El órgano, que vela de manera independiente por el cumplimiento de los derechos de la infancia, ha expresado su pesar por los acontecimientos en el Instituto Joan Fuster y ha solicitado que se pongan a disposición de los alumnos, profesores, familias y resto de personal de la comunidad educativa del centro "los mecanismos, recursos humanos y materiales posibles para ofrecer una atención psicológica adecuada que contribuya a la elaboración del duelo".
Asimismo, considera que se debe realizar un "estudio adecuado en el entorno del menor agresor en el que se conozcan las posibles causas de los hechos". Igualmente, considera importante "desde una perspectiva preventiva" incidir en "aquellos aprendizajes antisociales que los menores desarrollan en los entornos familiar y social, combatiéndolos a través de una efectiva educación en valores".
Y por último, el Consejo de Protección a la Infancia ve "necesario trabajar con el menor agresor y con su familia" por entender que "dicho menor también es una víctima del sistema social y por lo tanto debe ser atendido con todos los medios al alcance".
En opinión de este organismo, los diferentes agentes políticos y sociales "tienen la responsabilidad de analizar en profundidad los entresijos de este caso y replantearse la educación que los niños, adolescentes y jóvenes reciben hoy día".