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Summary: El Comité de los Derechos del Niño (CDN) y la Asociación Nacional de organizaciones no gubernamentales (Anong) de nuestro país comenzaron una campaña de recolección de firmas contra el "endurecimiento de los sistemas penales hacia niños, niñas y adolescentes". Las instituciones reúnen las adhesiones desde Internet.
[2 enero 2011] - Tras definirse cinco ejes en materia política en la Comisión Especial de Seguridad sobre delincuencia juvenil, integrada por legisladores de todos los partidos políticos, las asociaciones civiles responden con una propuesta de carta para que sea firmada por la ciudadanía. La propuesta va en paralelo a la recolección de firmas propuesta por el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad y juzgar como adultos a los mayores de 16 años de edad. La recolección de firmas desde Internet procura generar una movilización que lleve a un "debate" a partir de lo que estas organizaciones consideran un "endurecimiento" de las penas, teniendo en cuenta lo establecido por las normativas nacionales e internacionales de protección a la infancia. Además se solicita que el gobierno establezca mayores medidas de prevención y no "de represión" e intenta ser un llamador a la sociedad en contra de los mensajes de "estigmatización" de los adolescentes que se "dan" desde los medios de comunicación en cuanto a la delincuencia. Las organizaciones se oponen a las propuestas de bajar la edad de imputabilidad, propuestas impulsadas por el Partido Colorado. También se manifiesta en contra del aumento de tiempo de pena de prisión y el mantenimiento de los antecedentes penales para los adolescentes, medida que fue anunciada por el Poder Ejecutivo este año. La propuesta, que cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos (no así de la totalidad del Frente Amplio), establece la posibilidad de modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia sobre el no mantenimiento de los antecedentes penales de los menores de 18 años una vez que cumplan la mayoría de edad. La carta, puesta a disposición de la opinión pública, expresa que "los colectivos, organizaciones y personas (...) expresamos nuestra preocupación por la situación actual que coloca a los adolescentes como los principales responsables de la inseguridad que aseguran se vive en nuestro país". Explica que "las políticas de mano dura que se están proponiendo no significan una respuesta adecuada". Esgrime como razón que "hasta la fecha ningún dato válido de fuente confiable, realizado con criterios medianamente serios y de calidad técnica, avala el supuesto auge de conductas delictivas por parte de adolescentes". Sostiene que "lo que sí esta avalado por abundantes cifras y fuentes indiscutibles son los indicadores negativos que afectan a la infancia y adolescencia uruguayas". La violencia en los medios de comunicación también es mencionado en el comunicado que proponen que sea firmado por quienes adhieran a la propuesta. "La violencia amplificada en los medios de comunicación que se vale del dolor de las víctimas expuesto impúdicamente se centra exclusivamente en la infancia y adolescencia como únicos causantes de la violencia", expresa. La carta pone en manifiesto que "los datos y las investigaciones hasta la fecha realizadas confirman una cuestión irrefutable: son los niños y adolescentes las principales víctimas de la violencia". Sostiene que "ni la baja de edad de imputabilidad, ni la preservación de los antecedentes, ni el incremento de las penas mejoran el estado de la seguridad de las personas, no reducen el temor, ni aportan el clima social adecuado, por el contrario generan mayor exclusión de los adolescentes, construyendo la ilusión de solucionar el problema". "En concreto, algunos actores políticos apuestan a presuntas soluciones que sólo producirán más gente presa a edades más tempranas y un aumento de la violencia tal como ocurrió en todos los países que se implementaron iguales medidas", añade. Por otro lado se explica que "se coloca en un puñado de adolescentes del país la responsabilidad de los problemas de seguridad, se abona un terreno fértil para un discurso de mano dura contra lo mejor que se ha logrado en la lucha por los derechos de la niñez y se ha consagrado en diferentes textos normativos: las garantías individuales y la limitación de la coacción estatal". El documento recalca principios establecidos en la Constitución de la República como el que expresa que "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar". Por otra parte, señala que "las deficiencias estructurales de las instituciones encargadas de llevar adelante las sanciones privativas de libertad son elocuentes". Se opone al "encierro y ocio compulsivo, deterioro edilicio, malos tratos, tortura y muertes en los centros", que "son una constante de los últimos 20 años". También critica que "poco se ha avanzado para hacer de estos sitios lugares donde la violencia se reduzca en términos significativos". Por ello llaman a que las instituciones encargadas en la protección de los niños y niñas contribuyan a "velar por los derechos del niño" con "celo", ya que la protección "debe profundizarse en esta temática". Información adicional: Justicia juvenil: los derechos humanos en la administración de la justicia - Un manual para jueces, fiscales y abogados [International Bar Association, 25 mayo 2010] Uruguay: Preocupación frente a la situación de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad [Organisation Mondiale Contre la Torture, 4 octubre 2010] Comisión Interamericana: Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en los países del MERCOSUR [Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia - Argentina, 29 octubre 2008] Más sobre los derechos del niño en Uruguay VIOLENCIA Y MEDIOS