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[TEGUCIGALPA, 20 de abril de 2010] - La representante de América Latina ante el Comité Internacional de Derechos del Niño (CIDN), Susana Villarán de la Puente, en su primer día de visita en el país, aconsejó a las autoridades derogar el artículo 332 del Código Penal, conocido como “Ley anti maras”.
Asimismo, recomendó poner en práctica otras medidas para asegurar los derechos humanos de la niñez y la juventud. Villarán de la Puente manifestó que para el CIDN, la libertad de asociación se está violentando con la aplicación de dicho artículo, por lo que insta al Estado a crear otras opciones para deducir responsabilidades a los menores infractores. Los mecanismos en mención, según la delegada del organismo, deben estar al margen de las penas estipuladas para personas adultas involucradas con el crimen organizado, asociación ilícita y otros ilícitos. “En la parte de la legislación, sí se recomienda que se deroguen todas aquellas normas que no son compatibles con la Convención; la preocupación es que el artículo sea interpretado con demasiada amplitud”. “Dentro del espíritu del texto de la Convención de los Derechos del Niño, se reconoce que cuando comete una infracción es responsable; el CIDN de ninguna manera plantea que no sean responsables, pero el tratamiento del infractor debe ser de acuerdo a los estándares de la Convención”, explicó. El artículo 332 del Código Penal señala textualmente en el primer párrafo que: “se sancionará con tres (3) a seis (6) años de reclusión y multa de cien mil (L. 100,000.00) a doscientos mil lempiras (L. 200,000.00) a los fundadores, cabecillas o conductores de pandillas o grupos ilícitos. A los demás miembros se les sancionará con las mismas penas rebajadas en un tercio”. Por lo anterior, el Comité observa en el tercer informe periódico del Estado que “…debido a una política de represión de las maras, el delito de Asociación Ilícita (artículo 332 del Código Penal) se ha interpretado con demasiada amplitud, lo que en algunos casos puede resultar en la violación del artículo 15 de la Convención, en que se reconoce el Derecho del Niño a la Libertad de Asociación”. El CIDN también invita a que el Estado en parte vele para que no se impongan restricciones al Derecho del Infante a la Libertad de Asociación, que no se ajusten a lo dispuesto en el artículo 15 de la Convención. A su vez, insta a la inmediata prohibición de la tortura, implementación de medidas en contra de tratos crueles, inhumanos o degradantes hacia los chiquillos en cualquier circunstancia, en particular durante o después de ser arrestados por agentes del orden. “Esto quiere decir que se debe poner mucho más acento en la prevención que en lo punitivo, restringir los márgenes de privación de libertad sólo en aquellos casos en donde no es posible aplicar otra medida de carácter socioeducativa”. “Y si existen normas como esta (artículo 332), que reprimen o limitan la libertad de asociación, que se deroguen y se cambien; deben ponerse de acuerdo a los estándares del CIDN”, apuntó. Torturas y muertes Otra de las preocupaciones del Comité es la información que han recibido con respecto a la frecuencia de palizas a menores de 18 años, durante y después del arresto. También poseen datos que indican que, al parecer, se ha torturado a algunos de los pequeños víctimas de matanzas extrajudiciales, antes de darles muerte. “Me preocupa la violencia (en Honduras), las muertes extrajudiciales, la baja de inversión en los presupuestos de la infancia, el debilitamiento de las unidades de investigación, el trabajo infantil, la desnutrición de los niños en las zonas rurales y los que están en situación de calle”, expresó la funcionaria. Villarán de la Puente declaró que “el Comité recomienda que se investiguen todas las alegaciones de maltrato y abuso a manos de agentes del orden y que se enjuicie y sancione a los autores”. “Debemos de poner a los niños y las niñas en el primer lugar de la agenda, pero esto se debe reflejar en la voluntad política de las autoridades, en los presupuestos que se asignan a las políticas de la infancia”. Incriminar la infancia En cuanto a la edad punible, la delegada internacional aclaró que el CIDN exhorta a los Estados a no rebajar la edad de responsabilidad penal, más bien por el contrario, la Convención señala en sus disposiciones aumentarla. “Si la edad de responsabilidad penal está en 16 años, no hay que rebajarla; si está en 18, tampoco, y se dice que es mejor alzar la edad de responsabilidad penal a lo que la Convención señala, si es niño o niña hasta los 18 años. La experiencia internacional demuestra que es en absoluto contraproducente”. Advirtió que en caso que el Estado aplicase esa disposición y las redes del crimen organizado vayan acercándose cada vez más a los niños más pequeños, porque son imputables, lo que se estaría logrando es un efecto contrario a favor de las personas adultas que deben ser responsabilizadas por sus ilícitos al incriminar a la infancia. “No existe en ninguno de los países en donde se ha bajado la responsabilidad penal o se han incrementado las penas, ningún resultado positivo; pero sí existen resultados en la aplicación de las recomendaciones del Comité hacia los Estados, como la implementación de medidas socioeducativas, prevención, justicia restaurativa, revisión de penas, entre otras”, dijo. Rendición de cuentas La destacada profesional aseguró que su visita no tiene ningún motivo de fiscalización o señalamientos que perjudiquen a Honduras a nivel internacional, sino promover el cumplimiento de las recomendaciones del CIDN. “Aquí, nosotros somos cooperadores de las autoridades y de las organizaciones de la sociedad civil, y la visión que recogemos es la visión de lo que escuchamos y transmitiremos al propio Comité que emitirá sus nuevas recomendaciones a Honduras el 2012”. Amplió que llegado el plazo anterior, Honduras será evaluada por el Comité para corroborar si ha cumplido las recomendaciones; además, el país deberá presentar dos informes sobre los protocolos de la Convención en torno a la prostitución, venta y pornografía infantil y el protocolo de niños en conflictos armados. “Cuando un Estado no cumple con las recomendaciones, el Consejo de los Derechos Humanos en Ginebra recoge esas puntualizaciones que hacemos nosotros y las plantea en la Asamblea de los Derechos Humanos”, puntualizó. La representante del CIDN es una de los 18 miembros del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ex miembro de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). En la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue relatora para los Derechos del Niño y para los Derechos de la Mujer en Guatemala, Colombia y Nicaragua. También fungió como ministra de la Mujer y Desarrollo Humano en Perú. La funcionaria de la ONU realizará una agenda de cinco días, que inició desde el lunes 19 y concluirá hasta el 23 de abril, para promover la Convención de los Derechos del Niño y el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por dicho Comité al Estado de Honduras. Información adicional
Association: La Tribuna