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[20 de julio de 2006] - En Colombia, presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante los últimos 18 meses han cobrado la vida de por lo menos ocho menores de edad en hechos ocurridos en los departamentos de Antioquia, Chocó y Cesar, según comunicados recientes de organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales. En todos los casos, las víctimas fueron presentadas ante la opinión pública como “guerrilleros muertos en combate” por parte del Ejército Nacional y se suman a una serie de supuestas ejecuciones ocurridas entre los años 2005 y lo que va corrido del 2006 que viene siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación y las propias fuerzas militares, sin que hasta el momento se conozcan resultados concretos que aclaren los casos y se castigue a los culpables. El tema ha sido advertido por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional, así como por el Comité Institucional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Antioquia y la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos y el Desarrollo del Oriente Antioqueño. Manipulación de los hechos Si bien no hay un estimado global de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, Amnistía Internacional, en un informe divulgado a comienzos de junio de este año, advirtió que “continuaron (en Colombia) los informes sobre ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad y cálculos indicaban que la cifra ascendía a por lo menos 100 personas”. Carmen Rosa Villa, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, observa en su informe de Colombia para el 2005 un incremento en las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, y advierte sobre la manipulación de los hechos: “La Alta Comisionada expresa su preocupación porque se ha observado un mayor incremento de denuncias sobre acciones atribuidas a miembros de la fuerza pública, y esta información se registra en todo el país. Preocupan las ejecuciones presentadas por las autoridades como muertes de guerrilleros en combate y las alteraciones de la escena del crimen, en donde visten a las víctimas en algunos casos con atuendos de guerrilleros para ocultar los hechos o simular combates”. Patrón de conducta La funcionaria evidencia, además, su preocupación porque esta acción violatoria de los derechos humanos se viene convirtiendo en un patrón de conducta. Asimismo, por la negación del tema que hacen algunas autoridades, y por la ausencia de sanciones a los autores. En respuesta, las autoridades militares colombianas han confirmado la apertura de 29 investigaciones que involucran a miembros de la institución. La discusión ahora es sobre qué instancia judicial debe investigar los casos, si la Penal militar o la justicia ordinaria. *Artículo escrito por Juan Diego Restrepo E. del Instituto Popular de Capacitación (IPC) de Medellín, Colombia.