EL MUNDO: Llamado por una justicia penal juvenil eficiente, especializada, justa y respetuosa de derechos

En ocasión del XII Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Crimen y Justicia Criminal Salvador, Brasil, 12 al 19 de abril de 2010 Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI), Movimiento internacional por los derechos de niños, niñas y adolescentes, con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y las Organizaciones abajo firmantes, hacen un llamado a los Estados a tomar acciones inmediatas para garantizar el funcionamiento de sistemas de Justicia Penal Juvenil eficaces, especializados, justos y respetuosos.

DNI invita a otras organizaciones que comparten su visión a que firmen la declaración. Para añadir su firma, contactar a

[email protected].

Fecha límite: 15 de april del 2010

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Los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de la violencia en el mundo. Tal como señalan las conclusiones del Estudio Mundial de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, los entornos en los cuales la violencia es particularmente significativa son: la familia, la escuela, la comunidad y las instituciones del Estado.

Un área que refleja crudamente la realidad de la violencia desde las instituciones del Estado es la Justicia Penal Juvenil, referida a la reacción estatal frente a los casos de infracciones o delitos imputados a, o cometidos por, personas adolescentes.
 
Si bien existen instrumentos internacionales1, ratificados o suscritos por la mayoría de los Estados, para garantizar que los casos de delitos se resuelvan de manera efectiva, eficiente, especializada justa y respetuosa, sin menoscabo de los derechos fundamentales, en la práctica estas normas no se cumplen.

Los instrumentos internacionales establecen la especialización de los sistemas de Justicia Penal Juvenil atendiendo a su contenido socioeducativo, considerando la edad de los sujetos, y la imposición de sanciones que no sean privativas de libertad en forma preferente a la privación de la libertad. Asimismo, señalan que los Estados deben dar respuesta a los delitos esforzándose en alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de las personas adolescentes autoras de la infracción, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública y la prevención del delito.

Si bien muchos Estados han desarrollado una legislación específica sobre Justicia Penal Juvenil, siguiendo los principios internacionales, aún es necesario desarrollar más acciones para tener sistemas de justicia especializados. Las recomendaciones recurrentes del Comité sobre Derechos del Niño y otros informes internacionales muestran que muchos Estados no han asumido a cabalidad la aplicación de las sanciones socioeducativas establecidas en los compromisos internacionales, ni han asignado los suficientes recursos para una aplicación amplia y efectiva de estas medidas. Al contrario, se mantiene el uso y abuso de la privación de libertad, como se observa en la sobrepoblación de las cárceles.

En forma permanente se conocen casos de violaciones de derechos particularmente graves contra personas adolescentes, como los asesinatos, la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, las detenciones arbitrarias o ilegales, además de las ya conocidas críticas condiciones de los centros de privación de libertad. Estas situaciones han sido señaladas en el Estudio Mundial sobre Violencia contra los Niños, en el Informe Provisional 2009 del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, varios informes de la Organización Mundial contra la Tortura, y en otros estudios internacionales y nacionales.

En ese contexto, observamos sistemas de justicia que funcionan en condiciones inadecuadas generando mayor violencia, a la vez que son más acentuadas las preocupaciones sociales por la situación de inseguridad. Esta realidad muestra que no se está brindando ninguna respuesta eficaz a los conflictos generados por los delitos, al contrario, se debilita el Estado de Derecho y permanecen pendientes los compromisos dirigidos hacia la especialización de los sistemas de Justicia Penal Juvenil de acuerdo con los estándares internacionales.

Llamado

Ante ello, las Organizaciones firmantes exigimos a los Estados realizar las siguientes acciones para consolidar sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil:

• Asumir mayores compromisos dirigidos a erradicar las prácticas violentas dentro los sistemas de Justicia Penal Juvenil, garantizando la vigencia de las normas internacionales y estableciendo mecanismos que permitan la denuncia de las víctimas y la investigación de los casos, además de monitoreo periódico con participación de la sociedad civil.
• Aplicar los estándares internacionales para la especialización de la Justicia Penal Juvenil para, de esa manera, poner en funcionamiento sistemas de justicia que sean realmente justos, y efectivos y eficientes en la solución de los conflictos generados por el delito.
• Capacitar y profesionalizar a todos los actores del sistema: Jueces, fiscales,defensores, autoridades y profesionales de la ejecución de medidas,policías, educadores, etc. a fin de hacer más eficiente el sistema integral de justicia.
• Implementar políticas de Justicia Penal Juvenil enmarcadas en las directrices de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General No 10 y demás instrumentos de las Naciones Unidas.
• Velar porque las políticas de Justicia Penal Juvenil tengan un carácter especializado, que se exprese en su contenido socioeducativo, entendido como la asunción de la responsabilidad por las infracciones cometidas y sus consecuencias, a través de programas integrales con perspectiva multidisciplinaria, que sean coherentes y orientados a lograr una mejor inserción social, familiar, escolar y comunitaria, que involucre a los y las adolescentes y sus familias.
• Considerar la elevación de la edad mínima de responsabilidad penal y mantener la edad máxima en 18 años. No existe ninguna información confiable que señale que la baja de la edad mínima reduzca los niveles de delincuencia o de inseguridad.
• Desarrollar una política social para la población adolescente que sea incluyente y permita procesos adecuados de socialización a través de la familia, la escuela, y la comunidad, evitando la criminalización de la juventud.
• Priorizar la inversión en políticas públicas sobre niñez y adolescencia, promoviendo sistemas nacionales de protección integral, para combatir la inequidad y la exclusión social y la desigualdad de oportunidades, mejorando los mecanismos de recogida, análisis y empleo de datos que permitan mayor eficiencia en el abordaje de las causas que generan el conflicto con la ley penal y la vulnerabilidad social de niños/as y adolescentes.
• Adoptar modelos de desarrollo que sean incluyentes, justos y equitativos que faciliten la vivencia de los Derechos Humanos y abran oportunidades para todos los sectores de la población.
• Establecer políticas para los medios masivos de comunicación que presenten el fenómeno de la adolescencia, el delito y las políticas públicas desde una perspectiva de responsabilidad e inclusión evitando la criminalización de la población adolescente.