En el Boletín pasado, exploramos algunos de los anuncios que hizo la Iglesia durante los últimos dos años, con la intención aparente de luchar contra los abusos de niños perpetrados. También vimos como esos anuncios quedaron en la nada, y como a pesar de los anuncios, la Iglesia continúa con sus prácticas de relocalización de curas apenas surgen acusaciones. En esta segunda parte, analizamos algunas de las razones de por qué resulta tan dificultoso avanzar en con las investigaciones tanto judiciales como eclesiásticas, y también veremos un relevo de algunos de los nuevos casos surgidos enlos últimos años.
En la última ceremonia de los Oscars, la película “En Primera Plana” (Spotlight) se alzó con el premio a mejor película. Allí se muestra una versión ficcionalizada de la investigación realizada por periodistas en Boston, Estados Unidos, que desenmascaró a los responsables detrás del ocultamiento de casos de abuso perpetrados por sacerdotes, y también el lobby, la presión que ejerció la Iglesia para que las historias de las víctimas no salgan a la luz. Tanto como las denuncias no son ficción, tampoco lo es la influencia que la Iglesia continúa ejerciendo para evitar que la nueva información sobre el tema llegue a las tapas de los diarios.
En Paraguay, un grupo de periodistas encabezó una protesta debido a que una serie de reportes sobre abuso clerical preparada por periodistas de un diario no fue publicada debido al pedido expreso de Monseñor Eliseo Ariotti.Entre las historias que no llegaron a publicarse, está la de un cura argentino acusado de abuso que escapó a Paraguay y vivió allí varios años sin ser descubierto, desempeñándose en una diócesis. Los argumentos del obispo: los reportes eran poco convenientes para la Iglesia.
Un periodista español cuyas investigaciones sobre abuso de niños han revelado casos en Argentina, Chile, México, confiesa que se le ha prohibido la entrada a cualquier iglesia en España, y que ha sido censurado por medios de comunicación laicos, es decir sin aparente afiliación con el catolicismo.
Conscientes de estas barreras, las víctimas del cura Karadima en Chile, idearon una película llamada “El Bosque de Karadima”, en referencia a El Bosque, la parroquia del cura en la que se hacía rodear de jóvenes de la alta sociedad. Allí las víctimas cuentan no sólo que Karadima abusaba de ellos sino que ejercía un control férreo sobre la vida personal de cada uno de ellos aún luego siendo adultos. Actualmente, se emite una serie basada en la película.
Otro film chileno sobre el tema es “El Club”. Una ficción sobre curas ancianos que se retiran a una casa en la playa a hacer penitencia por sus crímenes, pero que también versa sobre el poder que tuvo la Iglesia durante los años de dictadura. Estos filmes, junto con la presión mediática, ayudaron a que la opinión pública comience a tener una visión más crítica y, por ejemplo, alce su voz ante el nombramiento por parte del Papa Francisco al frente del Obispado de Osorno a Juan Barros. Éste habría ayudado a encubrir los crímenes de Karadima y hay reportes de que también fue partícipe de ellos. Sin embargo, el Papa Francisco, que manifestó que los abusos de sacerdotes son una tragedia y que hay que castigar a los autores, parece no creer en castigar a los encubridores, pues Barros no se ha movido de su puesto. Lo que es más, le pidió al pueblo chileno que “no se dejen llevar por las narices de los zurdos”, en referencia a los grupos que protagonizaron protestas por el nombramiento de Barros y su supuesta orientación política.
En el reporte CRIN de 2014 “El abuso sexual de niños y la Santa Sede: la necesidad de justicia, rendición de cuentas y reformas”, incluimos una vasta recolección de denuncias de abuso de niños por parte de clérigos en todo el mundo. Ahora en 2016, CRIN realizó un nuevo relevamiento. Nos hemos limitado a nuevas denuncias, algunas por hechos ocurridos tiempo atrás, o por nuevos hechos, surgidas en los últimos dos años en América Latina. De esa revisión, surgió que las causas en contra de curas rara vez llegan a una condena por varias razones:
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Las denuncias no pueden avanzar pues los casos superan el plazo de prescripción de la acción penal del país.
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La defensa privada de los curas presenta todas las apelaciones posibles, diferencia de las víctimas que a menudo sólo cuentan con el apoyo de otras víctimas pero que deben costear a sus propios abogados y esperar, en ocasiones, 25 años por un juicio.De ser necesario, la Iglesia también se hace cargo del pago de las fianzas de los curas acusados. O como en el caso Storni en Argentina, en que la Iglesia le compró una casa para que esperase el resultado de la impugnación a su sentencia condenatoria. El cura murió allí esperando una decisión de la justicia.
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La Iglesia crea tribunales ad hoc y juzga a sus pares, que en algunos casos contradicen decisiones de la justicia ordinaria y al efectuar su propio proceso pueden llegar a absolver al prelado.
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Los curas reciben la protección de sus colegas, a menudo por años, lo que permite que puedan eludir la justicia.
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El secreto pontificio - una institución que permite mantener información bajo secreto, aún para las propias víctimas, respecto de una investigación que les concierne. El Papa Francisco mantiene esta institución, la cual le ha impedido a una víctima obtener información sobre su propio caso.
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Los protocolos de actuación frente a una denuncia ante las autoridades eclesiásticas difiere según la orden a la que pertenece el sacerdote. Al no existir un criterio unificado, la víctima que denuncia ante la Iglesia enfrenta un estado de indefensión mayor pues los procedimientos de investigación cambian si el sospechoso es salesiano, jesuíta, etc.
A fin de poder visualizar la magnitud del fenómeno del abuso clerical de niños, hemos preparado un mapa con algunas de las denuncias y casos que salieron a la luz, también de decisiones judiciales y de tribunales eclesiásticos, en los últimos dos años desde que CRIN realizó su reporte. El abuso religioso no es privativo de la Iglesia Católica, es por ello que hemos incluído casos de pastores evangélicos que también han sido acusados de hechos de abuso de niños. Por motivos de espacio y claridad, decidimos limitarnos a sólo un par de casos por país.
Esta es una imagen del mapa, al que se puede acceder desde aquí y cliquear en cada punto donde se encontrará una breve reseña del caso en cuestión.
Imposibilitadas a menudo de perseguir penalmente a los sacerdotes debido a los plazos de prescripción de la acción penal, las víctimas han buscado formas alternativas de acceder a una respuesta de la justicia. Desde hace unos pocos años, las víctimas han comenzado a entablar demandas por daños y perjuicios contra la Iglesia como institución. Tal es así que la Justicia ha encontrado civilmente responsable a la Iglesia por los actos de sus dependientes, los clérigos en varias ocasiones.
En uno de esos fallos, la magistrada actuante manifestó que la Iglesia era responsable por los abusos cometidos por uno de sus sacerdotes a un seminarista que luego abandonó la institución y su fé, pues los actos habían sido cometidos por el religioso en el ejercicio de sus funciones. Más específicamente, la jueza encuadró la responsabilidad del Arzobispado “en la obligación de guarda y de garantía” para preservar la integridad de los seminaristas. También en esa decisión la jueza determinó que: “Existió omisión al haber tomado conocimiento de los hechos a través de otros dependientes, de denuncias, quejas, confesiones de seminaristas sin haber actuado en consecuencia con la celeridad que la situación ameritaba”. Asimismo, siendo que en el seminario “convivían seminaristas menores e ingresantes … las autoridades tenían el mayor deber de extremar los cuidados en resguardo de la protección física, psíquica y espiritual” de los mismos.
En otra decisión, de agosto de 2016, una familia obtuvo una sentencia favorable en su demanda de daños y perjuicios contra un cura que abusó de su hijo en 2008. Entablaron la demanda civil a pesar aún cuando el cura fue condenado. Sin embargo, consideraban que la pena de prisión no era suficiente para reparar el daño causado por el abuso.
En definitiva, los argumentos detrás de demandar a la Iglesia ante la justicia civil pueden diferir, pero si lo analizamos más detenidamente, la Iglesia funciona en cierto modo como una empresa. Entrena a sus empleados para que efectúen sus tareas, trabajando bajo sus instrucciones y aceptando sus misiones. No hay razón por la que la Iglesia no deba ser responsable por los hechos que cometen sus subordinados.
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Palabras finales
De este análisis que hemos efectuado hemos comenzado a ver avances en la justicia, al menos en el tema civil, pero los problemas no están allí sino un paso antes: en que los hechos lleguen a la justicia. Es por ello, que sería importante que el Vaticano deje de brindar gestos y traduzca lo que parecen buenas intenciones en acciones, concretas, reales de colaborar con la justicia y dejar de lado el secreto. Las víctimas lo merecen, y quienes ponen su fé en la Iglesia también.
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