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Las limitantes de acceso al derecho de petición, queja o reclamo, evidenciadas en el Monitoreo de Violencia en Centros de Custodia y de Cumplimiento según el Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia realizado por la Defensoría del Pueblo y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), es uno de los principales obstáculos que afrontan los jóvenes privados de libertad, ya que a pesar que los adolescentes conocen que poseen este bien inalienable existe una apatía por parte de ellos para ponerlo en práctica, por miedo a las represalias o a la censura.
Por lo anterior, la Defensoría y al UNICEF han impulsado la implementación e instalación del Buzón de Quejas, ideado como un mecanismo sencillo, innovador y de fácil acceso para que los jóvenes privados de libertad tengan la posibilidad de ejercer el derecho de petición, sin censuras previas, lo que surge como una recomendación del monitoreo realizado.
Los Buzones de Quejas serán instalados en los Centros de Custodia y Cumplimiento de Adolescentes, ubicados en Herrera, Chiriquí, Colón y Panamá, los cuales serán revisados periódicamente por funcionarios de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, el Defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas, indicó que el método a utilizar por los jóvenes para presentar sus quejas será anónimo, a fin de que los adolescentes pierdan el temor al hacer sus reclamaciones más prescindibles ante las autoridades administrativas de los centros de custodia, tales como el derecho a la alimentación, la salud, la educación, el trato personal, entre otros.
El Ombudsman agregó que los Centros de Custodia y Cumplimiento cumplen un rol protagónico en el arduo camino a la resocialización de los jóvenes, por lo que es responsabilidad de todos optimizar los escasos recursos asignados para ello.
“La situación de los adolescentes privados de libertad en Panamá afronta grandes problemas; sin embargo, el Monitoreo de Violencia en Centros de Custodia y Cumplimiento según el Régimen de Responsabilidad Penal para la Adolescencia es un instrumento que contribuye a visibilizar las obligaciones que tiene el Estado frente al cumplimiento de las normas, legislaciones vigentes y acuerdos suscritos en materia de derechos humanos a favor de las personas menores de edad”, puntualizó Vargas.
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