¿Por qué miramos al período 2014-2016? CRIN lanzó un reporte en 2014 “El abuso sexual de niños y la Santa Sede: la necesidad de justicia, rendición de cuentas y reformas”, disponible en español, en el que se efectuó una extensiva exploración del tema, no sólo de los casos reportados, que cubren todo el globo, sino también el camino que el Vaticano tuvo que recorrer, obligado por los miles de reportes, hasta llegar a su presentación ante Naciones Unidas en 2014.
En este número, el primero de dos envíos que compartiremos con nuestros lectores, les traemos un análisis sobre los anuncios más importantes de reforma de los últimos dos años, y si estas han tenido algún éxito o han quedado sólo como un llamativo titular de portal informativo.
El Papa Francisco recaló al frente de la Santa Sede como sucesor de Benedicto, y casi desde el inicio de su papado ha declarado en varias ocasiones que debe hacerse responsables a los obispos que han movido a sacerdotes de una parroquia a otra en vez de reportarlos a la iglesia y a las autoridades correspondientes. Es por ello que en marzo de 2014, Francisco ordenó la creación de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. El objetivo de la misma sería proponerle a Francisco: “las iniciativas más adecuadas para la protección de los menores y adultos vulnerables, así como realizar todo lo posible para asegurar que delitos como los sucedidos ya no se repitan en la Iglesia”. En miras de ese mandato, en junio de 2015, Francisco aceptó la propuesta de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores de introducir el delito canónico de 'abuso de oficio episcopal', con el fin de sancionar a los obispos que hayan ignorado o no hayan dado un seguimiento adecuado a las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos. Dicha propuesta, también incluyó la creación de un tribunal específico para juzgar los abusos sexuales a niños por miembros de la Iglesia. Estos cambios se anunciaron ante los medios de comunicación como un paso más para esclarecer y juzgar los escándalos de pederastia por parte del clero, y aumentó las expectativas de las víctimas. Sin embargo, a un año del anuncio de la aprobación del nuevo tribunal, la propuesta se dejó sin efecto.
En lugar del tribunal, se ha establecido un nuevo procedimiento legal para poder remover de su cargo a los obispos negligentes. Este procedimiento trata de responder a las demandas de las víctimas para que los obispos que hayan protegido a sacerdotes pedófilos rindan cuentas por sus actos. Sin embargo, la nueva ley fue duramente criticada por las víctimas, debido a que la consideraron como una mera fachada pues ya existían formas para investigar y destituir obispos por irregularidades. El Papa aceptó que la legislación canónica ya contemplaba la remoción de cargo a los obispos por razones graves, por lo que aclaró que su objetivo era que la negligencia al tratar casos de abusos se incluyera como una de las razones. No obstante lo anterior, la nueva ley no hace mención alguna del delito canónico de 'abuso de oficio episcopal'.
En definitiva, se observa que en miras de mostrarse activos en el tema, se han anunciado reformas que en la práctica han quedado en nada, o que se superponen con figuras que ya existían. Más allá de ello, es clara la intención de continuar perpetuando un sistema pseudo judicial propio, en el que la Iglesia es juez y parte.
Como hemos visto, la Iglesia ya cuenta con mecanismos para sancionar a religiosos en caso de ocurrir lo que llama negligencia, pero siempre dentro de la misma institución, ¿pero ha cambiado algo respecto a su cooperación con la justicia civil?. Desde 2001, la Iglesia imparte talleres de capacitación a futuros obispos y es en el marco de estos que se les sigue indicando que no están obligados a denunciar posibles casos de abuso sexual ante las autoridades civiles, llámase policía, justicia. Más aún, se les dice que son las víctimas y sus familiares los que pueden tomar esa decisión. Por otra parte, la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, creada con el propósito de identificar mejores prácticas para combatir el abuso clerical, no ha participado en el diseño de la currícula.
Este tipo de situaciones pone en entredicho las declaraciones que ha hecho el Papa, ya que no queda claro cuál es el objeto que exista la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, si no va a ser consultada en la elaboración de lineamientos para los futuros obispos y prelados, o si, como vimos en el apartado anterior, sus recomendaciones no son llevadas a la práctica.
En el reporte de 2014, CRIN comentaba sobre el histórico modus operandi de la Iglesia: surgida una acusación de abuso, el clérigo era relevado de su puesto en la comunidad, pero no era removido del clero, sino enviado a otra comunidad, iglesia, escuela, etc a menudo en otro país, o hasta en otro continente en donde volvía a tener oportunidad de estar en contacto con niños, de volver a abusar, lo cual a menudo ocurrió.
En septiembre de 2015, una investigación del GlobalPost de septiembre de 2015 reveló que esa práctica continúa. El reporte reveló que cinco sacerdotes acusados de abusar sexualmente de niños en Estados Unidos y en Europa fueron reubicados en parroquias de Latinoamérica. A los cinco se les ha permitido seguir trabajando como sacerdotes, a pesar de tener cargos e investigaciones en su contra.
David Clohessy, portavoz de la Red de Sobrevivientes del Abuso Sexual de Sacerdotes (SNAP por sus siglas en inglés), ha dicho que ahora que en los países desarrollados es mucho más difícil que los sacerdotes abusadores sigan trabajando, por lo que es cada vez más frecuente que sean enviados a países en vías de desarrollo, aprovechando que en dichos lugares la aplicación de la ley es menos vigorosa, los medios de comunicación son menos independientes y la diferencia de poder entre los sacerdotes y los feligreses mucho más grande.
Los curas que ahora se encuentran muy lejos de Estados Unidos y Europa son Carlos Urrutigoity, Francisco “Fredy” Montero, Paul Madden, Jan Van Dael and Federico Fernandez Baeza. No obstante que Carlos Urrutigoity fue acusado de acosar a un adolescente en 2002 en Scranton, Pennsylvania, es el segundo al mando de la diócesis de Ciudad del Este en Paraguay. Por otra parte, Francisco Montero que fue acusado de abusar de una niña de cuatro en Minneapolis, fue reubicado a su natal Ecuador. Paul Madden, quien admitió haber abusado de un niño de 13 años en Jackson, Mississippi, celebra misa cada semana en Chimbote, Perú. Jan Van Dael, acusado de haber acosado sexualmente a adolescentes en Bélgica, fue reubicado al norte de Brasil, en donde fundó un orfanato para niños de la calle.
Finalmente, Federico Fernández Baeza, acusado del delito en segundo grado de indecencia con un niño, por exhibirse a sí mismo ante dos niñas en una alberca, y por abusar de dos niños nunca fue condenado por estos crímenes, ya que la iglesia negoció acuerdos extrajudiciales en efectivo y reubicó a Baeza en Colombia donde siguió trabajando para la Iglesia Católica. Al menos, un mes después de la publicación de ese reportaje, dos de los sacerdotes fueron suspendidos de sus parroquias. Por su parte, Paul Madden sigue oficiando misa en Puerto Huarmey, Perú. Cuando se le cuestionó al Vicario General Juan Roger Rodríguez Ruiz de por qué Madden seguía en su puesto de sacerdote, respondió que Paul Madden es parte de la familia de la Diócesis de Chimbote y añadió que su caso ya había sido juzgado. Ademas, dijo que el plazo de prescripción ya se había cumplido y que por eso Madden era bienvenido a su Diócesis.
En el próximo número veremos más casos de América Latina y la respuesta de la justicia a estos casos en los países de habla hispana.
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