Organizaciones de Republica Dominicana expusieron a la CIDH sobre la existencia de legislación migratoria discriminatoria

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, junto a la Mesa Nacional para las Migraciones y la Red de Encuentro Dominco-Haitiano Jaques Viau participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer sobre la incompatibilidad de la ley general de migraciones de República Dominicana con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, cuyo contenido es particularmente discriminatorio de las comunidades haitianas y dominico haitianas.

En la audiencia, las organizaciones señalaron que la Ley de Migración No. 285-04, aprobada en agosto de 2004 por el Congreso Nacional, reduce la cuestión migratoria a la inmigración, y particularmente, al caso de los haitianos. Presentaron a la CIDH un informe que advierte que la mencionada ley se aprobó a través de un mecanismo tortuoso y apresurado y con total desconocimiento por parte de la opinión pública del país.

CEJIL y las organizaciones presentes en la audiencia expresaron que dicha ley desconoce el marco constitucional dominicano y el marco normativo del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Informaron además que tanto la ley de migración como su propuesta de reglamentación crean un clima donde se violan los derechos humanos. La ley y su propuesta de reglamentación violan los derechos a la nacionalidad, nombre, la protección especial de los niños, circulación y residencia, protección judicial e igualdad ante la ley entre otros y crean un clima en que los derechos a la vida e integridad física pueden ser conculcados.

CEJIL y las organizaciones de República Dominicana le pidieron a la CIDH que inste al gobierno dominicano que adopte una política migratoria de acuerdo con sus obligaciones bajo el derecho interamericano y que asimismo le recuerde que las expulsiones masivas de residentes en situación irregular son violatorias de los derechos humanos y contradicen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por dicho país.

Finalmente, le solicitaron a la CIDH que de seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno dominicano de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Yean y Bosico referida a la política migratoria y que realice una visita al país con la presencia de los relatores especiales para afro-descendientes, la mujer y la niñez.

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