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El 2 de febrero de 2007, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (más adelante el Comité) emitió sus observaciones finales y recomendaciones tras examinar, el 26 de enero de 2007, el tercer informe periódico de Chile sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (más adelante la Convención). En agosto de 2006, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) sometió al Comité un informe alternativo, en colaboración con la Corporación de Oportunidad y Acción Solidaria OPCION (más adelante OPCION), una organización no-gubernamental chilena. Entre otros, el informe denuncia la incompleta prohibición explícita de la punición o castigo corporal en la legislación y su ocurrencia en la práctica, la ausencia de total conformidad de la reforma de la justicia juvenil con la Convención, y el uso excesivo de la fuerza por parte de oficiales de seguridad pública (en particular durante las manifestaciones de estudiantes, en la primavera de 2006 y contra niños y niñas que pertenecen a comunidades indígenas). El informe está disponible en la página Internet (website) de la OMCT. La OMCT y la Corporación OPCION acogen con agrado la consideración por parte de miembros del Comité de cuestiones claves expuestas en el informe alternativo y presentadas durante la presesión de octubre de 2006 por el representante de OPCION. En efecto, la OMCT y OPCION están satisfechas de que su lobby para la prohibición expresa de la punición o castigo corporal de niños y niñas en cualquier situación haya conducido a una recomendación por parte del Comité, según la cual Chile debe enmendar su legislación a fin de prohibir de manera explícita toda forma de punición corporal en toda situación, inclusive en el hogar, y asegurar la existencia de mecanismos para impedir la práctica de la punición o castigo corporal en escuelas e instituciones. Además, tal como lo denuncian la OMCT y OPCION en su informe, a pesar de una clara mejoría, la reforma no consigue estar en conformidad completa con la Convención. Por ejemplo, existen riesgos para niños y niñas entre 14 y 16 años en conflictos con la ley de ser privados de libertad hasta durante 5 años, y no impide de manera efectiva la posibilidad del uso de celdas incomunicadas como medida disciplinaria en centros de detención. Sin embargo, resulta satisfactorio que el Comité haya tomado en cuenta el aviso y las recomendaciones de las ONG al gobierno chileno y a su parlamento para la enmienda de la nueva legislación sobre la justicia juvenil, antes de su entrada en vigor en junio de 2007. Respecto a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la OMCT y OPCION acogen la discusión sobre la consideración por parte de la Comisión Nacional sobre Encarcelamiento y Tortura Políticos de los niños y niñas víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura, desapariciones y detenciones en régimen de incomunicación (también llamado « Ex menores »), cometidos durante la dictadura de Pinochet. No obstante, la OMCT y OPCION lamentan que el debate haya ocultado el enorme lobby llevado a cabo por los «Ex menores» y otras ONG chilenas para hacer admitir a la mencionada Comisión Nacional la necesidad de considerar los testimonios de los Ex-menores, sus denuncias, el estatuto de víctimas para muchos de ellos y por tanto el derecho a una indemnización. Es también muy interesante subrayar la condena por el Comité al Estado de Chile por su acción en contra de niños y niñas pertenecientes a grupos indígenas, incluidos los Mapuche, utilizando de manera explícita las palabras “brutalidad de la policía”, a pesar del contexto muy sensible de conflicto existente entre el gobierno y las comunidades indígenas y relativo a la propiedad legal de las tierras. Ya no se pueden ignorar las numerosas violaciones de derechos humanos y altercados entre las fuerzas de seguridad y miembros de comunidades indígenas, y durante las cuales niños y niñas son testigos de abusos y malos tratos a sus familias y vecinos, e incluso a veces, son víctimas ellos mismos. Ese conflicto condujo a la muerte de Álex Lemún, un niño Mapuche baleado por un policía en noviembre de 2002, policía que fue declarado inocente por un tribunal militar. Por otra parte, lejos de ser practicada sólo contra comunidades indígenas, la brutalidad policíaca es utilizada de manera frecuente, y la OMCT y OPCION manifiestan en su informe alternativo que el uso excesivo de la fuerza para reprimir los movimientos de alumnos y estudiantes que buscan la reforma del sistema educativo es un ejemplo perfecto de las acciones de que es capaz, y a veces autorizada a realizar, la policía. Por supuesto, era el deber del Comité acoger el reconocimiento oficial del movimiento estudiantil por parte del gobierno, pero es una lástima que el debate sobre la legislación no haya reflejado que pasaron varios meses antes de que el gobierno admitiera la legitimidad del movimiento y tomara medidas efectivas para sancionar a los policías que habían utilizado la fuerza de manera excesiva y arrestado arbitrariamente a numerosos niños y niñas. La OMCT y la Corporación OPCION van a seguir de cerca la implementación de las recomendaciones hechas al Estado Chileno, en particular en el marco de la implementación y la evaluación del Plan de Acción Integrado a favor de la Infancia y la Adolescencia, 2001-2010. Más información