Enviado por jthomas el
[9 de marzo de 2015] - Si usted tiene 17 años y es arrestado por algún delito, el lugar a donde vaya depende básicamente del estado en el que radique.
Si bien, por lo general fiscales y jueces logran sacar a los adolescentes del Sistema Judicial Juvenil y levantarles cargos como adultos si el delito es muy serio, nueve entidades, entre ellas Texas, clasifican automáticamente como adultos a los acusados de 17 años. En Carolina del Norte y Nueva York, los de 16 años siempre comparecen ante tribunales para adultos.
Pero dichos estados ya son pocos. En el transcurso de los últimos años, Illinois, Massachusetts, New Hampshire, Mississippi, Rhode Island y Connecticut han elevado a los 18 años la edad a la que se considera a alguien de manera automática adulto en el sistema de justicia penal. Muchos diseñadores de políticas aún creen que ciertos individuos deben pasar tiempo tras las rejas como si fueran adultos independientemente de su edad, pero, como política base, los legisladores cada vez están estableciendo a los 18 años la edad de “responsabilidad penal” adulta, mencionando el hecho de que a los 17 años los cerebros de los adolescentes aún están desarrollándose, y que continúan formándose hasta bien entrados los 20, y que estos menores resultan particularmente vulnerables a los abusos en los penales para adultos.
Las campañas por ‘subir la edad’ están popularizándose en Carolina del Norte, Nueva York y Wisconsin. El debate es particularmente acalorado en Texas, que a menudo ha sido considerado barómetro nacional en lo relativo a la reforma en la justicia penal. Los argumentos que presentan en dicha entidad tanto opositores como personas a favor de elevar la edad de responsabilidad penal, demuestran las dificultades registradas en todos los estados que han considerado modificar esta política engañosamente sencilla. En este tema pasa lo mismo que en tantos asuntos sobre políticas, el dinero juega un papel fundamental.
A partir de 1918, Texas ha considerado a los adolescentes de 17 años como adultos cuando cometen delitos, pero en los últimos años esta política ha colocado cada vez más al estado en desacuerdo con los estándares federales. Cuando la Suprema Corte de Estados Unidos en el 2012 invalidó las cadenas perpetuas sin derecho a libertad anticipada para cualquier persona menor de 18 años, el entonces gobernador Rick Perry tuvo que convocar a una sesión legislativa especial a efecto de crear una pena nueva para los homicidas capitales de 17 años de edad.
Y ahora, la implementación del Decreto para la Eliminación de la Violación Carcelaria 2003, que estipula que los adolescentes de 17 años sean separados (por medio de “vista y sonido”) de internos de más edad con el propósito de protegerlos de agresiones sexuales, ha ocasionado fuertes gastos a los penales de Condado (ésta era también una de las razones por las que Perry señaló que el estado no acataría en su totalidad la ley sobre violación carcelaria).
A consecuencia de dichos costos, hoy en día las corporaciones policiacas de los condados y varias cárceles texanas grandes apoyan la campaña por aumentar a 18 años la edad, a fin de no tener que pagar para separar a los pocos menores que les llegan cada año. Su apoyo ha resultado crucial para inclinar la postura política hacia un cambio. Pero sigue habiendo oposición, por parte de quien algunos consideran el legislador con mayor influencia en temas de justicia penal. El senador estatal demócrata por Houston, John Whitmire, director del Comité de Justicia Penal del Senado, señala el Sistema Estatal de Justicia Juvenil plagado de escándalos y dice que no se cuenta con herramientas suficientes para atender a una ola de jóvenes de 17 años. Por lo general Whitmire es calificado como reformista, por lo que su oposición representa un obstáculo mayor.
Quienes se oponen a aumentar la edad, desde Texas hasta Nueva York y Carolina del Norte, argumentan la posibilidad de que los sistemas juveniles no sean capaces de manejar el costo de todos estos menores de 17 años. Resulta más caro retener a jóvenes en centros o manejar su libertad condicional puesto que legalmente tienen derecho a educación, tratamiento y otros programas que para los adultos no son necesarios.
En el reporte que la Legislatura de Texas ordenó hacer el año pasado se descubrió que cuesta 366.88 dólares diarios albergar a un menor en un centro juvenil y 50.04 dólares tener a un interno adulto. La libertad anticipada de un adulto representa 2.99 dólares diarios, mientras que la de un menor asciende a 22.42 dólares.
Pero quienes apoyan la medida aseguran que los beneficios económicos a largo plazo son mucho mayores. Michele Deitch, profesora de la Universidad de Texas en Austin, que ha hecho extensas investigaciones entre los menores encarcelados, menciona datos actuales que sugieren que a la mayoría de los adolescentes de 17 años se les concede libertad condicional cuando son enviados al Sistema Juvenil, de acuerdo con leyes estatales.
A raíz de que en el 2007 alcanzara al Sistema de Justicia Juvenil texano un escándalo sobre abuso sexual, los legisladores empezaron a remitir más menores a programas comunitarios y, para el 2012, el número de menores encarcelados en los centros juveniles estatales había bajado más del 66 por ciento, de 4 mil 700 a menos de mil 500. Las tasas delictivas de los menores de edad han estado bajando alrededor de todo el país. De continuar dicha tendencia, en los centros juveniles habrá espacio para los pocos adolescentes de 17 años provenientes del sistema para adultos a quienes no se conceda libertad condicional.
Deitch señaló que además de los nuevos requisitos para separar a los menores de los adultos –que reafirman el Decreto para la Eliminación de la Violación Carcelaria, pero que también podrían reforzarse si el Congreso autoriza nuevamente el Decreto para la Prevención y la Delincuencia en la Justicia Civil, que se espera este año– existen otros beneficios en cuanto al costo. Si se les envía al Sistema Juvenil, dice Deitch, los menores de 17 años participarán en más programas y tendrán menos probabilidades de cometer delitos a futuro. O como indica el informe legislativo, “la juventud se convierte en contribuyentes, en vez de una carga para los contribuyentes”. Pronosticar el futuro siempre es especular, pero en el reporte se calcula que “cada menor rehabilitado puede llegar a ahorrar a los contribuyentes entre 1.7 y 2.3 millones de dólares en costos de justicia penal a futuro”. En otras palabras, para ahorrar se tiene que gastar.
Pero toda la plática sobre costos a corto y largo plazo debe abordar la manera en la que los diseñadores de las políticas y el público perciben a los adolescentes de 17 años. En el resto de los estados que aún no elevan la edad, Georgia, Louisiana, Michigan, Missouri y Carolina del Sur, se registra poco movimiento visible para aumentarla de 17 a 18 años. En Texas, los proyectos de ley destinados a subir la edad pronto serán analizados por el Comité de Justicia Penal que Whitmire encabeza. El senador dijo recientemente al Houston Chronicle, “creo que a los 17 años uno debe de saber distinguir entre el bien y el mal”.