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[17 de junio de 2011] - El Consejo de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha aprobado finalmente ayer el nuevo conjunto de principios rectores para los Derechos Humanos y Empresas diseñado para proporcionar por primera vez una norma mundial para la prevención y el tratamiento de los riesgos de los impactos adversos sobre los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial. Ahora cada país deberá adaptar el marco. Los principios promueven vías de acción no vinculantes, condición muy cuestionada por diversas organizaciones de Derechos Humanos. "El apoyo del Consejo establece los principios rectores como punto de referencia de autoridad global para empresas y derechos humanos", expresó dijo John Ruggie, Representante Especial del Secretario General para los Derechos Humanos y las Empresas. "Asimismo, darán a la sociedad civil, inversionistas y otros grupos de interés instrumentos para medir el progreso real en la vida cotidiana de la gente", agregó. Los Principios Rectores son el producto de seis años de investigación dirigido por el profesor Ruggie de la Universidad de Harvard, dentro de un proceso de consultas entre gobiernos, empresas, asociaciones empresariales, la sociedad civil, personas y grupos afectados, inversores y otros, en todo el mundo. Se basan en 47 consultas y visitas de campo en más de 20 países, una consulta en línea que atrajo a miles de visitantes de 120 países, y una voluminosa investigación y presentaciones de expertos de todo el mundo. Las nuevas normas describen cómo los Estados y las empresas deben poner en práctica el principio rector de las Naciones Unidas sintetizado en "Proteger, respetar y remediar" con el fin de mejorar la gestión de negocios y la problemática de los derechos humanos. Bajo el “deber estatal de proteger” los Principios Rectores hacen recomendaciones sobre cómo cada una de los gobiernos deben ofrecer una mayor claridad sobre las expectativas y la consistencia de la norma para las empresas en materia de derechos humanos, adaptadas a la realidad nacional. El principio de "acceso al recurso" se centra en asegurar que cuando las personas son afectadas por las actividades de las empresas, exista una rendición de cuentas adecuada y recursos eficaces tanto judiciales y no judiciales para remediarlo. Desde ONG como el Grupo de Trabajo Transnacionales/Tribunal de la Red Birregional Europa-América Latina y Caribe Enlazando Alternativas manifestaron su rechazo al informe final del Relator Especial y exigieron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que defina e implemente un proceso para la elaboración y adopción de una normativa legal vinculante sobre las operaciones de las empresas transnacionales, en la cual las comunidades afectadas por los abusos de las empresas y organizaciones sociales tengan voz y también participación efectiva. En la visión de Alejandro Teitelbaum, ex Representante Permanente a la Oficina de Ginebra de la ONU, de la Asociación Americana de Juristas “el Informe Final de Ruggie prosigue consistentemente por la misma senda y constituye meramente una tímida orientación, envuelta en ‘Principios Rectores’ que carecen de naturaleza vinculante tanto para los Estados como para las empresas. Es sobre este respecto que hago mi principal observación, conspicuamente señalando la falla central de la premisa laissez faire no vinculante de Ruggie”. Información adicional: