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[20 de junio de 2011] - La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) anunció que el servicio militar obligatorio, tal como se ha planteado por parte del gobierno, va en contra la Constitución de la republica y los convenios internacionales subscritos por el país. “La Constitución de la república que establece la obligatoriedad de dicho servicio únicamente para las personas mayores de edad. Contraría además obligaciones construidas por el estado de El Salvador en tratados internacionales tales como la convención sobre los derechos del niño, que obligan al estado a no reclutar forzosamente en sus fuerzas armadas a personas menores de 18 años” aseguró Oscar Luna, procurador de los derechos humanos. El servicio militar civil obligatorio fue anunciado por el presidente de la república, Mauricio Funes, el pasado 1 de junio durante su discurso de segundo año de gobierno, con el objetivo de integrar a 5 mil jóvenes para su protección contra el riesgo de ingresar a las pandillas. Luna considera que esta medida constituiría una acción discriminatoria contra los jóvenes que viven en pobreza porque cuando la mayoría de las zonas controladas por pandillas están ubicadas en zonas de bajos ingresos. “A mi juicio se estaría criminalizando la pobreza” sentenció Al respecto el ministro de Defensa, coronel David Mungía Payes, ya ha señalado que el proyecto aún se encuentra en la fase de diseño. El reclutamiento, si bien sería militar no se utilizarían armas de ningún tipo. Se trataría de brindarles cursos que permitan canalizar energía, como cursos de paracaidismo o de carpintería. El objetivo será darles disciplina y conocimientos que les permitan integrarse a la sociedad. El procurador hizo un llamado para que la medida sea socializada, discutida con todas las instituciones, entidades y sociedad incluyendo a los que se verían afectados. El objetivo sería construir en forma conjunta la mejor forma de combatir la delincuencia. El principal problema que la PDDH encuentra con la propuesta es que independientemente de si se les adiestra militarmente o no, se haría dentro de los cuarteles. A su parecer lo ideal sería que se dediquen todos los fondos y recursos que se tienen planteados para este proyecto en una iniciativa civil que vaya acorde a la constitución y a los tratados de derechos humanos. [“La idea de rescatar a los jóvenes puede ser en un proyecto de formación profesional y laboral donde se les pongan instructores para que aprendan deportes y diferentes oficios y no que estén en los cuarteles”, dijo.] Aunque se cambiaran los lugares en donde se impartirán los cursos el problema persistiría. Pese a que el procurador considera que toda persona tiene derecho a ser protegida, porque así lo establece la constitución, también tiene derecho a elegir que acciones tomar dentro del marco de la legalidad por lo que ningún programa puede ser de carácter obligatorio. Finalmente Luna exhortó al órgano ejecutivo a elaborar una política pública holística y amplia para hacer frente a la violencia juvenil, abordando los factores sociales y las causas que originan el problema de las maras. Información adicional:
pdf: http://www.lapagina.com.sv/nacionales/52880/2011/06/20/Oscar-Luna-“A-mi-juicio-con-el-servicio-militar-obligatorio--se-estaria-criminalizando-la--pobr