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El Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, instancia que examina el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, expresó su preocupación por la situación de pobreza que vive la mayoría de niños y niñas en el Perú, el alto índice de desnutrición infantil, el bajo nivel de la educación, la alarmante violencia con los niños y niñas y el incremento de trabajo infantil y la explotación sexual.
Entre sus principales observaciones y recomendaciones al Estado peruano sobre la situación de la infancia en nuestro país, adoptadas el 27 de enero pasado, el Comité señala:
Frente al alto nivel de pobreza en el país que afecta a más del 60% de niños, mientras aproximadamente el 30 % se encuentra en pobreza extrema, especialmente en áreas rurales, el Comité recomendó al Estado destinar recursos adicionales para reducir la pobreza y asegurar el acceso de servicios agua segura, particularmente en áreas remotas y rurales.
La desnutrición crónica afecta al 25% de niños menores de 5 años y el 32 % de niños menores de 2 años, a pesar de los diversos programas emprendidos por el Estado; por lo que resulta imperioso asegurar la asistencia médica básica y servicios alimentarios a todos los niños que sufren desnutrición, con especial énfasis en las áreas rurales y remotas.
Sobre la salud en la niñez el Comité expresó su preocupación por la alta tasa de mortalidad infantil y materna, la falta de atención a los niños con discapacidad, el incremento del VIH/SIDA, la alta incidencia de suicidios en adolescentes, así como el creciente consumo de drogas, alcohol y tabaco en adolescentes.
En el derecho a la Educación consideró que la asignación presupuestal es muy baja y que ello no contribuye a mejorar la calidad educativa y la infraestructura, en particular en las áreas rurales donde las condiciones de las escuela son deplorables, existe carencia de capacitación a los profesores, incluyendo la educación bilingüe intercultural de comunidades indígenas.
El Comité manifestó su profunda preocupación por el incremento del trabajo infantil, la situación de cientos de los miles de niños y adolescentes que se ven obligados a trabajar en el sector informal y que se encuentran marginados de la educación y siendo víctimas de explotación y abuso; por lo que recomendó el cumplimiento de normas que protegen a los niños del trabajo peligroso o que son explotados sexualmente, así como la necesidad de elevar a la edad mínima de ingreso al trabajo a 15 años a fin de garantizar la educación obligatoria.
Frente a la violencia familiar y el abuso sexual contra niños, tan extendidos en la sociedad peruana, recomendó asegurar que el Código Penal garantice la prohibición expresa del castigo corporal y la protección adecuada a los niños y niñas contra estas formas de maltrato y abuso.
Teniendo en cuenta que el 15% de niños y niñas que nacen no son inscritos en el Registro Civil, el Comité subraya que una prioridad es el registro inmediato de los recién nacidos, sobre todo en las áreas rurales y remotas del país a fin de garantizar su derecho al nombre.
Consideró que deben adecuarse algunas las leyes nacionales al espíritu de la Convención de Derechos del Niño, en particular los artículos en el Código sobre los niños y Adolescentes referidos a “pandillaje pernicioso” que condena a 6 años de privación de libertad a los adolescentes infractores.
El Comité recomendó al Estado la implementación efectiva de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en particular la aplicación del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de violencia y la atención especial de las secuelas del conflicto armado en los niños.
En relación al debilitamiento de la Dirección General sobre los Derechos de Niños y Adolescentes, el Comité instó al Estado que se le otorgue un mandato amplio y los recursos profesionales y financieros para coordinar las actividades para la implementación de la Convención y garantizar la efectiva coordinación con los organismos descentralizados.
Subrayó, asimismo, la importancia de la creación de un Ombudsman para niños a nivel nacional con coordinación, funciones y adecuados recursos humanos y financieros, a fin de contar con un monitoreo independiente del Estado.
Finalmente, el Comité de la ONU recomendó que ante el crecimiento de la economía peruana y el incremento del presupuesto público, se considere proporcionalmente un aumento del presupuesto para los niños y niñas en educación, salud, nutrición y protección. Ello implica proveer de los recursos necesarios, a nivel local y nacional, para la implementación efectiva de las metas del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2002 – 2010); así como la incorporación de la sociedad civil y los niños a la Comisión Multisectorial de monitoreo.