Enviado por Jesica el
9 de marzo de 2016 - El pasado 3 de marzo, en horas de la madrugada, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio que la activista indígena Berta Cáceres compartía junto a su familia y le efectuaron diversos disparos que terminaron con su vida. Cáceres se había mudado a La Esperanza, departamento de Intibucá, en Honduras debido a las reiteradas amenazas que había sufrido como represalia por su militancia por los derechos de los grupos naturales de la tierra, el Medio Ambiente y los Derechos Humanos.
Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993 era su coordinadora general y actualmente encabezaba una campaña contra la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque.
Human Rights Watch, emitió un comunicado resaltando la prolongada labor de Cáceres e indicó que Honduras debe asegurar que la investigación sobre el asesinato de la líder indígena y activista por los derechos ambientales "sea exhaustiva e imparcial".
Por su parte, la Comisión Interamerica de Derechos Humanos, expresó su repudio por el asesinato de Cáceres y recordó que la misma " era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH en 2009 y en repetidas ocasiones había denunciado de forma pública la situación de grave riesgo y hostigamiento en la que se encontraba".
El sobrino de Cáceres, Silvio Carrillo, se reunió con el Secretario General de la OEA y juntos pidieron por una investigación transparente para llegar al esclarecimiento del hecho.
Esta misma semana, el presidente de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos en México, denunció que se habían registrado 29 homicidios y tres desapariciones de defensores de Derechos Humanos entre enero de 2010 y 2015. Esto, sumado al reporte de Global Witness sobre ataques a activistas medioambientales, muestran la incidencia de un fenómeno generalizado.