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[24 de febrero de 2010] - El Presidente de la República Mauricio Funes devolvió vetado, a la Asamblea Legislativa, el decreto que ampliaba las penas máximas para los menores infractores hasta por 15 años. Los diputados aprobaron el 11 de febrero una modificación al artículo 15 de la Ley Penal Juvenil, estableciendo que los menores cumplirán la mitad de las penas previstas para los adultos hasta el nuevo máximo de 15 años, cuando antes de la modificación el tope quedaba en siete años. Funes decidió rechazarlo "'por considerarlo inconstitucional' y porque viola la Convención sobre los Derechos del Niño, así como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia a Menores y las Reglas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, suscritos por El Salvador", de acuerdo a un comunicado oficial. La Casa Presidencial asegura que el mandatario tomó la decisión basado "en recomendaciones de jueces y magistrados de menores y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos". Los argumentos fueron presentados en un informe de la Comisión Gubernamental integrada al efecto por el viceministro de Seguridad y Justicia, Henry Campos; la presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Aída Santos y el director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), Jaime Martínez. En su fundamentación, Funes considera que los diputados violaron la Carta Magna porque en el artículo 35 se establece que las penas a los menores deben tener un régimen especial. Además, según el comunicado, " la disposición va en contra de lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece como obligación del Estado el tratamiento a los menores de forma apropiada a su edad, así como la utilización del encarcelamiento o prisión "como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda" (Art. 37.b). Información adicional