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[WASHINGTON DC, 4 de agosto de 2010] - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, hizo pública el 2 de agosto, su decisión en el caso Wayne Smith, Hugo Armendariz vs. Estados Unidos, donde concluyó que la política de deportación de los Estados Unidos lesiona los derechos humanos fundamentales a la protección de las familias y de los niños. Esta ley se aplica sin tomar en consideración la posible destrucción de familias, y sin evaluar cuál es el mejor interés de los niños afectados, así como otras consideraciones humanitarias importantes. Los señores Wayne Smith y Hugo Armendariz, residentes legales en los Estados Unidos por 25 y 35 años, respectivamente, fueron deportados por la comisión de delitos no violentos, ocurridos muchos años antes. Ninguno de ellos tuvo oportunidad de presentar evidencia sobre su rehabilitación, situación familiar, y otras razones de equidad que podían justificar su permanencia en el país. Al no permitirles presentar estas evidencias el gobierno lesionó los derechos de sus familiares, ciudadanos americanos, a la protección y no separación de la familia. Estados Unidos también violó el deber de protección especial de los menores de edad, afectados por la deportación de sus padres. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la firma de abogados Gibbs, Houston Pauw y el Center for Global Justice de Seattle University School of Law, representantes legales en el caso, urgen al gobierno de Estados Unidos a eliminar la política de deportación mandatoria y exhortan que se apruebe nueva legislación migratoria que respete y proteja los derechos humanos. "Bajo la ley migratoria actual, los jueces no tienen otra opción que ordenar la deportación. Esto ocurre sin importar los efectos destructivos que la deportación causa sobre los familiares e hijos menores de los deportados, quienes en muchas ocasiones son ciudadanos americanos. Este quebrantado sistema no permite que los jueces puedan mantener a las familias unidas", dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. En esta histórica decisión, la CIDH determinó que en los procesos decisorios que involucran la posible separación de la familia, tiene que celebrarse una audiencia en la cual el juzgador reciba evidencia y haga un balance de los derechos involucrados, de modo que la destrucción de la familia únicamente esté justificada cuando exista un interés superior de protección al orden público. La Comisión estableció que el examen y balance de derechos es necesario, como único mecanismo para alcanzar una decisión justa que tome en cuenta las protecciones de los derechos humanos individuales y los fundamentos del Estado. De acuerdo con la decisión, Estados Unidos debe permitir que Wayne Smith y Hugo Armendariz regresen al país para ser reunificados con sus familias. También tienen derecho a ser escuchados por las cortes, algo que les fue negado bajo la política actual de deportación. "Este caso demuestra la urgente necesidad de una reforma migratoria", dijo Robert Pauw, abogado principal en el caso. "La nueva legislación debe dar prioridad a los mejores intereses de los menores, ciudadanos americanos, así como a proteger la unidad familiar. La deportación debe ser aplicada únicamente a aquellos individuos que representen un peligro real a la sociedad." Para CEJIL, es crucial que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para proteger a sus ciudadanos y residentes. Incluso en las democracias fuertes, con una larga trayectoria de compromiso con la supremacía de la ley, los tratados de derechos humanos sirven para salvaguardar los derechos fundamentales. Todos los estadounidenses se benefician, por lo tanto, cuando Estados Unidos se compromete a respetar ciertas normas básicas de respeto a la dignidad humana y toma medidas concretas para cumplir esos compromisos. Información adicional
pdf: http://cejil.org/comunicados/la-comision-interamericana-de-derechos-huma...