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[12 de junio de 2012] - "A pesar de la ratificación de varios instrumentos internacionales relacionados con la protección de los niños, la protección especial para niños sustraídos o desaparecidos todavía es insuficiente. A excepción de Guatemala, ninguno de los países tiene una legislación específica para atender a este grupo social”. Esto es lo que indica el estudio Niños Desaparecidos en América Central: investigación sobre prácticas y legislación para la prevención y recuperación. La investigación, finalizada en 2011 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y por el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), analiza acciones y normas para la prevención y la recuperación de niños desaparecidos y sustraídos en siete países de América Central: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El documento destaca que, a pesar de los avances, la situación regional en esa área no es de las mejores. "Aunque los códigos penales de los sietes países analizados en el estudio tipifiquen los delitos de rapto, secuestro, tráfico de personas y explotación sexual, no existen medidas legislativas que diferencien la sustracción de la fuga de un niño de su hogar; por lo tanto, este último grupo de niños no está amparado por la ley. En todos los países de América Central, el secuestro de niños es un delito con agravante, y en la mayoría de los casos la sustracción parental también es tipificada como delito”, destaca. De acuerdo con el estudio, ninguno de los siete países de la región posee una definición "amplia e inclusiva del término ‘niño desaparecido’ en la legislación” ni sistemas de gestión de casos. Guatemala es el único país que posee una legislación específica sobre niños desaparecidos, así como también es el único que tiene un mecanismo para denunciar la desaparición de niños y un sistema de notificación rápida o de alerta a la población sobre la desaparición de niños, y que posee acuerdos formales entre organismos que tratan casos de niños y niñas desaparecidos/as. De manera general, sólo Costa Rica posee un registro nacional de niños desaparecidos. El Salvador, Guatemala y Nicaragua tienen leyes que exigen la investigación inmediata de los casos en que las víctimas son niños y solamente Belice y Costa Rica tienen políticas internas para orientar el trabajo de órganos gubernamentales en la búsqueda de niños y niñas desaparecidos/as. El documento también alerta sobre una serie de violaciones a los derechos de niños y adolescentes. Según el estudio, niños que desaparecen, huyen o son raptados son más vulnerables y corren riesgos de ser víctimas de violaciones como: explotación sexual, tráfico de personas, trabajo ilegal y/o inseguro, violencia física y sexual, entre otras. El informe señala también "buenas prácticas” para facilitar y mejorar la investigación y la resolución de casos de niños desaparecidos. Algunas de esas iniciativas son: adopción de una legislación nacional que contenga una definición del término "niño desaparecido”; investigación inmediata de casos de niños desaparecidos; sistema de gestión de casos que permita organizar y registrar informaciones sobre los casos, entre otras medidas. Información adicional: