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[8 de mayo de 2006] – “Vamos a tener presencia donde se requiera; tenemos plenamente identificados los lugares y en este momento vamos a llegar a tener casi 11.000 activos conformando grupos de brigadas y seguridad civil”, declaró el presidente de Guatemala, Oscar Berger, a fines de abril, en una reunión de ministros centroamericanos de Defensa y del Interior para definir estrategias antidrogas en la región. En la actualidad, el ejército de Guatemala tiene cerca de 15.500 efectivos y algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos se han opuesto a que participen en actividades de seguridad interior, porque temen que el país se remilitarice. El gobierno argumenta que sólo con la participación de las fuerzas armadas se puede frenar la violencia de las pandillas, que en 2005 dejó más de 5.500 muertos. Entretanto, según la ONG Casa Alianza, Guatemala fue el país más letal en 2005 para niños, niñas y jóvenes en la región. De acuerdo a la organización, 334 menores de edad fueron muertos durante el año de forma violenta. La cifra fue 14% superior cuando comparada a la de 2004. Exigencia popular Pese a las protestas de organizaciones pro derechos humanos, el anuncio del mandatario atiende a un deseo de la población. En Palín, por ejemplo, un tranquilo pueblo ubicado a 35 kilómetros al sur de la capital Ciudad de Guatemala, los habitantes tomaron la ley en sus manos, intentaron quemar vivos a dos pandilleros y exigieron la militarización de la localidad. “Vamos a estar aquí todo el tiempo que sea necesario, trajimos 40 soldados, pero podría incrementarse la cantidad”, dice el capitán del Ejército, Fernando Corona. Los militares llegaron por exigencias de los pobladores que tomaron la carretera que atraviesa la comunidad para quejarse del incremento en los delitos y cuya manifestación se convirtió en violentos disturbios donde intentaron linchar a dos pandilleros y quemaron cinco casas donde éstos se escondían. Corona está al mando de 160 soldados que patrullan el sur del país como parte de la fuerza militar de 2,400 hombres con la que el gobierno apoya a la policía para combatir la delincuencia. “Uno acá después de las seis ya tiene que estar encerrado, los mareros roban celulares, dinero, hasta carros... violan a las patojas (muchachas)”, dice una habitante. Otra de las exigencias de los pobladores fue el cambio de todos los 10 agentes de la estación de policía del lugar. “Hay acusaciones de que recibían dinero de los pandilleros”, añade. Solución paliativa Sin embargo, el alcalde de Palín, José Enrique López, cree que los militares aplacarán el problema pero no son la solución. “Lo que hace falta es empleo, las fábricas de ropa que había en los alrededores cerraron porque dicen que son menos competitivas que en otros países de Centroamérica”, explica. Ya los vecinos creen que la mano dura es lo que mejor funciona. Un muchacho que ayudaba a limpiar los escombros de una de las casas quemadas recordó cómo disminuyó la actividad de las pandillas luego que tres mareros fueron quemados vivos en un barrio de esta localidad. En esa oportunidad 42 pandilleros se acogieron a una iglesia para rehabilitarse y, de paso, huir de la furia de los vecinos. Según un funcionario municipal, de ellos, sólo 10 no lograron rehabilitarse. Cinco de ellos volvieron a las pandillas y otros cinco fueron asesinados por sus ex compañeros de mara.