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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó de "importante" el veto del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, a un decreto legislativo que busca subir de siete a quince años la pena máxima de cárcel a los menores de edad que hayan participado en delitos graves. "El veto indicado refleja la importancia del deber de protección especial de los niños y niñas que tienen los Estados", señaló la CIDH, con sede en Washington, en una carta dirigida a Funes y que hoy publica la prensa local. La Comisión señala que es "importante que se tomen medidas para cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos" y ofreció el apoyo técnico que el Gobierno estime pertinente de parte de la Relatoría sobre Derechos de la Niñez de ese organismo. La misiva, con fecha de 4 de marzo, fue publicada en la misma jornada en que los diputados tienen previsto votar de nuevo para saltar el veto dictado por Funes por "inconstitucional" al decreto legislativo que busca aumentar la pena para los menores de edad. El decreto fue aprobado de forma unánime el pasado 11 de febrero por considerar que en muchos crímenes las pandillas usan a menores de edad aprovechando que las leyes son menos duras para ellos. Funes informó del veto el pasado 25 de febrero, al argumentar que el decreto legislativo viola la Convención sobre los Derechos del Niño, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia a menores y otros convenios para la protección de los menores privados de libertad suscritos por El Salvador. Según el gobernante, su decisión se fundamentó en "recomendaciones de jueces y magistrados de menores y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos". Los diputados, incluidos el gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) han manifestado su intención de ratificar la norma y superar el veto presidencial, para lo que deben alcanza una mayoría calificada de 56 votos. En ese caso, será la Corte Suprema de Justicia la que establezca la constitucionalidad o no de la disposición. Información adicional