rajapaksa, presidente de Sri Lanka, ya ha apelado al rey para que conceda el indulto. "Sería una vergüenza que Rizana Nafeek fuera ejecutada por este delito", ha declarado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. "Al parecer, era menor de 18 años en el momento de la comisión del delito, y existen motivos reales de preocupación por lo que se refiere a la imparcialidad de su juicio." "Arabia Saudí ha tenido uno de los índices de ejecución más altos del mundo, entre cuyas principales víctimas figuran los migrantes procedentes de países pobres y en desarrollo." Rizana Nafeek entró en Arabia Saudí en mayo de 2005 para trabajar como empleada doméstica con un pasaporte en el que consta febrero de 1982 como fecha de nacimiento, aunque asegura que realmente nació seis años más tarde, en febrero de 1988, como figura en su certificado de nacimiento. Si nació en febrero de 1988, sólo tenía 17 años en el momento de la comisión del delito por el que ha sido condenada a muerte. Rizana Nafeek no tuvo acceso a abogados durante su interrogatorio en prisión preventiva, cuando afirma que la agredieron, o en su primer juicio. Al principio "confesó" el asesinato, pero luego se retractó de esa confesión, que asegura la obligaron a hacer coaccionándola tras una agresión física sufrida mientras se encontraba detenida. Tras ser condenada a muerte el 16 de junio de 2007 por un tribunal de Dawadmi, la causa de esta empleada doméstica ha ido pasando por diversos tribunales hasta que a principios de esta semana el Tribunal Supremo confirmó la pena de muerte. Ahora ha sido remitida al rey Abdullá y, si la ratifica, puede ser ejecutada en cualquier momento. El tribunal que la condenó se basó, según los informes, en la edad que figuraba en su pasaporte y no permitió que se tuviese en cuenta su certificado de nacimiento ni ninguna otra prueba de su edad. Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, Arabia Saudí está obligado a no ejecutar a personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de 18 años. En 2007 las autoridades saudíes ejecutaron al menos a 158 personas, 76 de las cuales eran ciudadanos extranjeros, y en 2008, al menos a 102, entre ellas casi 40 extranjeros. Se sabe que en 2009 fueron ejecutadas al menos 69 personas, 19 de las cuales eran ciudadanos extranjeros. Desde comienzos de 2010 se ha ejecutado al menos a 21 personas, entre ellas 5 extranjeros. En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte por una amplia variedad de delitos en procesos judiciales que incumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Raras veces se permite a los acusados contar formalmente con asistencia letrada, y en muchos casos no son informados de la marcha de los procesos judiciales entablados en su contra.