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6 de julio de 2015 - La Defensoría del Pueblo reveló este lunes una investigación sobre la situación de los centros de reclusión de menores.
Tras visitar 18 de estas correccionales, la Defensoría asegura que es evidente que en estas cárceles se les están violando los derechos humanos a los adolescentes privados de la libertad.
Según la Defensoría, así lo permiten establecer las entrevistas realizadas a 260 jóvenes en todo el país, detenidos en estas cárceles por delitos más graves como homicidios, secuestros, narcotráfico, entre otros.
Ellos responde ante el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SRPA) que contempla penas de hasta 8 años para los menores responsables de esos delitos.
Según la Defensoría, las condiciones de salubridad, infraestructura y educación de estos centros es "deficiente". "No cumple con los estándares mínimos internacionales", indicó.
Esto porque, por ejemplo, se usan casas de vivienda como centros de reclusión, antiguas construcciónes y también se encontraron celdas de castigo que aislan a los menores detenidos.
También hay falencias en la prestación de servicios públicos y que permitan resocializar a los jóvenes.
En los centros visitados de Cali, Bogotá, Villavicencio, Ibagué, Neiva y Cartagena, los funcionarios de la Defensoría encontraron "fallas en la atención en salud, hacinamiento, falta de dotación para la resocialización, escasez de programas efectivos de formación académica, ocupacional y recreativa; y en algunos casos puntuales, situaciones de maltrato durante la captura y estadía en el centro por personal de la Fuerza Pública y el Inpec".
El informe también establece que el sistema no ofrece garantías para que los menores se defiendan en condiciones optimas, ni tampoco para que ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.
Para la Defensoría, el sistema de responsabilidad penal para adolescentes está en crisis. En la presentación del informe estuvo presente la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familias, Cristina Plazas.
Una de las situaciones preocupantes es que un buen porcentaje de los detenidos ya cumplieron la mayoría de edad pero siguen presos con los menores. Y aunque ya son mayores de 18 no pueden recibir, por ejemplo, visitas conyugales.
Finalmente, el documento de la Defensoría recomienda cerrar o demoler las plantas físicas usadas como celdas de castigo y "ofrecer garantías para los derechos fundamentales de los jóvenes, y establecer claramente los mecanismos de defensa e intervención que les corresponden".
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