COLOMBIA: Graves violaciones de derechos humanos, particularmente del derecho a la vida, perpetradas

[GINEBRA, 8 de junio de 2007] - El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) manifiesta su seria preocupación por las graves y repetidas violaciones de derechos humanos ocurridas en el Departamento de Arauca, en particular por la ocurrencia de asesinatos y/o ejecuciones extrajudiciales, casi cotidianos, de miembros de la población civil, inclusive de niños, y recuerda a las autoridades Colombianas su deber de proteger a la población civil, sobre todo en periodo de conflicto armado.

 

En efecto, la OMCT, en sus diferentes Comunicaciones Urgentes, particularmente Llamados y/o Comunicados de Prensa, ha denunciado en varias ocasiones la falta de protección de parte de las autoridades nacionales, departamentales y municipales para las personas en situación de riesgo, es decir aquellas que ya han sido amenazadas y/u hostigadas, así como para el resto de la población civil tanto de las zonas rurales como urbanas de todo el Departamento, particularmente de Saravena, Arauquita, Arauca, Fortúl y Tame.

 

La OMCT vuelve a manifestar que es necesario tener en cuenta que la situación de los derechos humanos y del derecho humanitario en Colombia es muy grave, y que las violaciones de estos derechos en su gran mayoría permanecen en la impunidad, por lo que comparte la apreciación de que Colombia necesita una justicia soberana, independiente, fuerte, y fundada en la dignidad y el respeto de los derechos humanos y, además, que se hace urgente el que se de un inmediato cumplimiento a las recomendaciones dadas por los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

Por último, la OMCT recuerda también a los miembros de los grupos armados al margen de la ley, tanto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como del Ejército de Liberación Nacional (ELN), su obligación de respetar el Principio de Distinción manifiesto en el Derecho Internacional, en particular en el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, poner fin a todo acto de violencia u hostigamiento contra la población civil o contra sus legítimos representantes.

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