Enviado por Jesica el
19 de agosto de 2016 - En la entrega del informe periódico a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Naciones Unidas (NNUU), durante dos días en Ginebra, la relatora especial para Bolivia, Silvia Quan-Chang expresó su preocupación respecto a la denuncia de casos de infanticidio a niños con discapacidad.
"Hemos recibido información confidencial que en el Estado parte (Bolivia) se practica, en ciertas comunidades, especialmente las más alejadas de zonas rurales las que cuentan con menos servicios, el infanticidio de bebés que nacen con alguna deficiencia", comentó la relatora.
"Me gustaría saber si ustedes tienen información al respecto y qué se está haciendo para prevenir que esto suceda y para educar sobre todo y ofrecer herramientas a las familias que se enfrentan a situaciones donde hay nacimientos de bebés con deficiencias y que no cuentan con los recursos materiales, ni educativos para enfrentar esta situación tan complicada", sostuvo Quan-Chang cuando se dirigía a la delegación.
Si bien la relatora de NNUU mencionó que la información se la dio de forma confidencial, ayer en la parte final de la jornada, la presidenta de la delegación gubernamental y ministra de Justicia, Virginia Velasco, solicitó mayores detalles para poder actuar al respecto.
"(Deseo) insistir en la solicitud a la relatora, (para) que nos proporcione la información amplia sobre lo mencionado por ella en cuanto a infanticidio. Esto nos ha llamado la atención y nos convoca a tomar acciones inmediatas como Estado Plurinacional de Bolivia", manifestó.
Si bien no existen investigaciones al respecto, personas con discapacidad manifiestan la veracidad de las declaraciones de Quan-Chang.
RELATOS
Día anterior, la representante de los discapacitados, Rosmery Cuarita, dio su relato acusando de violencia al Gobierno. Similar versión dio la cineasta boliviana Violeta Ayala, quien filmó la protesta de los discapacitados que pedían un bono de 500 bolivianos al Gobierno y mantuvieron una vigilia por más de tres meses e hicieron una caravana de 35 días para llegar de Cochabamba a La Paz. En su defensa, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, indicó que existen “cuestiones político partidarias” que involucran a la caravana de personas con discapacidad, por lo que pidió al Comité encargado de esta temática a informarse más al respecto.