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[22 de julio de 2013] - Las agencias de salud de la Florida han actuado con “indiferencia deliberada ante el sufrimiento” de niños enfermos y discapacitados, no ofreciendo a los padres otra opción “significativa” que la de almacenar a sus hijos en asilos junto con ancianos, dijo el Departamento de Justicia de EEUU en una demanda contra el estado presentada el lunes. La división de derechos civiles del Departamento de Justicia acusó al estado de violar la histórica Ley sobre los Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990, que prohíbe la discriminación contra las personas con necesidades especiales, al surtir de fondos y administrar de manera tan pobre sus programas comunitarios, que cientos de niños se han visto obligados a vivir, y a veces a crecer, en instituciones para personas mayores. En septiembre pasado, el Departamento de Justicia dijo a los administradores estatales de la atención médica que el sistema de cuidados para los niños enfermos y discapacitados de la Florida era discriminatorio, ya que no podía ofrecer a los padres oportunidades significativas para la atención de sus hijos médicamente frágiles fuera de las grandes instituciones segregadas. Aunque el estado hizo reformas a medias, dijo el Departamento de Justicia, la discriminación ha persistido. El Departamento de Justicia, dice la demanda, “ha determinado que el cumplimiento de la ADA no puede ser garantizado de manera voluntaria” por el estado. El Departamento de Justicia ha pedido a un juez federal que declare el programa estatal para niños con discapacidad en violación de la ley federal, y que obligue al estado a dejar de almacenar a los niños en instituciones. “La reclusión innecesaria en instituciones niega a los niños la oportunidad plena de desarrollar y mantener el vínculo con la familia y los amigos; perjudica su capacidad de interactuar con sus compañeros sin discapacidad, y les impide experimentar muchas de las actividades sociales y recreativas que contribuyen al desarrollo de los niños”, dice la demanda . Y añade: “Muchos de los niños internados en instituciones permanecen en instalaciones durante muy largos períodos de tiempo, incluso cuando es evidente que sus condiciones médicas les permitirían regresar a la comunidad con el apoyo adecuado”. La demanda, dirigida principalmente contra la Agencia para la Administración de la Atención Médica del estado, el Departamento de Salud y el Departamento de Niños y Familias, llega tras varios meses de reportajes en profundidad de The Miami Herald sobre la situación de los niños. Un portavoz de la Agencia para la Administración de la Atención Médica dijo que el gobierno federal se está inmiscuyendo en los asuntos del estado. La demanda parece ser una de las acciones oficiales finales de Thomas E. Pérez, que dirigió la división de derechos civiles del Departamento de Justicia hasta la obtención de la aprobación del Senado la semana pasada para ser el secretario del Trabajo del presidente Barack Obama, una designación que se había diferido durante meses. En gran medida, la controversia es sobre el dinero: A pesar de que los administradores de la atención médica de la Florida han aumentado el pago por las camas de los asilos pediátricos en cerca de 30 por ciento –el estado pagará ahora alrededor de $550 diarios por cada niño recluido en un asilo–, el estado ha recortado insistentemente los servicios para las familias que luchan por atender a un hijo severamente discapacitado en su domicilio. Las tasas de reembolsos para los proveedores de servicios en la comunidad han permanecido estancadas desde 1987, según la demanda, dando lugar a “una escasez de servicios de enfermería en algunas partes del estado”. DISCAPACIDAD: Manual de uso de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (19 de mayo de 2009)