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En el marco del 124° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de mujeres de varios países de América Latina expusieron ante las autoridades de dicho organismo su preocupación por el creciente número de asesinatos contra mujeres en la región y por la falta de respuestas eficientes de las autoridades en la investigación de los mismos. Las representantes de las organizaciones entregaron a los miembros de la CIDH un informe sobre femicidio en América Latina, el cual recoge información actualizada sobre el alcance de la problemática y describe los patrones en que se lleva a cabo la violencia contra las mujeres en la región. Las organizaciones informaron que la violencia contra las mujeres se vive como una situación común la cual muchas veces culmina con muertes violentas e incluso presenta signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual por razones asociadas al género. Se hizo referencia asimismo a la falta de cifras oficiales que den cuenta del número de mujeres asesinadas en cada uno de los países, lo cual pone en evidencia la indiferencia del Estado frente al problemática y asimismo contribuye a la invisibilidad de la situación. En la exposición del problema, las organizaciones concluyeron que se han identificado elementos en común tales como el odio, el desprecio y menor valor que se da a la vida de las mujeres. Indicaron también que la falta de investigaciones eficaces, de políticas de prevención y de sanción a los responsables así como la tolerancia por parte de las autoridades ha creado un clima de impunidad sobre estos crímenes. La falta de investigaciones eficientes de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, fue denunciada como una situación que ilustra un escenario de impunidad que no ha permitido un abordaje integral del problema. En el contexto del conflicto armado de Colombia, por su parte, se da una característica particular de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer llegándose a utilizar como botín de guerra y para humillar al enemigo. En el informe presentado consta que “en Colombia muere aproximadamente cada 6 días una mujer a manos de su pareja o ex pareja,” mientras que en Guatemala un total de 2170 mujeres fueron asesinadas entre el año 2000 y lo que va del 2006. En cuanto a Bolivia se informó que es mucho mayor la cantidad de casos de mujeres asesinadas reportados por la prensa que los que efectivamente se denuncian ante la justicia, lo cual da cuenta de los pocos casos que efectivamente llegan a conocimiento de las autoridades. Las organizaciones también manifestaron acerca de los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia y/o sus familiares encuentran en el acceso a la justicia. Al respecto se hizo hincapié en la ineficiencia de los sistemas de justicia reflejada a través de la fabricación de culpables y la confesión bajo tortura, lo cual evidencia la poca voluntad de los Estados por resolver el problema. El informe presentado señala que la discriminación constituye un obstáculo que afecta el acceso a la justicia y se manifiesta de diversas maneras. Algunas de ellas son “la minimización del problema por parte de las autoridades administrativas y judiciales al no responder con la debida seriedad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables […] y la revictimización responsabilizando a la víctima por su asesinato al mostrando mayor interés en su vida privada que en el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.” Las representantes de las organizaciones locales recordaron también que a pesar de la ratificación por parte de la mayoría de los Estados de los tratados internacionales especializados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como la Convención de Bélem do Pará, pocos de éstos han llevado a cabo acciones para respetar y aplicar los principios enunciados en los mismos. La CIDH se mostró interesada por conocer en mayor detalle cuáles eran los obstáculos para el acceso a la justicia en casos de crímenes contra mujeres. En este período de sesiones la CIDH ha designado al Comisionado Víctor Abramovich Relator para los Derechos de la Mujer. Sin embargo, se informó que, al interior de la CIDH, se está impulsando la creación de una Relatoría independiente para los Derechos de la Mujer a cargo de una persona experta en el tema. También se informó que la CIDH está próxima a publicar un informe sobre la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. Al término de sus exposiciones, las organizaciones solicitaron que la CIDH realice un monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones ya establecidas en los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos y que exija a los Estados la implementación de programas de prevención del femicidio integrando a los programas generales de derechos humanos de los Estados. Participaron de la audiencia representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Kuña Aty (Paraguay), DEMUS (Perú), Católicas por el Derecho a Decidir México, el Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Apaza (Bolivia), la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación, RED ADA (Bolivia), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH - Guatemala), Sisma Mujer (Colombia), la Red de la No violencia contra las Mujeres de Guatemala, Washington Office on Latin America (WOLA) y PATH.