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A punto de concluir los seis años de la actual legislatura, el Senado aprobó a toda prisa 23 dictámenes, entre ellos el marco jurídico para poner en marcha el nuevo sistema de justicia para adolescentes. Se votó en paquete la mayor parte de las reformas, como la que crea el ombudsman fiscal, ordenamiento que superó así el veto del presidente Fox. Así, mientras se aprobaban también las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Orgánica de la Procuraduría General de la República y Federal de Defensoría de Oficio, diversos cabilderos trataban de influir en la votación de varias legislaciones, sobre todo en torno a la Federal de Competencia Económica y el controvertido ordenamiento que obliga al pago electrónico de gasolina como condición para deducir impuestos. En el contexto del sistema de justicia para adolescentes, se resalta el establecimiento de un sistema estructural aplicable a aquellas personas de 12 años cumplidos y hasta 18 no cumplidos, denominados adolescentes, a los que se atribuya o compruebe la realización de una conducta tipificada como delito en las leyes federales. Se precisa que sólo quienes tengan 14 años o más podrán ser privados de su libertad en centros de internamiento especiales, por un lapso no mayor a cinco años; además, se crean agencias del Ministerio Público, juzgados, policías, defensores públicos y centros de internamiento especiales para ese sector de la población. Asimismo, se establece que el juez especializado podrá girar orden de detención en contra de un menor que presuntamente cometió un delito, misma que será ejecutada por la fuerza pública cuando la conducta cometida merezca la medida de internamiento. Se establece que la duración máxima para la más grave de las medidas, es decir, la reclusión, sea de siete años, considerando que de ser impuesta a alguien que esté a punto de cumplir 18 años, pueda cumplirla antes de alcanzar los 25. Al Ministerio Público se le otorgan facultades expresas para que realice la investigación conducente, pero eliminando el valor probatorio de actuaciones que en el modelo de adultos constituyen la averiguación previa. Con ello, se elimina de tajo este procedimiento, así como el recurso a prácticas que, como es el caso de la declaración del imputado ante el Ministerio Público o la policía, violan principios fundamentales del proceso y derechos humanos de las personas bajo investigación. Señala que podrán ser privados de su libertad, por un lapso no mayor de cinco años, quienes hayan cometido los delitos de terrorismo, ataques a las vías generales de comunicación, violación, asalto en carreteras o caminos, lesiones, homicidio, secuestros y robo calificado. Además del internamiento, la nueva legislación incluye sanciones como libertad asistida, prestación de servicios a la comunidad, reparación del daño, limitación de residencia, prohibición de conducir vehículos motorizados y obligarse a tener un trabajo, entre otros. Otra de las reformas relevantes que ayer se aprobaron de prisa en el Senado fue la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, aprobada desde hace tres años en el Senado, pero que hasta ayer pudo salir, ya que el presidente Fox la vetó desde hace cuatro años y el proyecto debió regresar a la Cámara de Diputados, y de nueva cuenta a Xicoténcatl. Marta Tamayo, autora de la iniciativa, comentó que valió la pena esperar, porque esta procuraduría será de gran beneficio para el ciudadano, ya que contará con un organismo que de manera gratuita le permitirá defenderse de algún acto arbitrario o ilegal de las autoridades fiscales federales. El ombudsman fiscal dará asesoría, defensa y representación gratuitas a todos los causantes medianos y pequeños, y en adelante las autoridades hacendarias deberán cuidarse de no emitir acuerdos y resoluciones que no tengan base jurídica, o que, como sucede en las actualidad, sean abusivos. Asimismo, se aprobaron reformas a la ley de aguas nacionales, para derogar lo relativo a la solicitud de manifestación de impacto ambiental, situación que ha generado inquietud entre los solicitantes, así como ajustar los montos de las multas a la baja, reclamo generalizado de usuarios, entre otras. También se aprobaron cambios a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal. De esta forma se busca evitar que funcionarios o autoridades obstaculicen las investigaciones de la CNDH. fuente: La Jornada