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Pese a ser de centroizquierda, el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, en el mando desde el 2005, no ha encontrado una política de seguridad ciudadana que ponga por delante a las personas. Luis Pedernera es integrantre del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), asociación de abogados que se ocupan de temas de derechos humanos en varias áreas: desde la cárcel a los menores de edad, pasando por la libertad de expresión, hasta los derechos económicos, sociales y culturales.Después de haberle contado que conocimos el Barrio Sur y los problemas ligados al tráfico de drogas, le preguntamos si Montevideo era una capital violenta. “En mi opinión, no”, responde. “Por lo menos no en la medida en que aparece en ciertos sectores políticos y en cierta prensa. Normalmente el uruguayo es una persona amable, que se preocupa del vecino, pero el sistema penal rompe por definición los vínculos comunitarios”. En los años 90, los gobiernos de derecha aplicaron una política represiva. Con la aprobación, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Ciudadana en 1995. Como está sucediendo en muchos países del mundo, la inseguridad y el temor de la gente han creado consenso en torno a ella. Así que las cárceles de Uruguay se han llenado sin ningún límite. El problema no ha encontrado solución ni siquiera con el gobierno de centroizquierda del presidente Tabaré Vázquez, con el cual IELSUR ha tenido algunas diferencias. En particular, no han gustado las críticas sobre las condiciones dentro de las cárceles. “No han mirado con la mente abierta”, explica Pedernera, “que deberían tener los progresistas. No han comprendido que somos una organización independiente que actúa solamente en defensa de los derechos humanos. La izquierda no ha sabido remover aquella cultura que hace del preso el último esclavo de la sociedad, olvidándose que él también es una persona”. Derechos de los niños y adolescentes Pedernera se ha especializado en derechos humanos de los niños y adolescentes. Y es durísimo en su denuncia. “En Uruguay, la pobreza se concentra en los niños. El 50% de los niños de 0 a 5 años nacen en lugares pobres. Ellos son los más golpeados por las consecuencias de la política de seguridad ciudadana. Y en las cárceles donde son encerrados son maltratados, atiborrados de psicofármacos, torturados”, dice. “Si un policía encuentra aquí, en el centro de Montevideo, a un muchacho con ‘cara de expedientes’ —sucio y con la ropa vieja, por ejemplo—, puede llevarlo a la cárcel. El centro es zona turística”, agrega. Preguntamos a Pedernera si los uruguayos apoyan este comportamiento de la policía. “Sí, lo apoyan. Por esto mismo pedimos a la izquierda que no copie las dinámicas de la derecha, la cual concibe la solución de los conflictos sociales a través de una mayor represión”. Pedernera no ahorra críticas al comportamiento de la izquierda en el gobierno respecto a la problemática de las cárceles. Pero hay también una ley de vanguardia, llamada Ley de Humanización Carcelaria, aprobada por este gobierno, que estipula actividades laborales y educativas para los encarcelados con descuento de sentencia para los que desarrollan estas actividades. Es un modo también de descongestionar las sobrepobladas cárceles que en algunos casos albergan a 3,000 personas en vez de 900. La Ley de Humanización prevé un sistema de premios. “Por cada dos días de trabajo y estudio es un día menos de cárcel”, explica Pedernera. Pero la ley atraviesa dificultades para aplicarse, y por esto IELSUR ha intervenido con una denuncia, suscitando un encendido debate. “Fueron los mismos detenidos los que reclamaron tener trabajo y educación, rompiendo muchos prejuicios con su demanda”, dice. Crisis y derechos humanos La crisis mundial también está llegando a Uruguay. Preguntamos a Pedernera si esto influirá sobre los derechos humanos. “Terriblemente”, respondió con seguridad. Lo cual es durísimo en relación con las políticas públicas que buscan salvar a los bancos y no a los sectores desfavorecidos, que son los que pagan siempre. “¿Por qué”, protesta con energía, “los delitos de los bancos no son perseguidos como los de los menores de edad? En promedio, un delito de un adolescente vale US$100 y es cometido sin armas de fuego en el 98% de los casos. Los daños cometidos por los banqueros son mucho mayores, porque para salvar a estas instituciones el Estado sustrae fondos públicos a los sectores sociales. A mí no me interesa salvar a los bancos, sino a la gente, las vidas humanas”. “Si no se piensa que el problema principal es redistribuir la riqueza —que está siempre en las mismas manos—, el sistema seguirá siendo el mismo, los ricos y los bancos se salvarán siempre y las crisis serán pagadas por los mismos de siempre”, sostiene. La solución a la crisis, en opinión de Pedernera, “es la comunitaria, aun si en sociedades cada vez más complejas se ha vuelto más dificil. Pero precisamente en esto consiste el desafío de hoy. A menos que se quiera vivir y morir en las condiciones dictadas por este sistema”. Un sistema en que los bancos valen más que las personas. Información adicional