Enviado por Jesica el
C. tiene trece años y el pasado mayo denunció haber sido violada por un compañero de trabajo de su padre. Su historia, por desgracia, podría ser una más de un país, México, en el que cada año 520.000 menores sufren una agresión sexual. Sin embargo, ella se quedó embarazada tras la agresión y un juez le ha denegado ahora la opción de abortar pese a que es una práctica permitida en su caso.
Todo comenzó la mañana del lunes 16 de mayo de este año. La muchacha, que vive en una comunidad de bajos recursos en el norteño estado de Sonora, no había tenido que acudir a clase porque se celebraba el día del maestro. Fue entonces cuando el hombre llegó a su vivienda en busca del padre y, aprovechando que estaba sola, la violó.
Ese mismo día, por la tarde, la niña acudió a comisaría junto a sus hermanos para denunciar la agresión. Los exámenes médicos a los que fue sometida le dieron la razón, aunque C. no recibió atención psicológica ni se le ofreció una pastilla anticonceptiva de emergencia.
Delito de estupro
Semanas después llegó la noticia del embarazo y la joven decidió abortar, una medida legal en México siempre que la concepción se haya producido fruto de una violación. Pero el juez que se ocupa del caso ahora se lo impide porque considera que en realidad no se trataba de una violación, sino de un delito de estupro: la chica, engañada, habría accedido a mantener relaciones.
Regina Tamés, presidenta de la organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida y encargada de asesorar a C., ha relatado en varios medios que «no hay impedimento legal para que las autoridades le nieguen el aborto (...) Ella fue víctima de una agresión sexual, y como tal, es irrelevante lo que el juez estime como delito penal».
Gilberto Ungson, secretario de Salud de Sonora, dijo a la agencia AFP que la clasificación del delito de estupro fue responsabilidad del juez y por ello la dependencia está imposibilitada legalmente para cumplir con la solicitud de realizar un aborto por parte del padre de la menor. En todo caso, explicó que varias instituciones gubernamentales dan seguimiento y la atienden con «asistencia psicológica, legal y de protección de sus derechos».
Un problema enquistado en México
La historia de C. ha reabierto el debate acerca del aborto en el país. En 2007, la capital mexicana se convirtió en la única entidad federativa de México que despenalizó el aborto sin restricciones hasta las 12 semanas, mientras que en otros estados se incluyen algunas excepciones, como en el caso de violación o por cuestiones sanitarias. Sin embargo, tras la despenalización en Ciudad de México, se desató una oleada de modificaciones legales en la mitad de los 32 estados que conforman el país para considerar al feto como un sujeto de derecho jurídico desde el momento de la concepción, con lo que la mujer que aborta puede ser enviada a prisión.
La Suprema Corte, que declaró constitucional la reforma legal en Ciudad de México, ha discutido en los últimos años distintas controversias relativas al aborto. Hace un mes, la primera sala del máximo tribunal debatió un proyecto que proponía declarar inconstitucionales dos artículos del código penal federal, uno de los cuales castiga hasta con cinco años de prisión el aborto