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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) mostró su preocupación por el incumplimiento del Estado guatemalteco en relación a la investigación de los delitos de ejecución extrajudicial cometidos en contra de niños de la calle en 1990. De acuerdo con una información de CEJIL, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de cinco jóvenes de la calle, hechos ocurridos en junio de 1990, más el informe presentado ante dicho Tribunal demuestra que no se han realizado nuevas investigaciones al respecto. La Corte ordenó al Estado adoptar una serie de medidas para reparar a las víctimas y sus familiares, y aunque cumplió con algunas de las medidas ordenadas aún sigue pendiente la investigación de los hechos y la sanción de los responsables. El Estado indicó que no existe en la legislación interna guatemalteca ninguna disposición que permita juzgar nuevamente a los involucrados en los hechos, debido a que estos fueron absueltos en el proceso. Sin embargo, CEJIL, representante de las víctimas y familiares en este caso, señaló que el principio legal de no juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho no es aplicable cuando el tribunal correspondiente no actúe de forma independiente e imparcial como ocurrió con este caso. A pesar de que han trascurrido 8 años desde la emisión de la sentencia de reparaciones de la Corte Interamericana y 18 desde que ocurrieron los hechos, Guatemala no realizó investigaciones para determinar la identidad de otros partícipes de los hechos o para procesar a los responsables de los graves actos de tortura que sufrieron las víctimas señaló la organización. Por su parte la Corte Interamericana indicó al Estado que la inexistencia de legislación interna que permita un nuevo proceso para los involucrados en los hechos, no es un impedimento para que cumpla con lo ordenado por el Tribunal Interamericano. CEJIL resaltó que el incumplimiento de Guatemala es un reflejo de un problema endémico de este país: la inoperancia de la justicia, por lo que espera que cumpla con sus obligaciones internacionales, no sólo reactivando la investigación correspondiente sino adoptando medidas para acabar con la impunidad. Los hechos del caso se remontan al 15 de junio de 1990 cuando Henry Geovanni Contreras de 18 años, Federico Clemente Figueroa de 20 años, Julio Roberto Caal Sandoval de 15 años y Jovito Josúe Suárez Cifuentes fueron secuestrados y posteriormente ejecutados por miembros de las fuerzas de seguridad. Sus cuerpos fueron hallados al día siguiente en una zona denominada Bosques de San Nicolás, con múltiples impactos de bala y con evidencias de haber sido torturados; días después el joven Anstraum Villagrán Morales de 17 años de edad, amigo de las víctimas, fue asesinado por tres policías en presencia de varios testigos.