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Summary: Audiencia realizada ante la Comisión Interamericana en noviembre de 2009.
El pasado 06 de noviembre, a solicitud de la Asociación Pro-Búsqueda, el Estado de El Salvador compareció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, por los casos de Emelinda Lorena Hernández, Santos Ernesto Salinas, José Adrián Rochac Hernández, Manuel Antonio Bonilla Osorio y Ricardo Abarca Ayala, desaparecidos a manos de la Fuerza Armada salvadoreña en el marco de operativos militares en los que se perpetraron cruentas masacres. Emelinda Lorena desapareció a los 11 meses de edad, el 12 de diciembre de 1981, en el cantón La Joya, Meanguera, departamento de Morazán, durante un operativo militar realizado por miembros del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, en el cual se perpetró la masacre de El Mozote. El 25 de octubre de 1981, Santos Ernesto, de nueve años de edad, fue capturado por miembros de la Guardia Nacional y del Batallón Atlacatl quienes, en el marco de un operativo militar en San Nicolás Lempa, San Vicente, detuvieron varias personas quienes, a excepción de Santos Ernesto, fueron conducidas a la orilla del río y asesinadas. Testigos aseguraron que el niño Santos Ernesto fue capturado por los soldados y llevado con rumbo desconocido. El 12 de diciembre de 1980, José Adrián, de cinco años de edad, fue capturado por militares integrantes de la Fuerza Aérea de El Salvador y por integrantes de los grupos paramilitares de la zona, luego de asesinar a su madre y hermano, durante un operativo realizado en el cantón San José Segundo, San Martín, departamento de San Salvador. Los niños Manuel Antonio Bonilla, de once años de edad, y Ricardo Abarca Ayala, de trece años, fueron capturados por parte de militares integrantes de la Quinta Brigada de Infantería y del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador, durante el operativo conocido como “Operación Teniente Coronel Mario Azenón Palma” en Quebrada Seca, San Vicente, en agosto de 1982. En la Audiencia Pro-Búsqueda presentó argumentos sobre la responsabilidad del Estado salvadoreño en las desapariciones y las consecuentes violaciones a derechos humanos prescritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como sobre la negación de justicia y la impunidad que ha imperado en los casos de estos cinco niños. La representación del Estado, en un hecho sin precedentes, reconoció la existencia de la desaparición forzada de niños y niñas como una práctica estatal durante el conflicto armado interno y manifestó que no se oponían a los argumentos expuestos por Pro-Búsqueda en estos casos. Asimismo reivindicó la lucha de las víctimas de este fenómeno por encontrar a sus familiares desaparecidos y buscar justicia, acompañadas por el P. Jon Cortina, y en esta misma oportunidad presentó una petición de disculpas para las familias de Emelinda Lorena, Santos Ernesto, José Adrián, Manuel Antonio y Ricardo. También ratificó la validez de las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos y expresó su total voluntad de acatar sus recomendaciones. Respecto a la falta de justicia, el Estado informó que la Fiscalía General de la República recién había abierto las investigaciones respectivas para determinar el paradero de los niños y los responsables de las desapariciones, lo cual confirma la inexistencia de investigaciones anteriores a más de 25 años de ocurridos los hechos y en general la inoperancia de la justicia interna, tal como ha sido argumentado por Pro-Búsqueda. Es así que con base en las pruebas presentadas a lo largo del trámite de los casos y del reconocimiento de responsabilidad estatal, Pro-Búsqueda solicitó a la Comisión emitiera sin más trámite el Informe de Fondo, declarando las violaciones a derechos humanos alegadas y la obligación de reparar a las víctimas. Las desapariciones de estos 5 niños fueron presentadas a la Comisión Interamericana en año 2003, luego que demandas de habeas corpus resultaron infructuosas, y que no se adelantaron investigaciones sobre estos graves hechos, pese a denuncias de los familiares y de recomendaciones de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los casos pasarán ahora a deliberación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que próximamente deberá emitir su informe final y evaluará si el caso pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Información adicional
pdf: http://www.crin.org/docs/iachr_el_salvador_nov_09.doc