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[8 de julio de 2011] - Cuando un periodista ganador de un Premio Pulitzer reveló recientemente que vivía ilegalmente en Estados Unidos, dos de la personas que tuvieron una influencia importante en su vida y que ayudaron a mantener su secreto resultaron ser educadores. Es una historia que profesores y directores de escuelas en todo el país conocen bien. Con unos 11.000 millones de inmigrantes ilegales en Estados Unidos, los educadores se ven cada vez más en un tortuoso dilema: entre su obligación de educar y las directrices contradictorias — o a veces inexistentes — sobre si deben ayudar a esos estudiantes fuera del salón. Policías y legisladores en algunos estados quieren que las escuelas ayuden a identificar a inmigrantes ilegales. Las autoridades federales, en cambio, insisten que cada niño tiene derecho de recibir una educación. Grupos de educación nacionales coinciden con las autoridades federales, pero recomiendan que las escuelas no se involucren con los asuntos de ciudadanía de los estudiantes. A la larga, los adultos en cada salón tienen que decidir por sí mismos. Rich Fischer y Pat Hyland eran administradores escolares en la ciudad de Mountain View en California, sede de Google y otras compañías de tecnología, en 2000 cuando un estudiante filipino, José Antonio Vargas, estaba por graduarse. Vargas se destacó en el bachillerato pero no podía ir la universidad por su condición de indocumentado y por el alto costo. "Somos educadores. No trabajamos para las autoridades de inmigración", el ahora retirado Fischer dijo a The Associated Press. Agregó que maestros en todo el país enfrentan los mismos retos y más. "Creo que de ponerle un número al problema, se revelaría una epidemia trágica", aseguró. Fischer y Hyland contemplaron adoptar a Vargas y finalmente le encontraron una beca para la Universidad de Estado de San Francisco. Vargas tuvo éxito en la universidad y consiguió una pasantía y luego un trabajo permanente en el periódico The Washington Post. Consiguió la pasantía después que Hyland y otros lo ayudaron a obtener una licencia de conducir. "No estoy seguro que lo hubiera logrado sin ellos", dijo Vargas, quien formó parte de un equipo de periodistas de The Washington Post que ganó un Premio Pulitzer por su cobertura de la masacre en la universidad Virginia Tech en 2007. Hyland, quien era la directora del bachillerato Mountain View cuando Vargas era alumno, dijo que la ayuda que ella le dio fue "humanitaria, en mi opinión". Dijo que ha ayudado a otros inmigrantes indocumentados encontrar un camino a la universidad, pero muchos no van por miedo. "Es un dilema ... ¿Qué estamos haciendo para ayudar a este joven a sobrevivir y realizar su potencial?" dijo Hyland. "Los educadores estamos atrapados en esa situación. Somos una especie de red de apoyo clandestino para muchos de los niños que se nos acercan". Hyland y Fischer dijeron que no están demasiado preocupados por las consecuencias legales de haber ayudado a Vargas. "Se siente diferente cuando tomas en cuenta el factor humano y dices, 'Dios mío, no estoy ayudando a robar un banco. Estoy ayudando a alguien convertirse en un ciudadano productivo''', dijo Fischer. Los maestros en Georgia, donde una nueva ley contra la inmigración ilegal enfrenta demandas jurídicas, han estado apoyando a estudiantes por años de manera similar. Sean McKenzie, un profesor de secundaria en Calhoun en Georgia, dijo que se enteró de que un ex alumno llegó a Estados Unidos cuando tenía 14 años. El joven, quien McKenzie se abstuvo a identificar porque podría llamar la atención de las autoridades estatales, trabajó duro para aprobar el examen de graduación del estado. Otro profesor trató de adoptar al adolescente y le brindó un hogar por al menos cinco años. Pero eso no abrió ningún camino a la ciudadanía. El estudiante ha obtenido una licenciatura en enfermería pero no puede conseguir trabajo. Está contemplando irse de Georgia y buscar un trabajo lavando platos o cualquier cosa que pueda encontrar. "Simplemente quiero una vida", el estudiante le comentó recientemente a McKenzie. Michael Simpson, un abogado de la Asociación Nacional de Educación, dijo que el sindicato no considera que es necesario educar a los maestros sobre el problema. El grupo emitió una directriz legal en 2009, junto con la Asociación Nacional de Juntas de Escuelas, relacionado a la educación de "niños indocumentados" después que abogados de escuelas pidieron información sobre el tema. La directriz se limita a explicar que un fallo de la Corte Suprema afirma que esos estudiantes tienen el derecho a una educación gratis. Aconsejó a las escuelas no preguntar sobre la condición inmigratoria de los estudiantes porque podría afectar la matrícula escolar. "Todos hacemos nuestras propias interpretaciones de qué es lo correcto para nosotros y para nuestros alumnos", dijo Hyland. "Yo preferiría mucho más que se reparara el sistema para que no estuviéramos en esta situación y los jóvenes como José tengan más opciones legales". Los maestros de primaria y secundaria muchas veces nunca se enteran de la condición inmigratoria de sus alumnos porque los alumnos mismos no lo saben. Pero algunos estudiantes revelan detalles personales. El año pasado, en el Condado de Montgomery en Maryland, una estudiante de segundo grado se paró durante una conversación sobre inmigración y dijo a la primera dama Michelle Obama que "mi mamá no tiene papeles". La autoridades escolares en el suburbio de Washington trabajaron para proteger la identidad de la niña. La directora de la escuela dijo que no hacen preguntas sobre la situación inmigratoria de los estudiantes pero si sus familias lo quieren revelar, no hay problema. El congreso de Alabama recientemente aprobó una ley que requiere que las escuelas reporten la condición inmigratoria de los estudiantes. Anticipando esas políticas, el Departamento de Educación y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron una carta conjunta en mayo recordando a los distritos escolares que están obligados a darle a todos los niños acceso a la educación. El secretario de educación Arne Duncan dijo recientemente que el departamento está vigilando de cerca las políticas de Alabama y otros estados. "Lo que no queremos es que tenga un efecto escalofriante ... no sería bueno para los niños, las comunidades o el país ... que más alumnos abandonen sus estudios", dijo. Para McKenzie, el profesor en Georgia, "Es algo obvió: tienes enfrente un estudiante y lo tienes que ayudar". Información adicional:
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